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Feijóo quiere colocar en el TC a su juez de referencia en el órgano que avala las decisiones de la Xunta

Feijóo y el presidente do Consello Consultivo, José Luis Costa Pillado, en una imagen de archivo.

La operación está condicionada a que PP y PSOE desbloqueen sus negociaciones para la renovación del Tribunal Constitucional, que los socialistas vinculan con la renovación global del Consejo General del Poder Judicial. Pero Feijóo ya tiene su hombre para el Tribunal Constitucional: José Luis Costa Pillado, presidente del Consello Consultivo, el órgano que supervisa resoluciones y normas de las administraciones gallegas. 

Las propuestas de nombres para formar parte del Constitucional pueden salir de los parlamentos de las comunidades autónomas, y al Parlamento de Galicia acaba de recurrir ahora Feijóo, que desembarcó en Madrid como senador por designación de esta misma Cámara, para proponer a Costa Pillado.

El Consello Consultivo emite dictámenes generalmente no vinculantes sobre la legalidad y corrección jurídica de proyectos de ley que la Xunta somete a su consideración así como sobre resoluciones de diverso tipo de cualquier administración gallega o de las tres universidades. El presidente de la Xunta también le puede pedir dictámenes jurídicos sobre cualquier cuestión que considere, lo que viene siendo empleado por el Gobierno gallego como arma política para cuestionar decisiones del Gobierno de España. 

El Consello está conformado por cinco miembros, juristas de reconocida competencia, elegidos por un período de seis años. Dos consejeros son designados directamente por el presidente de la Xunta y los otros tres por el Parlamento de forma proporcional a la representación de los grupos, lo que hace que la actual composición del órgano sea de una mayoría de miembros elegidos directamente por el PP. Es el caso de Costa Pillado, juez de carrera, elegido miembro del Consello Consultivo en 2008 a propuesta del PP y que en 2014 accedió a su presidencia.

Pero las decisiones de los miembros del Consultivo se basan en el trabajo jurídico previo que hacen los letrados de esa institución. Hasta 2017 esos letrados eran elegidos a través de un proceso público de selección, pero en ese año, a pesar de la oposición de los afectados y a través de una ley de acompañamiento u ómnibus como las que ahora critica Feijóo, el PP mudó el procedimiento y pasaron a ser nombrados a dedo como parte de la escala de letrados de la propia Xunta.

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Entre los dictámenes del Consello Consultivo que el Gobierno gallego viene utilizando para enfrentarse al Gobierno de España destaca uno elaborado por el propio Costa Pillado como ponente que recurre a la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el Estatut de Cataluña para justificar que la Xunta pueda gestionar el litoral gallego, frente al argumento del Estado de que antes debe reformar el Estatuto de Autonomía de Galicia. Según el dictamen de Costa Pillado, la sentencia del Constitucional sobre el Estatut admite que comunidades como Galicia puedan gestionar las concesiones costeras sin mudar el Estatuto.

Antes de la reforma del sistema de elección de sus letrados, el Consultivo emitió dictámenes significativos contrarios a las pretensiones de la Xunta, como los que vieron ilegalidades en el Decreto del Plurilingüismo, alertaron de la "inseguridad jurídica" del decreto que permitía que los colegios seleccionasen el alumnado antes de admitirlo, señalaron irregularidades en el concurso de licencias de FM o establecieron que el decreto que reguló las áreas de gestión clínica era "contrario al ordenamiento jurídico".

Aquí puedes leer el texto original en gallego.

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