Los contratos temporales públicos permitidos por la reforma laboral para fondos de la UE aumentan a 35.000

El resquicio de la reforma laboral –su disposición adicional quinta– que permite a las administraciones públicas suscribir contratos temporales siempre que estén “asociados a la estricta ejecución del Plan de Recuperación” y “sólo por el tiempo necesario para la ejecución” de estos proyectos se ha traducido en un total de 34.785 de estos contratos desde mayo de 2022 hasta el pasado mes de julio. Según las estadísticas del Servicio Público de Empleo (SEPE), que ha creado un epígrafe específico para ellos –“Financiación de Fondos Europeos”–, de mayo a diciembre de 2022 se firmaron 22.402 de estos contratos temporales, y entre enero y julio de este año, 12.383 más.

Los 140.000 millones de los fondos europeos concedidos a España para salir de la pandemia suponen un enorme desafío de gestión para unas administraciones menguadas en recursos humanos tras años sin tasa de reposición ni concursos para rejuvenecer –sólo el 8,5% de los empleados públicos tiene menos de 30 años– y aumentar plantillas. Miles de proyectos, licitaciones y expedientes deben ser tramitados y resueltos por un número insuficiente de funcionarios. La Administración General del Estado ha perdido el 13,5% de sus empleados desde 2010, de acuerdo con los datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas que elabora el Ministerio de Política Territorial.

De forma que, pese a que la reforma laboral se marcó como objetivo el combate contra el abuso de la contratación temporal, también en el sector público, ésta sólo ha bajado 1,3 puntos porcentuales en un año en las administraciones, mientras que en las empresas privadas se ha recortado en seis puntos, de acuerdo con los datos de la Encuesta de la Población Activa (EPA): en el segundo trimestre de este año la tasa de temporalidad es del 31,1% en la Administración pública, pero del 13,9% en el sector privado. El Gobierno se comprometió por ley a rebajar la tasa de temporalidad pública hasta el 8% antes de fin de 2024, un objetivo que a día de hoy parece poco menos que inalcanzable.

Contratos más largos

De momento, los contratos para gestionar los fondos europeos crecen a buen ritmo, a razón de unos 2.000 cada mes. En 2022, el 44,2% –9.908 contratos– tenía una duración de tres a seis meses, pero un 20,8% no duraban más de siete días. Este año, el grupo más numeroso es el de los que se prolongan más de un año, el 32,6% –4.037–, mientras que los ultrabreves de menos de una semana se han reducido a un 18,2% –2.258 contratos–. La reforma laboral castiga los contratos de duración inferior a 30 días con un recargo en las cotizaciones que la empresa paga a la Seguridad Social, precisamente en un intento por desincentivar este empleo ultrabreve e hiperprecario, al menos en el sector privado.

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En 2023 no sólo se están ofreciendo contratos de mayor duración, sino también más prórrogas de los ya firmados: 554 por sólo 298 el año pasado. Pero la mayoría, 316, prolongaron los contratos sólo hasta tres meses. De más de 24 meses sólo se suscribieron dos prórrogas, y otras cuatro entre 18 y 24 meses. El 92,3% de los contratos en 2022 fue de jornada completa, el 87,8% en lo que va de 2023.

Ingenieros, matemáticos

Además, el 56,6% de estos contratos temporales están destinados este año a trabajadores con estudios superiores, de segundo ciclo –máster– o tercero –doctorado–, cuando en 2022 eran sólo para el 34,6%. La mayor parte de los empleados por las administraciones son físicos, químicos, matemáticos o ingenieros, el 26,7% este año y el 16% en 2022, pero mientras en 2022 el segundo grupo por el número de contratados eran los peones de la construcción y personal de limpieza –un 9% cada uno de ellos–, este año sólo se han empleado a 788 de estos trabajadores, el 6,3%. También ha aumentado el número de directores de departamento, que han pasado de 60 a 151. Los contratados son jóvenes: el 35,7% tiene entre 25 y 29 años este año, el 24,3% en 2022. Y casi se emplea al mismo número de hombres –51%– que de mujeres –49%–.

Andalucía se llevó el año pasado casi la mitad –el 49,6%– de los contratos temporales relacionados con el Plan de Recuperación, 11.046, seguida de la Comunidad de Madrid a gran distancia, 3.275, el 14,6%. En 2023, aunque Andalucía sigue siendo el territorio donde más se han creado estos empleos, su número ha sido mucho menor, 2.513, el 20,3% de los contratos, apenas por delante de los 2.353 que se han firmado en Madrid.