Los ministros de Unidas Podemos aseguran que el Gobierno “nunca” antes había examinado sus móviles

El Centro Criptológico Nacional, un organismo integrado dentro del CNI, está siendo el encargado de revisar los terminales móviles de los miembros del Ejecutivo de coalición. Se trata de una investigación que nace después de que el citado organismo descubriera el hackeo mediante el software Pegasus de los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. Sin embargo, tal y como admiten varios ministros de Unidas Podemos a infoLibre, es la primera vez que los servicios de inteligencia realizan un análisis de sus terminales desde el inicio de la legislatura. "Nunca se nos había solicitado", explican.

La vicepresidenta Yolanda Díaz ya ha entregado su teléfono, aunque fuentes de su entorno evitan dar más detalles por el momento. El Gobierno ha prometido investigar los móviles de todos los miembros del Ejecutivo y este requerimiento ha llegado ya a otras ministras del ala morada del Ejecutivo, como la titular de la cartera de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.

Las citadas fuentes trasladan que las revisiones que se habían realizado hasta la fecha llegaron llegado por iniciativa de las formaciones políticas o el propio equipo de los ministros, pero sin que eso pueda garantizar completamente la seguridad de los terminales, que les fueron entregados a su llegada al Ejecutivo. También explican que hay varios ministros que han cambiado sus teléfonos (por averías o rupturas) y su actual equipo no es el mismo que el del año pasado.

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha trasladado este martes que no está previsto que el Centro Criptológico Nacional investigue los dispositivos de exmiembros del Gobierno. Según ha podido saber este periódico, el exvicepresidente Pablo Iglesias tampoco entregó su terminal móvil para ser analizado en el año y medio en el que ocupó el cargo de número tres del Ejecutivo.

Esto contrasta con las palabras del ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños. En una entrevista en la Cadena Ser afirmó este martes que en los últimos meses habido "controles, revisiones y actualización de los procedimientos de seguridad" que, aparentemente, han funcionado, si bien es cierto que lo ha circunscrito a los casos de Sánchez y Robles. Sin embargo, ha reconocido que "claramente hay que reforzar los protocolos" para que este espionaje no se repita.

Bolaños ha remarcado el hecho “fehaciente” de que los móviles del presidente y de Robles “fueron intervenidos en un momento concreto de 2021”: "El resto de informaciones no nos consta”, ha valorado, en referencia al presunto ataque al móvil de la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, tras indicar que tampoco ha leído ningún informe de inteligencia al respecto. Aun así, el ministro de la Presidencia ha insistido en que el Gobierno investigará hasta el final: "Vamos a tener la información completa y esa será la base de cualquier decisión que podamos adoptar en el futuro".

La directora del CNI, en la cuerda floja

La semana pasada el Gobierno descartaba cualquier dimisión por el presunto espionaje a más de 60 dirigentes y líderes independentistas, pero este martes tanto Bolaños como Rodríguez han dejado en el aire la continuidad de Paz Esteban al frente del CNI. "No podemos actuar ni hablar de futuribles. En cada momento y atendiendo a cada información, iremos adoptando y compartiendo las informaciones y decisiones al respecto", ha indicado la portavoz del Gobierno.

Si bien Rodríguez ha asegurado que tanto Esteban como Robles cuentan "en estos momentos" con el "total apoyo" del presidente del Gobierno, a medida que avanzaba la comparecencia el sostén a la directora del CNI se difuminaba. "Cada momento tiene su afán. Estamos en la fase de aclarar qué es lo que ha sucedido y a quién le ha sucedido", ha indicado. Por su parte, Bolaños se ha limitado a decir que Esteban "sigue en el cargo" y está trabajando para esclarecer los hechos.

La máxima dirigente del Centro Nacional de Inteligencia comparecerá el próximo jueves ante el Congreso en la Comisión de Control de los créditos destinados a gastos reservados, más conocida como Comisión de Secretos Oficiales. Se trata de una comisión a puerta cerrada a la que únicamente acuden los portavoces de los grupos con representación en el Congreso. El Gobierno decidirá si la cesa tras esta comparecencia.

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Todos los socios parlamentarios del Gobierno, acompañados de la formación minoritaria del Ejecutivo, han reclamado desde el Congreso que se "depuren responsabilidades" por el espionaje, aunque tan solo el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, se ha atrevido a poner nombre a esas dimisiones: la propia Paz Esteban y la ministra Margarita Robles. "Creo que en cualquier país democrático, si a la máxima responsable de los servicios de inteligencia (Robles) y a la directora de esos servicios de inteligencia (Esteban)se le pasa que se espía de forma ilegal el teléfono del presidente del Gobierno y seguramente de gran parte del Consejo de Ministros su posición sería insostenible", ha censurado el catalán.

Menos claro ha sido el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, que ha evitado hasta en dos ocasiones nombrar a las personas que, a su juicio, deberían dimitir. "Si se toman acciones, se esclarecen los hechos, se depuran responsabilidades nuestra democracia saldría fortalecida. Saldría debilitada si esto no lleva a nada", ha razonado. Echenique también ha cuestionado que la investigación interna anunciada por el Gobierno vaya a ofrecer "confianza" a la ciudadanía si es "liderada por los responsables políticos que han estado al mando cuando este escándalo ocurrió".

Tampoco se han querido mojar Aitor Esteban (PNV) y Mertxe Aizpurua (EH Bildu), que han solicitado esclarecer los hechos antes de señalar a quién debe dimitir. "Creemos que antes de exigir responsabilidades tenemos que intentar aclarar qué es lo que ha sucedido", ha señalado Esteban. "No hay información suficiente", ha valorado Aizpurua. Lo que sí han solicitado ambos es una comisión de investigación que no ha salido adelante por el bloqueo de PSOE, PP y Vox. Los socios parlamentarios del Ejecutivo sí han logrado en cambio es la comparecencia de Sánchez en el Pleno para dar cuenta del espionaje, aunque no se ha concretado fecha.