El ladrillo, principal vía de acceso al oscuro mundo de las 'Golden Visa' que el Gobierno estudia endurecer

España estudia endurecer su sistema de residencia por inversión. Tras años de avisos de Bruselas sobre los riesgos que llevan aparejados este tipo de esquemas –las conocidas popularmente como Golden Visa–, el Ejecutivo de coalición ha abierto la puerta a la introducción de cambios que eleven los requisitos exigibles en materia inmobiliaria para la obtención de este tipo de visados. Cualquier aumento de las barreras en este sentido tendrá un impacto directo sobre el actual sistema. Principalmente, porque la compra de viviendas siempre ha sido en nuestro país la principal puerta de entrada al esquema de Golden Visa, del que históricamente se han beneficiado en mayor medida ciudadanos procedentes de China.

Este tipo de residencia a golpe de chequera nació durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. En 2013, en plena crisis económica, el Ejecutivo conservador alumbró la Ley de Apoyo a Emprendedores y su Internacionalización, que abría la puerta a que ciudadanos extranjeros pudiesen obtener un permiso de residencia temporal en España a través de la inversión. Para ello, se imponían una serie de mínimos: comprar propiedades por valor de 500.000 euros; tener acciones, depósitos bancarios o participaciones en empresas españolas por valor de 1 millón; o adquirir deuda pública por 2 millones. Además, se abría también esta puerta para aquellos que pusieran en marcha en nuestro país un "proyecto empresarial" considerado de "interés general" que generase empleo.

La compra de propiedades ha sido tradicionalmente la vía preferida para acceder a este tipo de permisos dorados. Así se reflejaba en los datos desglosados que el Ejecutivo facilitó en la primavera de 2020 al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, quien había solicitado las cifras de visados concedidos a través de la Ley 14/2013. En 2019, por ejemplo, se expidieron 681 por adquisición de inmuebles, frente a una veintena para inversores de capital y media docena por actividad empresarial. De la cifra asociada a la compra de propiedades, el 66% correspondía a ciudadanos chinos, seguidos por los rusos –6,1%–. Un año antes, 599 permisos fueron del primer tipo, 22 del segundo y media decena del tercero. Y en 2017, esas cifras se situaron en 575, 16 y 11, respectivamente.

El expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, contra quien la Fiscalía del país latinoamericano abrió en verano diferentes investigaciones por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, es uno de los personajes que se han acogido en nuestro país al esquema de Golden Visa a través de la compra de propiedades. En concreto, según la información facilitada por el Ejecutivo de coalición en una respuesta parlamentaria, el exmandatario era la pasada primavera titular de una autorización de residencia de este tipo tras haber acreditado una inversión por valor de 570.000 euros en un local comercial ubicado en el centro de la capital. Antes, Peña Nieto intentó conseguir una autorización de residencia por supuestos no previstos en el Reglamento de Extranjería.

A mediados de febrero, Más País planteó eliminar la compra de propiedades como vía de acceso a las Golden Visa al entender que estos permisos estaban provocando un incremento artificial de los precios, principalmente en las grandes ciudades. Ahora, tres meses después, desde la formación política celebran un "principio de acuerdo" con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para retocar la Ley de Apoyo a Emprendedores y su Internacionalización. Desde el departamento que dirige José Luis Escrivá, sin embargo, son más comedidos. Fuentes de dicho ministerio se muestran abiertas a estudiar cambios. Ahora bien, resaltan que por el momento "no se ha concretado gran cosa".

Las advertencias de Bruselas

Los sistemas de Golden Visa han ido proliferando por toda la Unión Europea con el paso de los años. Sobre todo, a raíz de la Gran Recesión. Tanto, que la Comisión Europea cifró en veinte el número de Estados miembro que contaban con este tipo de regímenes para inversores a comienzos de 2019, que en algunos casos otorgan permisos de residencia y en otros, directamente, la nacionalidad. Unos esquemas de los que ya se han beneficiado a lo largo y ancho del Viejo Continente más de 100.000 ciudadanos extranjeros, según los datos recopilados por Transparencia Internacional y el colectivo Global Witness en European getaway. Inside the murky world of Golden Visas (Escapada europea. Dentro del oscuro negocio de las golden visa).

Pero tras el estallido de la pandemia algunos países han comenzado a dar marcha atrás. Es el caso de Irlanda, con requisitos mucho más exigentes que los españoles, o Portugal, que ya han anunciado la cancelación de sus respectivos programas. En el caso luso, de hecho, escudándose en la necesidad de luchar contra la especulación en el sector inmobiliario. Mientras, otros Estados no los han suprimido pero sí han acordado endurecer los requisitos. Sobre todo, en lo que tiene que ver con el ladrillo. En Grecia, por ejemplo, el mínimo en inversión inmobiliaria pasará de los 250.000 euros actuales –uno de los más bajos– a medio millón de euros, la barrera que hasta el momento fija la normativa española.

Las instituciones europeas llevan desde hace años poniendo en cuestión la existencia de este tipo de esquemas en suelo comunitario. El Parlamento Europeo, hace justo un año, resaltaba en uno de sus informes que los regímenes de ciudadanía por inversión –es decir, aquellos que permiten conseguir directamente la nacionalidad a golpe de chequera– son "objetables desde un punto de vista ético, jurídico y económico" y pueden plantear "riesgos graves para la seguridad de los ciudadanos". Peligros que también puede plantear "la falta de normas comunes y armonizadas" que regulen los regímenes de residencia por inversión –es decir, como en el caso español, aquellos que permiten vivir por un tiempo determinado en un país a cambio de invertir–.

Amenazas sobre las que también ha advertido el Ejecutivo comunitario. Lo hizo, por ejemplo, en su informe de comienzos de 2019, elaborado aún bajo el mandato de Jean Claude-Juncker: "Los regímenes de ciudadanía y residencia para inversores generan varios riesgos para los Estados miembros y para la Unión en su conjunto: en concreto, riesgos para la seguridad, como la posibilidad de infiltración de grupos de delincuencia organizada de fuera de la UE, así como riesgos de blanqueo de capitales, corrupción y evasión fiscal. Los derechos transfronterizos asociados a la ciudadanía de la Unión o la residencia en un Estado miembro exacerban estos riesgos".

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No se trata de miedos infundados. En algunos países, los sistemas de Golden Visa han sido un auténtico colador. En Malta, donde fue asesinada la periodista Daphne Caruana mientras investigaba la corrupción alrededor de estos regímenes, se aprovecharon de este sistema varios oligarcas rusos incluidos por Estados Unidos en la famosa Lista del Kremlin. Las autoridades chipriotas, por su parte, también concedieron la nacionalidad a cambio de inversión al magnate ruso Oleg Deripaska, sancionado por el país norteamericano por actividades criminales, a otro empresario acusado de intentar comprar a jueces y altas figuras de Mónaco o a Rami Makhlouf, primo del presidente sirio, Bashar al-Assad.

Los escándalos alrededor de estos esquemas también han salpicado en los últimos años a Hungría, donde Atiya Khoury, un financiador del régimen de al-Assad sancionado también por las autoridades norteamericanas, logró conseguir un visado a golpe de chequera en 2014, según una investigación publicada en su día por el consorcio internacional OCCRP, del que forma parte infoLibre.

Ese mismo año, también el programa portugués de residencia por inversión se situó bajo la lupa con el estallido de la Operación Laberinto, centrada en la presunta corrupción alrededor de estos visados. En suelo luso, según una investigación publicada por el diario británico The Guardian, se lograron instalar a cambio de jugosas inversiones varios empresarios brasileños implicados en escándalos de corrupción o familiares de un político angoleño acusado de sobornos.