Pleno inédito del TC para decidir si paraliza una votación en el Congreso que el Gobierno tiene amarrada

En vilo. La gran reforma planeada por el Gobierno, con cambios en el Código Penal y en la elección del Tribunal Constitucional, pende ahora del propio Alto Tribunal. El Gobierno de coalición tiene amarrados los votos para lograr la mayoría absoluta en el Pleno del Congreso de este jueves, pero un recurso del PP a última hora puede paralizar este mismo día todo el proceso legislativo y provocar una situacion inaudita.

Lo que finalmente ocurra será de manera paralela. El Pleno del Congreso aborda desde las 9 horas los debates sobre el código hipotecario, la reforma de la Ley del Aborto, la reforma de la PAC, una serie de cesiones de tributos a autonomías y la gran reforma que ha ocupado el centro del debate político y mediático de los últimos días. Según fuentes parlamentarias, este último asunto podría tratarse en torno a las 14 horas. Cuatro horas antes, a las 10 horas, se reúne el Tribunal Constitucional, que podría tomar su decisión sobre la reforma que aborda su propio sistema de elección antes, precisamente, del debate en la Cámara Baja.

El Ejecutivo ha pisado el acelerador para que esté lista antes de final de año la proposición de ley, registrada por el PSOE y Unidas Podemos, que conlleva la modificación de los delitos de malversación y sedición, la reforma de la mayoría necesaria en el Consejo General del Poder Judicial para poner fin al bloqueo del Tribunal Constitucional, el retoque para clarificar la interpretación de los jueces sobre la ley del ‘sólo sí es sí’ y un nuevo delito de enriquecimiento ilícito para cargos públicos, entre otros aspectos.

A pesar del ruido mediático, los votos se han conseguido ir sumando y el camino parlamentario estaba despejado después de pasar las fases de ponencia y de la Comisión de Justicia este lunes y martes. Ahora toca el Pleno de la Cámara Baja, con la idea de que vaya al Senado la semana que viene. Todo ello en una tramitación exprés, que ha provocado críticas de la oposición, pero que siempre ha contado con los respaldos suficientes.

Pero se produce un giro de última hora con la maniobra diseñada desde el Partido Popular, que registró este miércoles su recurso. Y el Tribunal Constitucional decidió convocar de forma urgente para este jueves a las diez horas un Pleno para decidir si acepta la petición de los de Alberto Núñez Feijóo, con posibles medidas cautelarísimas como la propia paralización de la tramitación de la ley. Por lo tanto, será todo de forma paralela, con la duda de qué pasa si se ordena que se congele la sesión en curso de las Cortes.

"Sería inaudito"

El Gobierno está indignado con esta situación. Según fuentes de La Moncloa, "sería inaudito que se paralizase una ley que está en tramitación, que ni está aprobada. Nunca ha ocurrido esto". Para el Ejecutivo sería una auténtica intromisión del poder judicial en el Legislativo. Y se añade: "Esto sí afecta a la división de poderes y a los cimientos de la democracia". Fuentes jurídicas consultadas por infoLibre señalan que no existe precedente alguno de una norma en tramitación que haya sido paralizada por el Constitucional con unas cautelarísimas, informa Álvaro Sánchez Castrillo.

El ponente en el TC, además, será el polémico Enrique Arnaldo, en la órbita popular, colaborador de FAES y que ha manifestado en artículos críticas duras al aborto o la eutanasia. Este intento del PP de frenar la reforma del Gobierno se produce mientras el propio partido se dedica a acusar a Sánchez de intentar colonizar las instituciones. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que sigue marcando los pasos ideológicos a Alberto Núñez Feijóo, ha llegado a decir este miércoles: “Vivimos en una pseudo dictadura”.

Además, contrasta que se ha convocado de forma urgente este Pleno por parte del Tribunal Constitucional, que, en cambio, ha rechazado hasta ahora proceder al paso para aceptar los nombramientos hechos por el Gobierno (Juan Carlos Campo y Laura Díez). Un Alto Tribunal que debería estar renovado ya, pero cuyos nuevos nombres están bloqueados precisamente por el sector conservador dentro del Consejo General del Poder Judicial, que ahora se muestra indignado por el cambio para rebajar la mayoría de tres quintos.

Polémica reforma, pero con votos asegurados

Pedro Sánchez cuenta con la mayoría sólida que ha ido construyendo, más allá de la investidura, para sacar adelante esta reforma. A su lado están los diputados del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra, PNV y PDeCAT, aunque se descuelguen con abstenciones en Compromís o EH Bildu. Esta reforma se sacaría de manera exprés, después de pasar los trámites de ponencia y comisión el lunes y el martes.

A pesar de esos votos, esta iniciativa ha removido el tablero político. Sánchez y su equipo esperan que el ruido disminuya en las próximas semanas y que se despeje el panorama político con la llegada del año. Entonces la idea es centrarse en la gran batalla electoral que llega y poner por delante las medidas económicas. De hecho, según fuentes del Gobierno, esto se impulsará con el paquete que se prepara con iniciativas para seguir luchando contra la inflación (en las que tendrán mucha importancia las relacionadas con los alimentos).

La política española ha subido los decibelios con la proposición que se aprueba en el Congreso, que inicialmente iba dirigida a homologar el delito de sedición a otros países europeos (con una rebaja de penas de los quince a los cinco). Pero la consiguiente reforma de la malversación ha sacudido hasta el propio PSOE por dentro, con barones criticando en público este hecho como Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) y Javier Lambán (Aragón). Pero también se unieron otros como Juan Lobato (Madrid) y Luis Tudanca (Castilla y León). Pero ninguno ha cruzado la línea roja de pedir a sus diputados que voten en contra. 

La marejada del referéndum

Una marejada a la que está contribuyendo la propia Esquerra Republicana, que ha subido el tono en las últimas horas con su propuesta, de cara a su congreso de enero en Lleida, de celebrar un referéndum de independencia (con un 50% de participación y un 55% de apoyo para ganar). Pero el Gobierno se desplegó este miércoles a través de varios ministros para ratificar: “No se va a celebrar”. Así lo repitieron los titulares de Hacienda, María Jesús Montero, de Cultura, Miquel Iceta, y de Educación, Pilar Alegría. De esta manera se quieren despejar las dudas que fomentan tanto desde el Govern como desde las derechas, argumentando que también se dijo que ‘no’ a la malversación y a la sedición.

A todo esto se unió el titular de una entrevista a Salvador Illa que decía: “No habrá autodeterminación, pero sí se hará una consulta entre los catalanes”. En realidad, no es algo nuevo, sino que el propio Pedro Sánchez ya defendió en 2018. Pero la idea apoyada siempre por los socialistas es que se intente un acuerdo entre partidos en Cataluña y que eso sea sometido a una votación, pero para hablar de autogobierno no de independencia. De hecho, cualquier cambio en el Estatut catalán (como pasa con el gallego, el andaluz y el vasco) debe ser sometido a las urnas de los ciudadanos de esas autonomías.

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Illa es uno de los hombres a los que escucha con más atención Pedro Sánchez. El exministro de Sanidad, que fue la opción más votada en las pasadas catalanas, mandó un mensaje a ERC: “Que dejen de engañar a la ciudadanía, que tengan la valentía de decir la verdad. Cataluña ha pasado página a una década perdida y al procés, y no habrá un referéndum de autodeterminación. Ya basta de soñar imposibles”.

Asimismo, para desinflamar internamente, el propio Illa confesó que intercambió mensajes con García-Page para pedir altura de miras en estos momentos y reforzar la convivencia en Cataluña. También le trasladó que el PSC garantizará siempre el cumplimiento de la Constitución española. Todo de forma “cordial y afectuosa”, reveló el actual líder de los socialistas catalanes, que aspira a gobernar en los próximos años la Generalitat.

En La Moncloa defienden que los ciudadanos, a pesar del ruido por la malversación, aprecian la tranquilidad que hay ahora mismo en Cataluña frente a 2017. Además, con estos cambios legales se da por concluida durante esta legislatura la agenda del reencuentro.