Reactivar ya la euroorden o esperar a la sentencia final: las vías que se abren tras el fallo sobre Puigdemont
La batalla por la extradición de los líderes independentistas del procés huidos entra en una nueva fase. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha rechazado este miércoles los recursos interpuestos por el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí contra la decisión del Parlamento Europeo de retirarles la inmunidad. El pronunciamiento supone un varapalo importante para los dirigentes de Junts. Primero, porque impacta contra sus principales líneas de defensa. Y segundo, porque despeja el camino al Supremo para volver a reclamar su vuelta a España. Al fin y al cabo, la inmunidad era el gran obstáculo que impedía cursar una nueva euroorden, algo que ahora podrá hacerse si lo solicitan Fiscalía o Abogacía.
La batalla se jugaba en un doble plano. Por un lado, la defensa del expresident de la Generalitat y sus exconsellers había puesto sobre la mesa la falta de competencia del Alto Tribunal a la hora de cursar en la Eurocámara el suplicatorio para la retirada de la inmunidad de los líderes independentistas. Y, por otro, criticaba que el procedimiento que culminó quitando dicha protección a los dirigentes independentistas había estado viciado. Entre otros motivos, alegaban que el Parlamento Europeo incurrió en error al concluir que el proceso judicial abierto en España no se incoó con la intención de dañar su actividad política y reprochaban la falta de imparcialidad del ponente que se encargó del suplicatorio al pertenecer al mismo grupo político que Vox.
Todos estos argumentos, sin embargo, han sido rechazados este miércoles por el Tribunal General de la UE. "Los suplicatorios deben ser transmitidos por las autoridades judiciales o por las representaciones permanentes de los Estados miembro", señala Luxemburgo sobre la primera cuestión. En cuanto a la segunda parte, considera que no corresponde a la Eurocámara "apreciar la legalidad de los actos adoptados por las autoridades judiciales durante el proceso" y que la "pertenencia del ponente" al grupo de los conservadores y reformistas "es en principio irrelevante para la apreciación de su imparcialidad". No obstante, el fallo recuerda que dicho diputado actuó en el marco de una comisión cuya composición "refleja el equilibrio de los grupos en el Parlamento".
La decisión de los magistrados provoca, por tanto, la pérdida de una inmunidad que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) había devuelto hace un año a los dirigentes independentistas de forma provisional a la espera de que se resolviesen los recursos interpuestos ante el Tribunal General. Una protección que se había convertido en el principal escudo para frenar la extradición a España y que ahora se viene abajo. "La decisión adoptada hace que desaparezca el gran obstáculo que impedía cursar una nueva orden europea de detención y entrega", resaltan las diferentes fuentes jurídicas consultadas por infoLibre.
A partir de aquí, se abren distintos escenarios. Con esta resolución sobre la mesa, el instructor de la causa del procés, el magistrado Pablo Llarena, puede optar por reactivar ya las euroórdenes contra los líderes independentistas. Ahora bien, eso es algo que solo puede hacer a petición del Ministerio Público o la Abogacía del Estado. "Sólo si el Ministerio Fiscal o, en su caso, la acusación particular interesara la emisión de la orden europea de detención y entrega para el ejercicio de acciones penales, podrá acordarlo el Juez, por auto motivado", se recoge en el artículo 39.3 de la Ley 23/2014. Por el momento, fuentes del Ministerio Público señalan a este diario que los fiscales aún tienen que estudiar la resolución "para analizar las posibilidades de renovación de la euroorden".
Otra posibilidad, sin embargo, pasa por que el Supremo espere unos meses más antes de dar ese paso. Al fin y al cabo, los líderes independentistas ya han anunciado su intención de recurrir el fallo de este miércoles ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y lo lógico, según las distintas fuentes pulsadas, sería que su defensa volviera a pedir como medida cautelar la restitución de la protección hasta que se resuelva sobre el fondo del asunto, que podría demorarse más de medio año. Algo que, en caso de aceptarse, podría dejar sin efecto cualquier euroorden cursada. En este sentido, hay que recordar que este mismo tribunal fue el que en su momento aceptó mantener de forma provisional la inmunidad mientras el General decidía sobre los recursos de los líderes del procés.
¿Un nuevo suplicatorio?
Gonzalo Boye, abogado de los dirigentes de Junts, ha defendido este miércoles en rueda de prensa que Llarena debería pedir un suplicatorio nuevo al Parlamento Europeo antes de cursar una nueva euroorden. En resumen, entienden que la reforma del Código Penal que entró en vigor en enero dejaría sin efecto el que se pidió hace tres años. Sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas por este diario discrepan de esa interpretación al entender que el suplicatorio se solicita por unos hechos y no por una calificación jurídica. Hechos, en referencia a la supuesta participación de los tres dirigentes independentistas en el procés, que no han cambiado a pesar de que se haya borrado del ordenamiento jurídico el delito de sedición y se haya reformado el de malversación.
En lo que sí influirá la reforma penal será en los delitos que se plasmen en las nuevas órdenes europeas de detención. Si hasta ahora se habían cursado por sedición y malversación, los nuevos pasos que se den en esta línea contra Puigdemont o Comín deberán ser por desobediencia y malversación agravada. Para algunos juristas, el hecho de que la sedición haya desaparecido del horizonte puede facilitar que las autoridades de otros países acepten las reclamaciones de entrega. En el verano de 2018, por ejemplo, la Audiencia territorial de Schleswig-Holstein rechazó entregar al expresident de la Generalitat por sedición o rebelión, pero no puso ningún problema para hacerlo por un delito de malversación.
Hay que recordar, no obstante, que Bélgica, donde reside Puigdemont, siempre ha sido una plaza difícil para conseguir la extradición de personas reclamadas por la justicia española. No obstante, el Supremo tiene aquí otra baza a su favor. A comienzos de enero, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dejó claro, en respuesta a varias cuestiones prejudiciales remitidas por Llarena, que las euroórdenes solo se pueden rechazar cuando, examinado el caso, se llegue a la conclusión de que en el Estado al que se va a enviar a una persona hay "deficiencias sistémicas o generalizadas en el funcionamiento del sistema judicial" o existan "razones serias y fundadas" como para creer que se puede vulnerar el derecho a un proceso equitativo del reclamado.
Desde el momento en el que el instructor de la causa del procés vuelva a reactivar las euroórdenes, la amenaza de detención penderá de nuevo sobre Puigdemont. Tanto en cualquier Estado de la Unión Europea como en España, donde se mantiene activa desde hace meses una orden de detención nacional contra el expresident de la Generalitat. "Hoy, evidentemente, la opción del regreso está exactamente en el mismo punto que estaba antes de la sentencia. Igual de lejos o igual de cerca", ha señalado este miércoles Puigdemont al ser preguntado por la posibilidad de volver. Lo ha hecho en una rueda de prensa convocada en la Eurocámara, en la que se ha mostrado confiado de poder remontar la nueva "situación adversa".
"Es un espaldarazo y un respaldo indudable"
El Gobierno se ha mostrado "muy satisfecho" con la decisión del Tribunal General. "Es un espaldarazo y un respaldo indudable a las instituciones y la Justicia española y también al Parlamento Europeo", ha señalado la ministra de Justicia, Pilar Llop, quien ha pedido al expresident catalán que se presente "ante la justicia". En la misma línea se ha pronunciado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien considera que el fallo hace que Puigdemont esté "más cerca" de rendir cuentas en los tribunales. "Se le paró el reloj en el año 2017 y le han dado la espalda tanto el Parlamento Europeo, como la justicia europea, como la justicia española, y sobre todo, lo más importante, le ha dado la espalda a la sociedad catalana", ha resaltado en declaraciones a los medios.
La justicia europea retira la inmunidad a Puigdemont y a los exconsellers
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También desde la oposición ven como "un paso más" la retirada de la inmunidad a los líderes independentistas. Sin embargo, en el PP han aprovechado la noticia para cargar contra el Ejecutivo central y, en concreto, contra su jefe, Pedro Sánchez. "Ya os adelanto que, si está en su mano, Sánchez indultará a Puigdemont. Lo indultará porque lo hizo con los anteriores y lo hará también si de él depende seguir atornillado en la Moncloa", ha señalado el coordinador general del PP, Elías Bendodo, durante un acto de su partido en Málaga.
Mientras tanto, desde Sumar se ha hecho un llamamiento al diálogo. "Estamos en una mejor situación ahora mismo tanto en Cataluña y en las relaciones entre las administraciones de lo que estábamos y esa es la vía a seguir. Por lo tanto, seguir apostando por el diálogo y la desjudicialización será siempre la línea de ruta que nosotros marcaremos", ha apuntado el portavoz de campaña electoral de Sumar, Ernest Urtasun.
En el independentismo catalán, por su parte, la decisión de la justicia europea ha caído como un jarro de agua fría. "Lamentamos que el TGUE no defienda a los eurodiputados en el exilio ante una decisión política para perseguir el independentismo. El tribunal confirma un suplicatorio que ya no tiene sentido porque se basa en un delito, la sedición, que ya no existe. Al lado de los represaliados siempre", ha apuntado en su cuenta de Twitter el presidente de ERC, Oriol Junqueras. "Contra la sentencia de hoy, resistencia. La lucha por los derechos fundamentales continua. Más determinados que nunca, porque este es el camino", ha señalado a través de la misma red social la presidenta de Junts, Laura Borràs.
