La huelga de los letrados de Justicia se enquista y amenaza el proceso electoral del 28M en el que son clave
El Gobierno sigue sin dar con la tecla que le permita desactivar, de una vez por todas, el conflicto abierto con el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia. Tras algo más de un mes de huelga indefinida, el Ejecutivo central y los antiguos secretarios judiciales no logran alcanzar un acuerdo sobre mejoras laborales que contente a todas las partes. Un enquistamiento que, de no resolverse, puede terminar convirtiéndose en un problema a nivel electoral. Los letrados, más allá de ser claves en el normal funcionamiento de los juzgados, también juegan un papel esencial en el proceso electoral, que está a punto de ponerse en marcha para los comicios autonómicos y municipales del 28M. Algo que, sostienen, les da un punto de presión a la hora de negociar con el Ministerio de Justicia.
Los letrados son una pieza fundamental en el engranaje electoral. Su presencia, según el ordenamiento jurídico, es necesaria para la conformación de las Juntas Electorales Provinciales y de Zona. Al fin y al cabo, ellos desempeñan el puesto de secretario en dichos órganos. Y, como tal, son esenciales en las labores de preparación y desarrollo de los comicios, participando en las deliberaciones de las Juntas y sustituyendo a su presidente cuando este se ausenta. Entre otras funciones, custodian la documentación electoral, publican candidaturas, entregan copia del censo a los representantes de las candidaturas políticas, expiden credenciales o colaboran en la distribución de los espacios para la propaganda de las diferentes formaciones que concurren.
Un proceso electoral que, de cara a la cita con las urnas del próximo 28 de mayo, está a pocas semanas dar comienzo. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) establece que los decretos de convocatoria deben expedirse cincuenta y cinco y cincuenta y cuatro días antes de los comicios autonómicos y municipales, dependiendo del caso. Y pocas horas después, según se recoge en el artículo 14 de la norma citada anteriormente, se tiene que proceder a la constitución inicial con los vocales judiciales de las Juntas Provinciales y de Zona. El pistoletazo de salida de la maratón política hasta los colegios electorales se producirá, por tanto, durante la primera semana de abril. Es decir, en apenas un mes.
El problema es que, en estos momentos, las labores de los letrados a nivel electoral están fuera de las obligaciones que se fijaron para estos funcionarios de cara a la huelga. El real decreto que a finales de los ochenta estableció las normas para garantizar la prestación de servicios mínimos en los órganos de la Administración de Justicia no incluye nada que tenga que ver con el proceso electoral. Y lo mismo sucede con la resolución que en enero emitió el departamento que dirige Pilar Llop para poner negro sobre blanco qué servicios eran esenciales y fijar los mínimos de cara al parón de la actividad. Un agujero que puede servir a este cuerpo para presionar en la negociación con el Gobierno. "Es una baza a nuestro favor", reconocen voces del Comité de Huelga.
Desde el Ministerio de Justicia creen "improbable" que se acabe llegando a una situación que, en la práctica, haría colisionar dos derechos fundamentales: el derecho a la huelga y el derecho a la participación política. Sin embargo, en caso de que así ocurriera, fuentes del departamento explican que cualquier medida tendría que acordarla la Junta Electoral Central (JEC) puesto que en este proceso los letrados no actuarían como personal de la administración de Justicia sino como funcionarios de la administración electoral. El órgano superior electoral evita avanzar, por el momento, movimiento alguno. Al fin y al cabo, aún no existe el problema. No obstante, fuentes de la JEC sostienen que hay varias "posibilidades" para "garantizar" la celebración de los comicios.
Los juristas consultados al respecto por infoLibre rechazan que pueda priorizarse un derecho fundamental sobre el otro. "El derecho a la huelga incluye el derecho a no trabajar siempre y cuando se mantenga el funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Y el funcionamiento de la administración electoral lo es", apunta Joaquín Pablo Urías, profesor de Constitucional en la Universidad de Sevilla. Por eso, apuntan los expertos, lo que hay que hacer es "garantizar" todos los derechos "a la vez". Por ejemplo, retocando los servicios mínimos. "A mi modo de ver, debería entenderse que su papel en las Juntas Electorales encaja con los servicios mínimos que pueden imponerse a este colectivo", señala Xavier Arbós, catedrático de Constitucional en la Universitat de Barcelona.
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Algunas fuentes del cuerpo de letrados conocedoras de las negociaciones entre Justicia y los funcionarios consideran que si el ministerio corrigiese ahora estos servicios mínimos estaría dejando entrever que el conflicto va para largo. "Poner parches ahora le daría mala imagen ante las comunidades autónomas, que están muy enfadadas con la desidia del equipo ministerial, ante Moncloa y ante los compañeros del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia", reflexionan. Según los datos manejados por los convocantes, estas seis semanas de huelga han dejado ya 350.000 demandas paradas, 267.000 juicios suspendidos y 960 millones de euros congelados en las cajas de los juzgados, un dinero destinado al pago de pensiones, indemnizaciones o costas judiciales.
Aunque ha estallado ahora, el conflicto viene de lejos. En 2009, a raíz de una reforma procesal que buscaba liberar a jueces y magistrados para que pudieran centrarse exclusivamente en juzgar, las competencias de este cuerpo de funcionarios aumentaron de forma exponencial. El problema es que su retribución no. Las principales centrales sindicales llegaron en diciembre de 2021 a un acuerdo con el Ministerio de Justicia para incrementar en 195 euros brutos mensuales durante tres años el sueldo de los letrados. Sin embargo, los colectivos no consideran que dicho aumento cumpla con la exigencia de adecuar los salarios con las "nuevas funciones asumidas" tras las reformas que se plasmó en la disposición adicional 157 de la Ley de Presupuestos Generales de 2021.
Es en esa adecuación donde está el conflicto. Los convocantes de los paros plantearon desde un primer momento una cláusula de enganche a la ley de retribuciones de jueces y fiscales para no cobrar menos de un 85% en relación con estos dos operadores jurídicos, una propuesta "inasumible" para el Ministerio de Justicia. El departamento que dirige Pilar Llop, por su parte, ha ofrecido subidas salariales para algo menos de la mitad de miembros del cuerpo de antiguos secretarios judiciales, algo "inaceptable" para el Comité de Huelga. Por el momento, y tras cuatro reuniones, ambas partes siguen alejadas. Y a la espera de celebrar un nuevo encuentro presencial para el que todavía no hay fecha prevista.
