Qué quiere modificar Justicia y por qué Igualdad cree que es atacar el "corazón" de la ley

La Ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del sólo sí es sí, vuelve a ser el epicentro de una nueva tormenta en el seno del Gobierno. La revisión de las condenas impuestas a agresores sexuales y el goteo de rebajas tras la entrada en vigor de la norma han dado pie a un clima de tensión permanente entre los socios de la coalición. El ala socialista es clara: la ley debe modificarse para evitar los efectos indeseados comprobados hasta el momento. Y aunque el Ministerio de Igualdad mantiene intacta su fidelidad a una de sus propuestas estrella, acata el mandato y se abre a cambios. Eso sí, con algunas líneas rojas: la principal, mantener vivo el "corazón del consentimiento".

La principal propuesta sobre la mesa la ha concretado el Ministerio de Justicia, tal y como ha adelantado este lunes la cadena Ser. La columna vertebral de la sugerencia trazada por el departamento de Pilar Llop se asienta en dos claves: violencia e intimidación. Se trata de recuperar las penas anteriores a la reforma para los casos más graves de violencia sexual. Y la manera de determinar qué supuestos son los más graves es recuperando los requisitos de violencia y intimidación para probar una agresión sexual.

El documento plantea penas de entre 1 y 5 años cuando exista violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima y de entre 6 y 12 años en esos mismos casos cuando la agresión sexual sea con penetración. En los supuestos en que haya agravantes también pide volver a las penas anteriores de entre 5 y 10 años cuando no haya penetración y de entre 12 y 15 cuando sí la haya. 

Fuentes del Ministerio de Justicia insisten en un mantra: el objetivo es "penar más duramente los casos en los que concurra violencia e intimidación o anulación de la voluntad de la víctima", con el fin de evitar las penas más bajas –pues es en las penas mínimas donde los jueces están aceptando las rebajas–, pero manteniendo "el consentimiento en el centro". Esto último. la razón de ser de la ley que nació al calor del movimiento feminista, "no cambia".

Ahí está el choque con el equipo de Irene Montero, quien sí cree que la propuesta socialista pone en jaque al consentimiento. Aunque Igualdad defiende la ley en su redacción actual y mantiene su apuesta por la norma, se abre a realizar cambios que en ningún caso pongan en riesgo el consentimiento. La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha sido clara este mismo lunes: "No vamos a aceptar ninguna propuesta que ponga en duda el modelo del consentimiento". Haciéndolo, añade, lo que se pondría en juego es que "a las mujeres se les vuelva a preguntar si se resistieron y si esa resistencia prueba que hubo una agresión sexual".

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha profundizado en esta tesis: aunque la redacción de la norma mantenga el concepto del consentimiento intacto, la única manera de saber si existe violencia o intimidación es volver a preguntar a la víctima si efectivamente se resistió ante la agresión. Si cerró bien las piernas, como han tenido que escuchar algunas víctimas. La propuesta socialista conseguiría de facto "volver a meter dentro del esquema" algo que liquida el "sistema del consentimiento libre como eje de los delitos contra la libertad sexual". 

Efectivamente, ha concedido Rosell, aunque la propuesta no deroga expresamente el concepto de consentimiento del artículo 178, sí introduce "la consecuencia práctica de volver al sistema anterior": recuperar la violencia e intimidación como "medios comisivos" del delito, lo que volvería a abrir paso a lo que algunas voces feministas han denominado el "calvario probatorio", la necesidad permanente de demostrar "resistencia" para acreditar la existencia de una agresión. Una realidad que "ha sido disfuncional para la protección" de las víctimas, ha abundado Rosell, pues solo el 8% de víctimas de violencia sexual da el paso de presentar una denuncia, lo que significa que existe por tanto un 92% de "impunidad" en este tipo de violencia.

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Entonces, ¿se cierra Igualdad a una posible reforma? No. "Vamos a hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo", ha subrayado la secretaria de Estado. Desde el mes de diciembre, el departamento de Irene Montero ha planteado hasta tres propuestas diferentes en materia penal. Algunas, tal y como ha detallado Rosell, pasan por blindar el derecho transitorio sellando su "posible ubicación en el título preliminar para que no se vuelva a poner en duda". Se refiere a la disposición transitoria que sí fue incluida expresamente en otras reformas penales y que consagra la idea de que, si una pena puede ser replicada por la nueva ley, no cabe revisión alguna. Esta disposición sí está presente en el Código Penal, pero algunos tribunales han considerado que no es de aplicación al no ser mencionada de forma explícita en la ley del sólo sí es sí. En cualquier caso, el Gobierno ya acordó en diciembre incluir una mención a la vigencia de esta disposición a través de la reforma que efectuó con motivo del fin de la sedición y la modificación de la malversación.

Pero la propuesta más relevante que parte de Igualdad es otra y tiene importantes puntos en común con la ideada por sus socios. Se trata de retocar las penas mínimas para los supuestos más graves, pero conservando el destierre definitivo de la violencia e intimidación y manteniendo intacto el consentimiento. "Hay margen", ha señalado Rosell, aunque "no en el tipo más básico", ya que elevar las penas mínimas en los supuestos menos graves implicaría que los delincuentes no fueran condenados por agresiones como el acoso callejero. "Tienen que ser punibles en nuestro país los tocamientos en el transporte público", ha puesto como ejemplo. Las penas aplicadas a los supuestos más graves, como las agresiones sexuales a menores, sí son en cambio susceptibles de ser elevadas. 

Este mismo lunes, el PSOE anunció su intención de registrar lo antes posible un texto basado en la propuesta de Justicia, con el apoyo de los morados o sin él. Independientemente del resultado de la negociación, lo cierto es que una hipotética reforma de la ley no afectaría a las rebajas que ya se han ido produciendo, sino que únicamente tendría impacto sobre aquellas agresiones sexuales perpetradas con posterioridad a su entrada en vigor, ya que la "ley intermedia tiene también eficacia retroactiva después de su derogación", según las voces expertas.