Bruselas pide atar corto los programas de 'Golden Visa' por los riesgos de corrupción y blanqueo

Bruselas exige a los Estados miembro más esfuerzos para combatir eficazmente el blanqueo de capitales. Y, para ello, la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa de los Veintiocho una comunicación y cuatro informes con los que se pretende ayudar a las autoridades europeas y nacionales a cortar de raíz unos flujos ilegales de dinero en suelo comunitario que podrían estar rondando los 200.000 millones de euros anuales, según los cálculos de la Oficina Europea de la Policía (Europol). Bruselas cree que ha llegado el momento de ponerse manos a la obra para solucionar de una vez por todas las “deficiencias estructurales en la aplicación de las normas” comunitarias en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, grietas evidenciadas tras el estallido de varios escándalos que han salpicado de lleno a entidades como Danske Bank, Deutsche Bank o ING, entre otras. Pero, además, alerta a los Estados miembro de los riesgos de los activos virtuales, el fútbol o las famosas Golden Visa, rendijas por las que también pueden colarse flujos de dinero ilícito.

Los documentos elaborados por Bruselas fueron presentados en rueda de prensa por el vicepresidente responsable del Euro, Valdis Dombrovskis; la comisaria de Justicia, Vera Jourova; y el vicepresidente primero del Ejecutivo comunitario, Frans Timmermans. Durante su intervención, Dombrovskis lamentó que las normas sobre blanqueo de capitales no se estén aplicando “por igual” en todos los bancos y países del club comunitario y reconoció que la Unión Europea tiene “un problema estructural” en cuanto a su capacidad “para evitar que el sistema financiero se utilice con fines ilícitos”. Jourova, por su parte, señaló que los “escándalos recientes” han puesto de manifiesto que los Estados miembro “deberían tratar esta cuestión con carácter urgente”. Casos como el del Danske Bank, por cuya filial estonia habrían circulado entre 2007 y 2015 unos 200.000 millones de euros a través de cuentas de 15.000 clientes extranjeros no residentes en el país. La mayor parte de estos fondos ha sido considerada sospechosa por las autoridades.

“Debemos acabar con todas las oportunidades que tengan los delincuentes y terroristas de abusar de nuestro sistema financiero”, dijo Timmermans, que puso de manifiesto que “existen algunas mejoras muy concretas que pueden realizarse rápidamente a nivel operativo”. La Comisión ha planteado la creación de una autoridad europea contra el blanqueo, propuesta que algunos países no ven con buenos ojos ante la posibilidad de tener que ceder competencias. Todo ello con el objetivo de frenar unos flujos de dinero sucio que no sólo circulan a través del sistema financiero. En los documentos de Bruselas, el Ejecutivo comunitario alerta de otros servicios y sectores vulnerables. Uno de ellos es el fútbol profesional, un “terreno fértil para el uso de recursos ilegales” por la “falta de transparencia” y su “compleja organización”. Pero la Comisión también pide prestar atención a los activos virtuales, productos financieros que ofrecen “anonimato” y que también son propicios para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Riesgos de seguridad, blanqueo, evasión y corrupción

Además, el Ejecutivo europeo pide atar corto los programas de Golden Visa. Unos esquemas, por los cuales algunos países del club comunitario “atraen inversiones otorgando a los inversionistas la ciudadanía o los derechos de residencia”, que han experimentado una “tendencia creciente” en los últimos años. Así, Bruselas muestra su inquietud por los “riesgos inherentes a la seguridad, el lavado de dinero, la evasión de impuestos y la corrupción”. Esta preocupación por los posibles efectos secundarios de las Golden Visa ya fue puesta de manifiesto en 2014 a través de una resolución planteada por las parlamentarias socialdemócratas Sylvie Guillaume y Kinga Göncz, que fue aprobada por mayoría absoluta de la Eurocámara y en la que se pedía a los países que tuvieran en cuenta “los asuntos penales” antes de dar el visto bueno a cualquier solicitud. Además, el pasado mes de octubre el asunto se trató ampliamente en el Comité Especial sobre Delitos Financieros, Evasión Fiscal y Elusión Fiscal del Parlamento Europeo.

Sin embargo, hubo que esperar hasta comienzos de año para que la Comisión se pronunciara oficialmente al respecto. Lo hizo a través de un amplio informe en el que señalaba que los riesgos relacionados con estos programas “se ven acrecentados por las limitaciones en la transparencia y gobernanza”. “El estudio encargado muestra que la información disponible sobre los regímenes de ciudadanía y residencia para inversores aplicados por los Estados miembro es incompleta”, recogía el documento, que también apuntaba que las amenazas relacionadas con las Golden Visa “no siempre se atenúan suficientemente con las medidas adoptadas por los Estados miembro”. A pesar de ello, el Ejecutivo comunitario espera que las modificaciones introducidas en la Quinta Directiva contra el blanqueo de capitales ayuden a tapar agujeros. La normativa, que debe transponerse antes del 10 de enero de 2020, incluye estos esquemas en el grupo de situaciones de alto riesgo, lo que obliga a los países a aplicar “medidas reforzadas de diligencia debida”.

Grietas en Hungría, Malta, Chipre o Portugal

Los múltiples avisos enviados desde las instituciones comunitarias responden a los continuos errores de filtrado que se han detectado en los últimos años. Hungría, por ejemplo, concedió en 2014 un visado al Atiya Khoury, un financiador del régimen de Bashar al-Assad sancionado por las autoridades estadounidenses. Sin embargo, no es el único personaje ligado al presidente sirio que se ha aprovechado de estos esquemas para asentarse en la UE. Rami Makhlouf, primo de al-Assad, consiguió la nacionalidad chipriota a cambio de jugosas inversiones en la isla. Como él, también se aprovecharon del programa varios oligarcas rusos y millonarios ucranianos acusados de corrupción, como por ejemplo Oleg Deripaska, sancionado por EEUU por actividades criminales. En Malta, donde la periodista Daphne Caruana fue asesinada mientras investigaba los escándalos de corrupción alrededor de estos esquemas, se concedió la nacionalidad directamente a varios magnates rusos incluidos por Washington en la famosa Lista del Kremlin.

Los controles tampoco funcionaron como deberían en Portugal, donde consiguieron instalarse por esta vía desde empresarios brasileños implicados en escándalos de corrupción hasta familiares de un político angoleño acusado de sobornos. Esto provocó que su boyante programa de residencia por inversión saltara por los aires en noviembre de 2014, cuando la Policía Judicial detuvo a once personas sospechosas de corrupción, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y malversación en el marco de la conocida como Operación Laberinto, una investigación sobre la presunta corrupción en la concesión de las conocidas como Golden Visa en suelo luso. El escándalo golpeó de lleno a altos cargos del Estado. Fueron arrestados el presidente del Instituto de Registros y Notariado, la secretaria general del Ministerio de Justicia y el director nacional del Servicio de Fronteras y Extranjeros, entre otros.

3.630 autorizaciones para inversores en España desde 2013

En la Unión Europea, el mercado de las Golden Visase lo reparten en la actualidad trece países, después de que Hungría lo suspendiese el pasado verano. Cuatro de ellos, venden directamente la ciudadanía a aquellos inversores de terceros Estados que desembolsen en sus fronteras importantes cantidades de dinero. Dentro de este grupo se encuentra Austria, donde es necesaria una inversión de entre 800.000 y 10 millones de euros en un negocio activo o en una donación a un proyecto estatal. En Bulgaria, por otro lado, es el aspirante tiene que realizar un desembolso de entre 128.000 y 307.000 euros para obtener la residencia y, un año después otro de entre 256.000 y 3 millones de euros –varía en función del tipo de inversión– para lograr la nacionalidad. En Chipre, la ciudadanía cuesta entre 100.000 y 2 millones de euros, mientras que en Malta se requiere al inversor haber residido al menos un año en la isla y realizar una inversión mínimo de 1,15 millones de euros en el país, ya sea en adquisición de bonos, acciones o inmuebles.

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Estos tres últimos países, también cuentan con programas de residencia por inversión. En este grupo, además de Chipre, Bulgaria y Malta, se encuentran en la actualidad otros nueve Estados miembro: España, Portugal, Irlanda, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Luxemburgo, Grecia y Letonia. Al igual que pasa con la nacionalidad, la cantidad mínima a invertir para conseguir un visado de residencia varía en función del país. Así, mientras que por ejemplo en Grecia tan sólo es necesario que ciudadano extracomunitario realice una inversión en bienes inmuebles por valor de 250.000 euros –a los que hay que añadir tasas que elevarían el coste final a los 300.000 euros– para tener un permiso de residencia durante cinco años, en Francia hay que desembolsar 10 millones de euros en un negocio en el país –o bien de forma personal o bien adquiriendo acciones de una empresa– que genere 50 puestos de trabajo para gozar de una Golden Visa durante diez años.

En el caso de España, este sistema emana de la Ley de Apoyo a Emprendedores y su Internacionalización, una norma que recoge en su artículo 63 los requisitos de inversión indispensables para la obtención de un visado de residencia para uno o dos años, ampliable en el caso de que la inversión se mantenga y se haya visitado España al menos una vez durante ese periodo. Barreras al alcance de pocos bolsillos: comprar propiedades por valor de 500.000 euros; acciones, depósitos bancarios o participaciones sociales de empresas españolas por valor de 1 millón; o la compra de deuda pública por valor de 2 millones de euros. También recoge la posibilidad de acogerse a este Programa de Residencia para Inversores y Emprendedores (PRIE) en caso de “proyectos empresariales” considerados “de interés general” siempre y cuando creen puestos de trabajo, se realice “una inversión con impacto socioeconómico” y que suponga una “aportación relevante a la innovación científica y tecnológica”.

Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Trabajo, facilitados el pasado mes de enero por el Gobierno al diputado del PDeCAT Carles Campuzano, desde la aprobación de la Ley de Apoyo a Emprendedores y su Internacionalización en 2013 –y hasta febrero de 2018– se han emitido en virtud de esta norma 43.863 visados y autorizaciones de residencia, de los que 20.576 fueron para los solicitantes y 23.287 para sus familias. Sólo teniendo en cuenta los que hacen referencia a los solicitantes, la mayoría se concedieron a profesionales altamente cualificados –40,9%–, mientras que para los inversores se expidieron 3.630 autorizaciones. Estas últimas permitieron que llegaran a suelo español 3.262 millones de euros vía inmuebles, activos financieros o proyectos de interés general. De los tres caminos, el que más se tomó para conseguir la Golden Visa fue el inmobiliario. Sólo por esta vía se concedieron 3.405 de las 3.630 autorizaciones a inversores y 2.550 de los 3.262 millones de euros ingresados. Ciudadanos chinos y rusos fueron, con diferencia, los que más invirtieron en inmuebles.