Habla el abogado en guerra contra El Algarrobico: "Que el hotel siga en pie es una tomadura de pelo"

En 2003, hace ya casi veinte años, empezaron las obras del hotel El Algarrobico a unos 50 metros del mar en Carboneras (Almería), en pleno parque Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. No tardó en sonar el teléfono de José Ignacio Domínguez, un militar y abogado madrileño, de biografía sorprendente y fuerte vínculo con Almería, al que avisaron de la aberración que se fraguaba en una zona de alto valor paisajístico. Desde entonces está empeñado en el derribo de un mamotreto varado como un gigantesco cetáceo blanco en la playa, un símbolo de la brutalidad urbanística en la costa española.

¿Lo conseguirá? Aunque la ilegalidad del hotel, de 411 habitaciones y veinte plantas, está acreditada por decenas de resoluciones judiciales, no está resultando fácil hincarle la piqueta. Esta semana Domínguez, de 77 años, ha recibido una mala noticia al conocerse la decisión del Tribunal Supremo de no ordenar –como había solicitado Greenpeace, representada por el propio Domínguez– el derribo del hotel, ya que no está anulada la licencia urbanística del Ayuntamiento de Carboneras, concedida en 2003.

Portavoz en el exilio de la Unión Militar Democrática (UMD) durante la recta final de la dictadura, Domínguez fue uno de aquellos –escasos– uniformados que se jugaron la libertad cuando el Ejército español aún era uno de los más inexpugnables bastiones del franquismo. Tras salir de las Fuerzas Armadas, donde alcanzó el grado de teniente coronel del Ejército del Aire, fue piloto de Iberia y se estableció como abogado. Hoy, además de ejercer la vicepresidencia del Foro Milicia y Democracia, defiende causas como el derribo de El Algarrobico y la retirada del plutonio vertido en 1966 en Palomares, también en Almería. En ese tema, a finales de noviembre, el Supremo rechazó la petición de Domínguez de dejar la limpieza en manos del Consejo de Seguridad Nuclear. "¡Llevo un mes fatal en los dos casos!", dice Domínguez con buen humor, sin asomo de desánimo. Lleva ambos asuntos sin cobrar un duro.

¿Cómo queda la situación de El Algarrobico tras la decisión del Supremo?

El Supremo no ha ordenado la demolición del hotel al estar en vigor la licencia. El quid está en que hay una sentencia del TSJA [Tribunal Superior de Justicia de Andalucía] de julio de 2021, firme desde abril de 2022, que obliga a revisar la licencia. Pero ni el Ayuntamiento lo hace ni el TSJA lo obliga hacerlo. El caso es un desprestigio total para la justicia y el Estado de derecho. Es un caso de indefensión palmaria.

Usted entiende que la obligación de revisar la licencia implica su anulación.

Claro. Como no cometan [en el Ayuntamiento] prevaricación, tienen que anularla, porque el hotel es ilegal, lo dice la justicia. Ya saben a lo que se arriesgan. No tienen más remedio.

Pero la revisión no llega. ¿Qué gana el Ayuntamiento con ello?

Tiene dos razones. En primer lugar, quieren legalizar el hotel. No se han resignado. En segundo lugar, si anulan la licencia tienen que indemnizar a Azata. No quieren llegar a eso.

Como no cometan en el Ayuntamiento prevaricación, tienen que anular la licencia, porque el hotel es ilegal, lo dice la justicia. Ya saben a lo que se arriesgan. No tienen más remedio

¿Usted cree que el Ayuntamiento aún aspira a abrir el hotel?

Sí, no se han rendido. Y tampoco Azata, que mantiene tres de sus cuatro grúas, esperando a retomar la obra. Sólo ha retirado una carcomida, que podía caerse.

¿Pero usted ve posible que se reinicie la obra y se abra el hotel?

Legalmente es imposible. Hay 13 sentencias del Supremo y un montón del TSJA y de otros juzgados diciendo que el hotel es ilegal. Pero como en este país la legalidad es una cosa y la realidad otra... Puede pasar de todo. Hay intereses a favor del hotel y tienen el apoyo del PSOE de Carboneras para no derribarlo [el actual alcalde de Carboneras es José Luis Amérigo, del PSOE]. Y digo el PSOE porque está en el Gobierno, pero cuando estaba el PP, también apoyaba el hotel; cuando hubo un independiente, también. El Ayuntamiento de Carboneras no quiere derribar el hotel. Quiere abrirlo.

Hay 13 sentencias del Supremo y un montón del TSJA y de otros juzgados diciendo que el hotel es ilegal. Pero como en este país la legalidad es una cosa y la realidad otra... Puede pasar de todo

Pero no puede, es ilegal.

Por eso hablo del total desprestigio de la administración de justicia y del Estado de derecho. Por un lado está el poder judicial y por otro un ayuntamiento que tiene capacidad para enmendar la plana al Supremo y al TSJA. Todas las sentencias dictadas no sirven de nada. La única resolución con efecto es de febrero de 2006, del juez [Jesús] Rivera [del juzgado contencioso-administrativo 2 de Almería], que paralizó las obras. Es la única que ha tenido efecto. Las demás son papel mojado, sean del Supremo, el TSJA o la Audiencia Nacional. La servidumbre de protección, donde no se puede construir, es de cien metros. Y ahí sigue el hotel, en pie. Es una tomadura de pelo, un escándalo.

¿Veremos caer el Algarrobico?

Pues si con esta dejación no se encarga la justicia, se encargará el salitre, pero tardará por lo menos cien años... Alguien tendrá que derribarlo, porque es imposible legalizarlo, salvo una modificación legal para la que se tendría que cometer un delito.

Usted es muy crítico con el papel de la Junta de Andalucía a lo largo del proceso.

Ha jugado sucio. Fuensanta Coves, entonces consejera de Medio Ambiente [del PSOE] y más tarde presidenta del Parlamento, dijo en 2005 que el hotel podía ser feo, pero era legal. ¿Qué pasó? Que en 2006 el juez Rivera paralizó las obras. La gente lo vio. No es que el hotel fuera feo, que lo es, es que es ilegal. Ahí cambió la política de la Junta, que pasó de apoyo incondicional –a nivel público y jurídico– a decir públicamente, ¡sólo públicamente!, que había que derribarlo.

Si con esta dejación no se encarga la justicia, se encargará el salitre, pero tardará por lo menos cien años... Alguien tendrá que derribarlo, porque es imposible legalizarlo

¿Sólo públicamente?

En los juzgados hacía lo contrario. Nos hacía labor de zapa. Iban de nuestro lado como demandantes para el derribo y la nulidad de la licencia, pero defendían lo contrario.

¿Qué defendía la Junta?

Que los terrenos eran urbanizables y que la servidumbre de protección no era de cien metros, sino de cincuenta, con lo cual se sacrificaban construcciones anejas, pero no las estructuras. Es lo que han defendido en los juzgados con un cinismo impresionante. En público querían derribar, en los juzgados lo complicaban todo. Además, la Junta podría derribar el hotel, pero no lo hace porque no ejerce el derecho de retracto que tiene reconocido para comprar todos los terrenos que se venden dentro del terreno natural.

La Junta ha jugado sucio. Iban de nuestro lado como demandantes para el derribo y la nulidad de la licencia, pero defendían lo contrario

¿La actitud de la Junta ha cambiado con el PP?

Nada, sigue igual, con más demagogia aún. Para lavarse la cara por la Lista [la nueva ley urbanística que la relaja los requisitos para la construcción en suelo rústico], Juanma Moreno anunció en noviembre de 2020 que destinaba una partida [de 1,1 millones] en los presupuestos de 2021 para derribar el hotel. Era pura demagogia para hacerse el ecologista. La Junta sigue con el mismo paripé, diciendo que hay que derribar pero sin hacer nada a nivel jurídico. Ahora ya no hace labor de zapa porque no quedan pleitos donde esté implicada. Lo que podrían hacer, ejercer el derecho de tanteo y retracto para derribar el hotel, no lo hacen.

¿Pero la Junta podría derribar le hotel?

Así por las bravas no. Tendría que ir al juzgado a pedir que Azata [la promotora] le entregue los terrenos. Es un pleito muy sencillito. Si la Junta quiere, se lo llevo gratis. En 2023 habría sentencia firme. Le ponen un vallita y luego negocian con Azata una posible indemnización. Es perfectamente posible derribarlo. También hay un protocolo entre el Gobierno y la Junta, por el que uno derriba y la otra restaura los terrenos. Pero bueno, ese protocolo mientras no haya sentencia no se puede cumplir.

Es difícil no llegar a la conclusión de que la actitud de las administraciones está condicionada por el temor al pago de indemnizaciones.

Azata les ha reclamado tanto a la Junta como al Ayuntamiento y el ministerio 70 millones por responsabilidad patrimonial, pero la Audiencia Nacional ha dicho que no, porque [la promotora] tenía medios para para saber que la servidumbre de protección era de cien metros, que los terrenos estaban protegidos... Si construyó así sabía que se arriesgaba a que le pararan la obra. Eso sí, Azata no se ha rendido y ha vuelto a presentar dos demandas en el TSJA. Siempre va por duplicado... Presenta como Azata del Sol, Azata Sociedad Anónima y a veces como Azata Patrimonio. Y el Ayuntamiento también se ha sumado en ocasiones, en defensa de los mismos intereses. Por eso hay tantas sentencias, porque hay pleitos por duplicado y triplicado.

Juanma Moreno anunció en noviembre de 2020 que destinaba una partida en los presupuestos de 2021 para derribar el hotel. Era pura demagogia para hacerse el ecologista

Es una auténtica maraña judicial. ¿Cómo empieza todo? ¿Cuándo tiene usted conocimiento del hotel El Algarrobico?

En 2003. Me avisaron: "Están haciendo algo en el parque". Miré los planos y comprobé que el sector de El Algarrobico aparecía como protegido. Yo había sido presidente de la Asociación de Amigos del Parque [del Cabo de Gata-Níjar], así que tenía relación con la junta del parque. Llamé al director para decirle que el hotel estaba en zona C1.

¿Qué implica la zona C1?

El parque está dividido en muchas zonas. La zona A es máxima protección. Luego están B, C y D, que es urbanizable, porque dentro del parque hay zonas donde se puede construir: Las Negras, San José.... En la C1, áreas naturales de interés general, sólo se pueden hacer cultivos tradicionales, ni siquiera de regadío. Está prohibido construir nada. Se lo dije al director y me dijo: "Ya no es C1, es D2 urbanizable. Lo han cambiado". Así que me quedé parado. Pero claro, me seguían avisando: "¡Que esto no es D2, que es C1!". Seguimos preguntando cuándo se había hecho la modificación, con qué trámite y exposición pública. Pero no había salido en ningún boletín. La Junta había cambiado la C1 por la D2 sin expediente y le había pasado el plano al Ayuntamiento de Carboneras, que quedó encantado. Ya se podía construir El Algarrobico.

En 2003 me avisaron: 'Están haciendo algo en el parque'. Miré los planos y comprobé que el sector de El Algarrobico aparecía como protegido

¿Entonces?

Jaime del Val, de Salvemos Mojácar, se plantó en mi despacho y me dijo: "Vamos a un contencioso". Yo vi que este era el camino, más que el penal. Y ganamos el pleito. Ahí es cuando el juez Rivera detiene la obra inmediatamente [en 2006] y sentencia por primera vez que había que revisar de oficio la licencia [en 2008]. Fíjate, la decisión de ahora del Supremo nos retrotrae a 2008. Además, dio traslado a la Fiscalía, al considerar que la manipulación había sido una "burda maniobra" [el caso penal fue archivado].

¿Así que hemos vuelto a 2008?

Bueno, no exactamente. Hay terreno avanzado. Pero en 2008 ya había una sentencia que obligaba al Ayuntamiento a revisar la licencia. Lo que ocurrió es que tanto Azata como el Ayuntamiento recurrieron al TSJA, donde una sentencia del magistrado Rafael Toledano, que hoy está en el Supremo, estableció que la licencia no se podía revisar de oficio, tras expulsar a Salvemos Mojácar y a Ecologistas en Acción del procedimiento por no cumplir un plazo, una cuestión formal. Aquí hubo un enfrentamiento muy serio. Salvemos Mojácar presentó dos querellas por prevaricación, que fueron archivadas. La sentencia del TSJA era un disparate, porque ya había sentencias firmes que establecían que el espacio estaba protegido y la servidumbre era de cien metros.

¿Cómo consiguieron levantar el caso después de aquel golpe?

Se me ocurrió iniciar con Greenpeace un nuevo pleito pidiendo otra vez la revisión de oficio de la licencia, pero añadiendo la solicitud de demolición del hotel y la modificación del PGOU. Como Greenpeace no estuvo presente en el anterior procedimiento, no se podía decir que era cosa juzgada. De ahí viene la sentencia de julio de 2021, firme desde abril de 2022, que obliga a revisar la licencia, porque es totalmente ilegal. Así que hay dos pronunciamientos distintos del TSJA sobre la licencia. Azata recurrió la parte de la revisión y nosotros el derribo. El Supremo sólo admitió nuestro recurso. Y esta semana hemos sabido que decide no ordenar el derribo porque tiene licencia. Nos han metido en un bucle. Si no se puede demoler porque tiene licencia y el TSJA no obliga al Ayuntamiento a anularla, estamos en un callejón sin salida.

¿Sin salida?

Bueno, el TSJA abre el callejón cuando quiera. Le hemos pedido que multe al alcalde semanalmente con 250 euros y le aperciba de un delito de desobediencia mientras no anule la licencia. No sabemos nada. El Ayuntamiento es causa perdida y el TSJA se lo permite. Incluso sin necesidad de sentencia, el Ayuntamiento podría y debería demoler para restablecer la legalidad urbanística por iniciativa propia.

Le hemos pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que multe al alcalde semanalmente con 250 euros y le aperciba de un delito de desobediencia mientras no anule la licencia. No sabemos nada

¿Y no hay ningún otro mecanismo para forzar al Ayuntamiento a revisar la licencia?

Sí, una querella al alcalde por desobediencia. Pero el TSJA tiene que apercibirlo antes. Si la presentamos sin ese requisito formal, se va a archivar. No podemos querellarnos por las bravas.

Entonces, ¿qué va a hacer usted ahora?

Vamos a pedir la nulidad de la sentencia del Supremo, requisito para poder ir al Constitucional, donde vamos a perder y nos van a condenar en costas, porque sólo admite a trámite un 1% de los recursos. No nos va a tocar a nosotros esta lotería. Pero ¿qué vamos a hacer si no? ¡Ya hemos hecho todo! Hemos pedido que anulen la licencia y me dicen que no se puede, aunque hay 13 sentencias del Supremo y varias decenas de otros tribunales. ¡Y no sirven de nada!

¿Qué derecho constitucional van a invocar?

El artículo 24 [tutela judicial efectiva].

¿Y tras el Constitucional?

Vamos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Allí lo explicaremos todo.

Vamos a pedir la nulidad de la sentencia del Supremo, requisito para poder ir al Constitucional, donde vamos a perder y nos van a condenar en costas. Entonces vamos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Si no hubieran actuado las asociaciones ecologistas, ¿estaría hoy abierto El Algarrobico?

Sin la menor duda. Si no metemos en 2005 la demanda en el juzgado de Rivera, estaría abierto.

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Ese es un tema diferente, de otro calado. Un asunto de Estado en el que la independencia de la justicia ha brillado por su ausencia. Sin embargo, creo que el desprestigio para la justicia es mayor con El Algarrobico.

[infoLibre preguntó al Ayuntamiento de Carboneras si había revisado o estaba revisando la licencia de obras, sin respuesta. El TSJA, a través de su presidente, Lorenzo del Río, afirmó este miércoles tras conocerse la decisión del Supremo que caben "medidas añadidas" para obligar al consistorio a revisar la licencia].