Trevijano para todo: el presidente del TC que frenó al Gobierno retiene ahora el visto bueno a sus candidatos

Él fue quien inclinó, sin apartarse a pesar de su evidente interés en el asunto, la balanza que permitió que el Constitucional paralizase por primera vez en su historia una iniciativa legislativa en tramitación en las Cortes Generales. Y ahora él es quien tiene en sus manos la renovación de parte de los magistrados con el mandato caducado ante el permanente bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El presidente del tribunal de garantías, Pedro González-Trevijano, tiene desde hace casi un mes sobre su mesa los nombres de los dos candidatos designados por el Gobierno para el Constitucional, uno de los cuales debe sustituirle a él mismo. Pero el Pleno preceptivo para dar el visto bueno a esos nombramientos, cuya convocatoria depende del propio presidente, sigue sin llegar. Y el bloque progresista descarta, al menos por ahora, presionar para intentar forzar el cónclave.

Cuando este catedrático de Derecho Constitucional asumió la jefatura del tribunal de garantías, lo hizo con la supuesta intención de intentar calmar las aguas en una institución profundamente dividida. Pero un año después el órgano se encuentra completamente roto y en una de las situaciones más difíciles que se le recuerdan. Fundamentalmente, por el choque con el poder legislativo a propósito de la reforma para desbloquear el propio Constitucional. Ese es el principal conflicto. Pero, ni mucho menos, la única patata caliente. Ahora, en plena tormenta, Trevijano deberá decidir si reúne ya a todos los magistrados para abordar una renovación parcial del propio Constitucional a la vista del bloqueo permanente o si retiene, como ha hecho hasta ahora, la convocatoria de ese Pleno para valorar a los dos candidatos del Gobierno.

Los nombres elegidos por el Ejecutivo son el del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez, que están llamados a sustituir al propio Trevijano y al magistrado Antonio Narváez. No es un simple anuncio ante las cámaras, sino que se trata de un acuerdo oficial del Consejo de Ministros recogido en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Ahora bien, para que pueda producirse la sustitución el propio Constitucional debe valorar en un Pleno la idoneidad de los dos candidatos. Y es el propio Trevijano el que tiene la facultad de convocar ese cónclave y decidir cuándo se celebra, lo que le da cierto margen para jugar con el calendario. "El presidente convocará el Pleno por propia iniciativa y cuando lo pidan, al menos, tres magistrados", recoge el artículo 4 del reglamento interno del Tribunal Constitucional.

Con margen para jugar con el calendario

A finales de noviembre, justo después de conocerse que el Gobierno movía ficha y designaba a sus candidatos, tres de los integrantes del llamado bloque progresista –Cándido Conde-Pumpido, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez– solicitaron verbalmente la convocatoria inmediata de la reunión para abordar la idoneidad de los nombres propuestos. Trevijano aprovechó un Pleno ordinario para recabar la opinión del resto de magistrados. Ocho no secundaron la propuesta, cuatro sí. Con estos mimbres, el presidente optó por esperar antes de dar ese paso a ver qué salía de la reunión fijada para finales de diciembre por el CGPJ, un encuentro que tenía como único punto del orden del día la votación de los otros dos candidatos al Constitucional que corresponden al órgano de gobierno de los jueces.

El cónclave decisivo se celebró finalmente este martes, pocas horas después de que el tribunal de garantías decidiese paralizar la tramitación de la reforma del Gobierno con la que se buscaba su desbloqueo. Los conservadores acudieron a la cita con sus dos nombres –César Tolosa y Pablo Lucas–, mientras que los progresistas pusieron sobre la mesa a su candidato oficial: José Manuel Bandrés. El Pleno fue tenso e intenso. El primer sector intentó que se apartara de la votación una de las compañeras de la contraparte agarrándose a su parentesco con uno de los magistrados del Constitucional, lo que de haber prosperado les habría permitido tener los votos necesarios como para que salieran adelante sus dos candidatos. Pero la vocal no se abstuvo. Y ninguno de los magistrados logró el número de apoyos requeridos.

Ahora, con la confirmación de que todo continúa en estado de bloqueo, el presidente Trevijano deberá decidir si convoca ya el cónclave de Campo y Díez o si continúa alargando los tiempos, una incógnita que se niegan a despejar desde el propio tribunal de garantías. Lo cierto es que se trata de un asunto espinoso que puede incidir en la división interna. En principio, ese Pleno específico está pensado únicamente para verificar si los candidatos cumplen con los requisitos de idoneidad, nada más. Sin embargo, existe el riesgo de que la mayoría conservadora del órgano decida no dar el plácet a Campo y a Díez alegando que la Constitución establece una renovación por terceras partes y, según su interpretación, que no es posible llevar a cabo las sustituciones hasta que el CGPJ elija a sus dos candidatos. Los progresistas, así como otros juristas, creen que habría margen para aceptar los nombramientos del Gobierno en solitario.

Fuentes de este último sector, sin embargo, descartan por ahora presionar para la celebración del cónclave que analizaría los méritos de Campo y Díez. En este sentido, recuerdan que la petición que hicieron hace tres semanas "no se atendió y sigue viva". No obstante, no creen que sea "el mejor momento para insistir". "Vista la posición de Trevijano en el debate sobre el recurso que ha impedido la renovación del tribunal, es obvio que lo volverá a impedir", plantean.

Un presidente votando sobre su continuidad

Los progresistas se refieren, en concreto, al papel jugado por el presidente del Constitucional en lo relativo a la maniobra del PP para frenar la tramitación de los cambios legales impulsados por los socios de Gobierno para desbloquear la renovación de la corte de garantías. Un asunto por el que Trevijano lleva desde la pasada semana bajo el foco. Primero, por la decisión de extraer el recurso del PP de la Sala Segunda, donde hay empate entre bloques y los progresistas cuentan con el voto de calidad del presidente, y llevarlo a un Pleno que convocó con una inédita urgencia y donde existe una mayoría conservadora de seis a cinco. Un paso que dio, eso sí, tras consultarlo con el vicepresidente del Constitucional, Juan Antonio Xiol, del denominado sector progresista.

Pero fundamentalmente por la posición que mantuvo el magistrado durante el larguísimo cónclave del pasado lunes. A pesar de que la reforma del Ejecutivo le afectaba directamente, pues su aprobación definitiva implicaba su salida prácticamente inmediata del Constitucional, Trevijano –igual que su compañero Antonio Narváez– rechazó abstenerse, al contrario de lo que hizo su antecesora María Emilia Casas cuando al tribunal de garantías le tocó abordar en 2007 una modificación normativa que prorrogaba su mandato. Y allí estuvo, sentado en la mesa del Pleno durante aquella maratoniana jornada, quitando de en medio con su voto su propia recusación y avalando tanto la admisión a trámite del recurso del PP como la adopción de unas medidas cautelarísimas que implicaron, por primera vez en la historia, la paralización por orden del TC de una iniciativa legislativa en tramitación.

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Trevijano llegó al Constitucional en 2013 de la mano del PP. Él y el magistrado Enrique López –ahora consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid– fueron los dos nombramientos que entonces correspondieron al Ejecutivo de Mariano Rajoy. Antes, había estado durante una década como rector de la Universidad Rey Juan Carlos, etapa en la que se produjeron los desmanes en los másteres de Cristina Cifuentes, Pablo Casado o Carmen Montón. Fue durante su mandato en el centro público, en concreto en 2010, cuando se produjo también la imputación en el caso Matas de su ahora compañero, el magistrado Enrique Arnaldo. El 8 de abril de aquel año, Trevijano escribía y firmaba una carta en la que indirectamente justificaba los pagos que se estaban investigando en vía judicial y trataba de insuflar aire a Arnaldo, cuya imputación se terminó finalmente levantando.

Durante sus años como magistrado raso, el catedrático de Derecho Constitucional se ha situado alguna que otra vez bajo el foco público. Ocurrió, por ejemplo, cuando la corte de garantías abordó el primer estado de alarma en pandemia. El asunto cayó en manos de Trevijano. El magistrado elaboró una ponencia inicial, según publicó elDiario.es, en la que introducía algunos párrafos en los que se mostraba comprensivo con la medida al entender que "dadas las circunstancias que la rodearon" la "radical limitación (o suspensión) del derecho fundamental a la libertad de circulación no debe dejar de considerarse como una medida razonablemente adecuada y necesaria para la consecución de los objetivos señalados". Párrafos que desaparecieron finalmente de la sentencia que declaraba inconstitucional el estado de alarma.

Ya cuando alcanzó la Presidencia del Tribunal Constitucional, lo hizo con la supuesta intención de apaciguar los ánimos y calmar las aguas. En teoría, iba a ocupar el sillón principal durante seis meses. Pero ya lleva un año. Y es justo ese mandato caducado por el bloqueo impuesto a la renovación lo que ha terminado por revolver finalmente las aguas en un tribunal de garantías cuya imagen lleva años degradándose.