PSOE y PP pactan que los jueces que entren en política no puedan volver a la Justicia en dos años

El PSOE y el PP avanzan en su negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial tras cuatro años de bloqueo. Entre las medidas que ya han acordado está el acuerdo de que los jueces que entren en política no puedan regresar a la carrera judicial al menos hasta que pasen dos años de su cese, según publica este miércoles eldiario.es.

Esta medida se plasmará en una iniciativa legislativa suscrita por los socialistas y los conservadores. El acuerdo es que no tenga carácter retroactivo por lo que no afectaría a los tres ministros del Gobierno actual que son jueces: Margarita Robles (Defensa) y Fernando Grande-Marlaska (Interior), que tienen su destino en la Audiencia Nacional, y Pilar Llop (Justicia), que tiene plaza en un juzgado de Violencia sobre la Mujer de Madrid.

Según adelanta eldiario.es, se habría acordado que aquellos jueces y magistrados que sean nombrados para cargos de elección política o de gobierno no puedan dictar sentencias durante estos dos años posteriores. No obstante, sí que cobrarían sus salarios y desempeñarían funciones jurídicas en instituciones del Estado con categoría de magistrados del Tribunal Supremo, los que hayan desempeñado tareas en la Administración General del Estado, o de los Tribunales Superiores de Justicia, los que lo hayan hecho en administraciones autonómicas o locales.

Fuentes de la cúpula del PP han precisado a Europa Press que ese enfoque es "coincidente de forma parcial" con la propuesta que Alberto Núñez Feijóo envió a Moncloa el pasado mes de julio, que es su "marco de negociación" con el Gobierno. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, están pilotando esas negociaciones. En el documento que los conservadores enviaron al Ejecutivo se recoge expresamente una regulación de las llamadas "puertas giratorias": "Los jueces y magistrados que sean nombrados para cargos de elección política o de gobierno, con rango superior al de director general, no podrán reingresar al servicio activo hasta transcurridos dos años a partir del cese en los referidos cargos".

Esta propuesta del PP que ha acordado con el PSOE no es nueva. En 1997, durante la primera legislatura del Gobierno de José María Aznar, los conservadores endurecieron las condiciones de regreso a la carrera judicial e incluso de los que se hubieran limitado a presentarse en una lista electoral. 

No sería lo único que la negociación tendría ya cerrado. Según eldiario.es, el acuerdo para renovar el CGPJ prevé exigir una antigüedad de 20 años de "servicio activo en la carrera judicial" para ser nombrado magistrado del Supremo. Hasta ahora, se exigen 15 años de ejercicio en la carrera judicial y en ese periodo también cuentan los años en política. 

También se incluiría en el acuerdo que los nombramientos de los presidentes de las audiencias provinciales se hagan por una mayoría de tres quintos (13 de los 21 vocales).

Sánchez: "Nunca hemos estado tan cerca del acuerdo"

Con estos acuerdos entre ambas formaciones, se da un paso más para lograr la renovación del CGPJ. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este miércoles en una conversación informal con periodistas durante su gira africana que el pacto "nunca" ha estado "tan cerca" como "en este momento". La intención, según ha trasladado el líder del Ejecutivo, es cerrarlo próximamente en una reunión con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En una línea similar insistió el martes la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro, la también portavoz del Gobierno afirmó que el Ejecutivo y el PP están en la "recta final" de las negociaciones "no sin dificultades" pero avanzando.

El PP también admite que las negociaciones "avanzan"

Desde el PP, fuentes conservadoras consultadas por Europa Press, admiten que las negociaciones "avanzan" teniendo como marco la oferta de pacto judicial que el PP envió al Gobierno el pasado mes de julio. Por lo pronto, el asunto relativo a los requisitos que deben cumplir los candidatos ya estaría superado, un punto que dejaría fuera a perfiles como el de la juez Victoria Rosell.

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Uno de los principales escollos de la negociación estaría en el punto relativo a nuevo sistema de elección, han señalado las mismas fuentes. El partido de Feijóo plantea que el nuevo CGPJ recién nombrado, presente en un plazo de seis meses desde su toma de posesión, una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales del turno judicial.

En las filas del PP destacan además que al final se está negociando conjuntamente el CGPJ y el Tribunal Constitucional, en línea con la demanda de los conservaodores.

Sobre la posibilidad de que el exfiscal general del Estado Cándido Conde Pumpido pueda ser el candidato del PP para presidir el Constitucional -donde es magistrado desde 2017-, las fuentes consultadas ni descartan ni confirman, si bien precisan que no es cierto que el PP haya levantado el veto a Pumpido, dado que "nunca hubo veto".