El lobby antiaborto se resiste a aceptar la derrota y lanza una guerra judicial contra el Constitucional

Dos fechas permiten siluetear los anhelos y temores del movimiento antiabortista español. La primera es el 24 de junio de 2022, cuando se conoció la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de derogar el derecho al aborto a nivel nacional. La reacción fue de pura euforia, como quedó patente dos días después en una manifestación en Madrid. Esa fue la de cal. La segunda fecha es el 9 de febrero de este año, cuando tocó la de arena al hacerse público que el Constitucional español considerará acorde con el texto del 78 la ley del aborto de 2010 de José Luis Rodríguez Zapatero, una norma demonizada por el lobby católico radical, Vox y el sector más conservador del PP. Sí, el máximo intérprete de la Constitución consagra lo que, a ojos de los antiaborto, es una aberración moral y jurídica.

Esas dos fechas marcan el recorrido entre el sueño antiabortista de disfrutar algún día de una legislación de "latido fetal" como en los Estados republicanos de EEUU a la realidad de un triunfo judicial histórico de la izquierda y el feminismo. ¿Cómo encajar el palo? Los autoproclamados "provida" ya tienen respuesta: devolviendo el golpe.

Los grupos de la derecha católica radical española no se han quedado de brazos cruzados y se resisten a aceptar la derrota. No sólo prometen más batalla, sino que redoblan su ofensiva. El objetivo es que el tema "no muera ni se olvide". "Una decisión del Constitucional así, tan clara, que deja tan poquito margen, puede llevar a mucha gente a pensar que esta es una batalla perdida. Eso es lo que no quieren que pase", explica un militante de una organización contraria al aborto pero que se considera un "realista".

Las primeras decisiones de la miríada de grupos contra el aborto –que son en su mayoría también contrarios a la "ideología de género", la eutanasia, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la legislación dirigida a proteger los derechos de las personas Lgtbi– anuncian una batalla judicial, en concreto contra el propio Constitucional. El 12 de marzo está prevista una manifestación que medirá su fuerza en la calle, con el PP bajo presión.

A Europa contra el Constitucional

La atmósfera en este espacio sociopolítico ya de por sí exaltado es estos días efervescente. Las redes sociales sirven como foro en el que identificar culpables, darse ánimos y descartar categóricamente la palabra "rendición". Desde que se hizo pública la posición mayoritaria del Constitucional, múltiples organizaciones comparten mensajes a cual más tremendista (y en ocasiones truculento).

Seamos la voz de los que no tienen voz. pic.twitter.com/sVMzR19vKr

— HazteOir.org (@hazteoir) February 13, 2023

El movimiento ultracatólico es una especie de muñeca rusa. O, mejor dicho, una colección de muñecas rusas. Una organización contiene a muchas otras, que a su vez contiene a muchas más. Hay variadas asociaciones que pertenecen a diversas federaciones, que a su vez se entremezclan entre sí y colaboran en campañas y movilizaciones.

Una destacada red de redes es la Asamblea por la Vida, que fue responsable de la presión para empujar al PP y Vox a llevar ante el Tribunal Constitucional la ley de eutanasia y de la que ejerce como portavoz el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja. La Asamblea por la Vida, que asegura reunir a más de 150 asociaciones –entre ellas One of Us, Hazte Oír, Foro de la Familia, Más Vida, Qveremos, Provida, Cívica, Cristianos en Democracia, E-Cristians o Enraizados– ha formalizado su posición en un documento cuyo título es elocuente: En relación a la manipulación del Tribunal Constitucional en España.

"El aborto masivo y eugenésico de nuestro tiempo necesita para imponerse deformar el Estado de derecho", señala el manifiesto. A juicio de la Asamblea, la sentencia provoca una "escandalosa vulneración" del artículo 15 de la Constitución –"todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral"– mediante la "manipulación" del máximo órgano de garantías. Lo ocurrido, añaden, es "ilegítimo".

"El nuevo Tribunal Constitucional no está al servicio de la Constitución sino de la implantación progresiva de un nuevo orden social que nada tiene que ver con el Estado de derecho", afirma el documento, que vuelve a calificar de "ilegítimo" y ahora también de "ilegal" que el tribunal "ignore" su "propia jurisprudencia", en referencia a una sentencia de 1985 que establece que el nasciturus es "un bien jurídico constitucional fundamental” que debe ser protegido por el Estado.

El documento va aún más allá y detecta "indicios manifiestos de prevaricación" por parte de tres magistrados, que no identifica pero que todo apunta a que son su presidente, Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo e Inmaculada Montalbán, por "no retirarse del procedimiento pese a estar claramente contaminados". "Todo ello –concluyen– conlleva la necesidad de recurrir al Tribunal de la Unión Europea por un presunto delito de prevaricación y por incumplir con su obligación de velar por el cumplimiento de la Constitución".

La propia Asamblea resalta el carácter "único" de la iniciativa, al suponer la "primera denuncia [contra] un Tribunal Constitucional ante la justicia europea por actuar de manera ilícita e ilegal". La posición de la Asamblea es parecida a la de Vox, que afirma que la decisión del Constitucional sobre el aborto es fruto de su "asalto" por parte de Pedro Sánchez.

Querella contra Conde-Pumpido

La Asamblea apunta en su escrito contra Cándido Conde-Pumpido, al que atribuyen el "calendario precipitado para elaborar la ponencia y acordar el fallo" y del que recuerdan que fue fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente. Más lejos aún en su ofensiva contra el presidente del Constitucional llega la Asociación Española de Abogados Cristianos, otro de los referentes del bloque antiabortista, que ha anunciado una querella por prevaricación contra Conde-Pumpido por no apartarse de la decisión sobre el aborto y por "no permitir la abstención de la magistrada Concepción Espejel", que "había solicitado apartarse al haber sido miembro del CGPJ, órgano que redactó un informe sobre la ley".

Abogados Cristianos afirma que ha solicitado al Tribunal Supremo medidas cautelarísimas para que suspenda el pleno del Constitucional en el que se delibera sobre el aborto "hasta que se esclarezca esta situación". "El deterioro que está padeciendo nuestro Estado de derecho es tan alarmante que nos vemos obligados a solicitar la actuación del Tribunal Supremo y de la Comisión Europea por el grave riesgo de convertirnos en un Estado fallido”, señala Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos. Castellanos recuerda que “hace poco fue el propio Tribunal Constitucional el que suspendió una votación en el Senado porque se iba a hacer algo ilegal”.

Equilibrios en el PP

Pese a que Alberto Núñez Feijóo ha afirmado que la ley del aborto avalada por el Constitucional es "correcta", del propio PP han salido voces que dan alas a la hipótesis de una invalidación de la sentencia por parte de la justicia europea. Por ejemplo, el dirigente Esteban González Pons, para quien hay magistrados que "no debieron participar en la votación y en el fallo y ahora la sentencia es susceptible de ser anulada en Europa".

Es uno de los síntomas que hacen obvio que el posicionamiento de Feijóo no zanja la cuestión del aborto en el PP. A las críticas al cambio unilateral del presidente del PP por parte de históricos como Mayor Oreja y Federico Trillo, máximo responsable material del recurso del partido, se suma la existencia de figuras con responsabilidades actuales que mantienen posiciones difícilmente compatibles con la de Feijóo. El senador por Cantabria Javier Puente, referente de este sector, ha difundido en Twitter las declaraciones de Mayor Oreja críticas con Feijóo y ha lanzado varios mensajes reivindicando la "coherencia" en defensa de la vida. No llega a criticar a Feijóo, pero hace evidente su disconformidad. Puente, que ha llegado a afirmar que el aborto es un "genocidio", es presidente de la Fundación Familia y Dignidad Humana, una asociación en cuya cúpula ha llegado a haber siete parlamentarios y altos cargos del PP y que se opone al aborto incluso en caso de violación. Familia y Dignidad Humana forma parte de la Asamblea por la Vida.

El aborto no es un tema fácil para el PP, cuyo frustrado intento de aprobar su propia ley acabó vigorizando al movimiento feminista, provocando en 2014 la dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón y precipitando la ruptura del sector más antiabortista del partido, una parte del cual, con la diputada Lourdes Méndez Monasterio al frente, acabó en Vox. La actual dirección ha evitado el conflicto resistiéndose a aceptar, pero también a corregir las posiciones más duras. Las palabras de Feijóo tras conocerse la postura del Constitucional apuntan a un paso adelante. Pero ha sido un gesto unilateral, que está levantando ampollas.

Manifestación el 12 de marzo

El movimiento antiabortista, que suele hurgar en las contradicciones del PP para empujarlo a posiciones cuanto más conservadoras mejor, celebrará en breve una manifestación que medirá su fuerza en la calle. Otra de las plataformas de este espectro sociopolítico, Sí a la Vida, está difundiendo una convocatoria de "marcha por la vida" el domingo 12 de marzo en Madrid. Sí a la Vida, cuyo dominio en la web es titularidad de la Federación de Asociaciones Provida, con implantación en toda España, está compuesta por cientos de organizaciones. Se podría decir que no falta nadie de este mundo. Su papel, más que fijar posiciones, es organizar eventos. No obstante, es previsible que la posición mínima de una manifestación de este conglomerado sea el rechazo a la sentencia del Constitucional. A partir de ahí, hay grados: desde los defensores de la plena sacralidad de la vida desde la concepción y de la prohibición total del aborto, hasta los que reivindican un regreso a la ley de supuestos, pasando por quienes defienden las normas "de latido fetal", que impiden abortar una vez se escucha el latido del feto.

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Está por ver el nivel de asistencia a la manifestación de cargos del PP. En la protesta de junio del año pasado hubo una presencia significativa. Además de Javier Puente, acudieron sus compañeros en el Senado Rodrigo Mediavilla –ya no es senador–, Ana Camíns, Antonio Román y Patricia Rodríguez Calleja y el diputado en el Congreso José Ignacio Echániz. A ellos se sumó en la manifestación "una buena representación" del PP de Madrid y de Nuevas Generaciones. Entre los representantes del PP de Madrid estuvo su secretario general, Alfonso Serrano.

¿Se repetirá este nivel de asistencia? De momento, Vox ya ha empezado a presionar. Su mensaje es insistente: un voto a Vox será un voto para la derogación de la ley de plazos, pese al aval del Constitucional. Es lo que decía, cuando era presidente del partido, Pablo Casado.

Casado ya no está, pero el problema del PP con el aborto sigue ahí.