Reynders ve “compromiso” para reformar la elección de jueces pero vuelve a Bruselas sin el desbloqueo del CGPJ

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, arrancó su segunda jornada del viaje oficial a España con un desayuno informativo en el centro de la capital. Durante el encuentro, el miembro del Ejecutivo comunitario ha resaltado su satisfacción con las reuniones mantenidas hasta el momento con políticos o ministros. No obstante, ha querido dejar claro de nuevo que no ha venido para “negociar nada”, ha rechazado equiparar a España con otros Estados como Hungría y Polonia y ha insistido en que la prioridad ahora mismo es renovar un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ya lleva casi cuatro años caducados. Será entonces, y no antes, cuando se deba abordar una posible reforma del sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces. En este sentido, asegura que ha visto compromiso. Pero desde el Gobierno insisten: “El único compromiso que hay es el de renovar el Poder Judicial”.

La visita de Reynders ha estado profundamente marcada por el bloqueo en la renovación del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, que lleva ya tres meses con cuatro magistrados con el mandato caducado –dos de ellos los que corresponde designar al CGPJ–. Las expectativas eran altas. De hecho, fue él mismo quien deslizó hace unos días la posibilidad de que el encuentro sirviera para desbloquear la situación. Desde entonces, se le tildó como una suerte de mediador entre el Gobierno y el PP. De hecho, los conservadores plantearon la posibilidad de una reunión a tres para desatascar el asunto. Una propuesta que se encargó de rechazar el propio comisario. “Yo no estoy aquí para negociar nada”, ha insistido Reynders durante el desayuno informativo.

El titular de Justicia de la Comisión Europea ha mostrado su “preocupación” por el bloqueo en la renovación del órgano de gobierno de los jueces. “El bloqueo tiene consecuencias. En el Supremo hay cada vez más vacantes ante la imposibilidad de designar a miembros, lo que significa que puede dictar menos sentencias”, ha sostenido. Esa es, y lo ha dejado claro, la prioridad. Será “inmediatamente después” cuando tendría que abordarse una reforma del sistema de elección del Poder Judicial. “Tiene que haber una mayor participación de los jueces en la elección”, ha apuntado.

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En este sentido, ha dicho que ha visto un “compromiso genuino” de las partes implicadas para hacerlo. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Justicia han querido resaltar tras el desayuno informativo que el “único compromiso que hay” ahora mismo es el de renovar el Consejo General del Poder Judicial. “No se puede dar un paso sin haber dado antes el primero”, han completado, al tiempo que han querido hacer especial hincapié en la valoración positiva que ha hecho el comisario de Justicia sobre el sistema español.

Porque Reynders, durante su intervención, ha querido “marcar una gran diferencia” entre lo que sucede en España en relación a la independencia judicial y lo que ocurre en otros países. En este sentido, sobre la mesa estaban las palabras del vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, de que se termine equiparando el Estado de Derecho español con el húngaro o el polaco. “En Madrid lo que estoy haciendo es hablar con todos los actores implicados para mejorar una situación que ya es buena. En otros, lo que hacemos es luchar contra una degradación de la justicia”, ha resaltado.

El comisario también ha descartado que el bloqueo pueda terminar poniendo en riesgo la presidencia española del Consejo Europeo. Ha recordado que el siguiente informe que tienen que elaborar sobre los Estados miembro será al comienzo de la presidencia española. Y ha dicho que estaría “muy bien” que al inicio de la misma se hubiesen podido aplicar las recomendaciones que sobre justicia han llegado de Bruselas. “Es un efecto reputacional, nada más que eso”, ha sentenciado. Recomendaciones que no solo afectan a la renovación del Poder Judicial o al sistema de elección, sino también a la Fiscalía General del Estado: “Vemos que el mandato del fiscal general del Estado y del Gobierno es el mismo, y esto no es bueno”.