El futuro de las residencias tras el covid: la izquierda quiere un nuevo modelo, la derecha plantea pocas propuestas
Las residencias han sido el gran agujero negro de la crisis del coronavirus. Y no hay más que echar un vistazo a los datos para darse cuenta de ello. Solo en 2020, según el último informe elaborado por el Imserso sobre esta cuestión, perdieron la vida 25.370 residentes con covid-19 o síntomas compatibles con el virus. Es decir, que casi la mitad de las personas que perdieron la vida en pandemia durante aquel año –alrededor de 51.000– eran usuarios de estos centros sociosanitarios. Una realidad que, entre otras cosas, puso de manifiesto la debilidad de un sistema residencial sobre el que las familias ya venían alertando desde mucho tiempo antes.
Ahora, tres años después, el país se encamina hacia los primeros comicios generales tras la catástrofe de las residencias. Y los programas de las principales formaciones políticas –PSOE, PP, Vox y Sumar– reservan algunas medidas centradas en la atención a las personas mayores. La izquierda, fundamentalmente, plantea avanzar hacia un cambio de modelo en el que las residencias empiecen a parecerse mucho más a un hogar, frente a unas derechas que no proponen nuevos enfoques sobre un sistema al que durante la crisis del coronavirus se le han visto las costuras. Como mucho, se pone sobre la mesa una "revisión" del actual modelo y unas cuantas propuestas de mejora que adolecen de falta de concreción.
Cambio de modelo
Los programas de las formaciones ubicadas a la izquierda del espectro ideológico son los que hacen hincapié en la necesidad de reformar el actual modelo residencial. Los socialistas plantean avanzar "hacia un modelo que se parezca lo máximo posible a un hogar", con "unidades de convivencia más reducidas", accesible y adaptado a las necesidades de personas mayores y dependientes. En la misma línea se posiciona el de Sumar, donde apuestan también por organizar las residencias en "unidades de convivencia" donde las personas "disfruten de una vida digna y donde se les respete la libertad de las decisiones que afectan a sus vidas".
Los socialistas dedican también unas líneas a las opciones alternativas a estos centros sociosanitarios. Así, prometen "profundizar" en "nuevos modelos de convivencia y cuidados de larga duración en edades avanzadas" y proponer "servicios de apoyo comunitarios innovadores que puedan contribuir a sostener vías alternativas a la institucionalización". Los de Yolanda Díaz, por su parte, plantean evitar que el sistema empuje a las personas mayores a las residencias y, para ello, proponen aprobar e implementar la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización o aumentar la financiación estatal de la atención a la dependencia. "Queremos que las personas mayores puedan vivir en casas, en sus barrios y en sus pueblos con variedad de opciones y capacidad de elección idénticas al resto de la población", señala.
Un cambio de modelo que ni siquiera se desliza en los programas electorales de derecha y ultraderecha. Vox, la formación más escueta en lo que a propuestas de este tipo se refiere, se limita a plantear "una revisión" del sistema residencial, especialmente el de titularidad pública, "para mejorar protocolos, servicios y equipamientos". Algo que ni siquiera pone sobre la mesa el PP, que simplemente promete, en términos generales, "la creación de más recursos residenciales para las personas mayores, como las viviendas compartidas, las viviendas con servicios comunes y otras modalidades de habitabilidad que incorporen servicios de apoyo y cuidado".
Oferta residencial
En Sumar, por su parte, también apuestan por priorizar lo público frente a lo privado en este ámbito. De ahí que propongan reforzar la implicación "pública" en el modelo de provisión de cuidados y apoyo a las personas mayores. "Acabaremos progresivamente con la concertación con el sector privado mercantil, potenciando los servicios públicos e integrando en la red pública a las empresas de la economía social", recoge la coalición de izquierdas que lidera la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo en su capítulo "Envejecer con autonomía y seguridad" de su programa electoral.
También en las filas socialistas plantean dar un impulso a la oferta residencial por la vía de lo público. Así, el PSOE se compromete a promover "la construcción de nuevos centros residenciales públicos para personas en situaciones de mayor dependencia" en el marco de las políticas de vivienda fomentadas desde el Ejecutivo. "Se trataría de aprovechar el impulso público de construcción de viviendas y edificaciones para favorecer también proyectos de centros residenciales públicos de diferente naturaleza", recoge el programa socialista. Ahora bien, el documento del PSOE no concreta cuántos nuevos centros se levantarían ni cuántas nuevas camas estarían a disposición de quienes más las necesitan.
La extrema derecha también promete en su programa un aumento de plazas residenciales. Pero tampoco dice ni cuántas ni si serán públicas. "Cuidaremos a nuestros mayores y a nuestros dependientes. Frente a la cultura de la muerte y del descarte, garantizaremos para nuestros mayores y dependientes el cuidado, la dedicación y las atenciones que merecen, reforzando las partidas a la dependencia, las ayudas para el cuidado en el hogar, el apoyo a familiares a cargo, aumentando las plazas en residencias y los programas de atención a la soledad no deseada", recoge el punto 122 de su programa electoral.
El PP, por su parte, no hace mención alguna a aumentos de plazas residenciales. O, al menos, no de forma textual, como sí hacen sus rivales. "Promoveremos una oferta de atención social amplia y libertad de elección para las personas mayores con el fin de que puedan optar a los recursos asistenciales que más se adecúen a sus necesidades y preferencias", señalan los conservadores en su lista de promesas para los comicios del 23J, en la que también hablan de "favorecer" la "creación" de "más recursos residenciales para personas mayores". De nuevo, sin detallar números.
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Más allá del cambio de modelo y el incremento de la oferta, el programa de Sumar también pone sobre la mesa algunas otras propuestas en materia residencial. Así, plantea revisar "urgentemente" las normativas de los geriátricos para que garanticen "unas condiciones de vida dignas". "Deberán acreditar una calidad asistencial adecuada, ratios suficientes de personal de atención –sin concretar más–, condiciones higiénicas y sanitarias óptimas y un proyecto sociosanitario sólido", recogen los de Yolanda Díaz, que también prometen establecer "nuevos mecanismos rápidos y eficaces de inspección y sanción" que aseguren "el cumplimiento riguroso de la normativa".
En particular, la coalición electoral pone el foco sobre el cumplimiento de lo que se bautizó como Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Aquel documento, alumbrado por el Ministerio de Derechos Sociales, establecía que ninguna residencia puede superar las 120 plazas, un máximo que baja a 90 en aquellas zonas "de densidad intermedia" y a 75 en zonas rurales. En cuanto a las unidades de convivencia, entendiendo como tal aquellos espacios reducidos que pretenden reproducir la estructura y el funcionamiento de un hogar, no deben superar las 15 personas. No obstante, algunas comunidades como Madrid, Galicia o Murcia, todas en manos del PP, se resisten a trasladar a sus normas algunas de las directrices recogidas en el acuerdo.
La propuesta de Sumar en materia de residencias, además, apuesta por la creación de "consejos de residentes y familiares" a través de los cuales se pretende controlar "el cumplimiento del marco normativo y la calidad de la atención". Y por un plan de choque de inversión para adaptar espacios públicos, con especial atención en escuelas y residencias, a las olas de calor. "En colaboración con los municipios, incluirá espacios de interior y exterior (reverdecimiento, sombras, fuentes, aires acondicionados) y la creación de una red de refugios climáticos de amplia cobertura", recoge el programa, en el que también se apuesta por la "progresiva retirada" de alimentos no saludables tanto en escuelas como en espacios de acceso a colectivos vulnerables, entre ellos las residencias.
