La exigencia constitucionalista del PP ignora la propuesta de Vox de desmantelar el Estado autonómico

“A ver, niños de la izquierda histérica: hay una gran diferencia entre pactar con VOX, q respeta la Constitución, o pactar con quienes quieren destruirla”. Fue hace menos de un mes cuando el diputado del PP Rafael Hernando, portavoz parlamentario del grupo hasta 2018, publicó en Twitter –ahora se llama X– el mensaje que abre este texto. En referencia inequívoca a los independentistas, el texto de Hernando pone el acento en un debate que ocupa el centro del tablero tras exigir Junts que a cambio de apoyar la investidura de Pedro Sánchez se dicte amnistía para los involucrados en el referéndum ilegal de 2017.

La constitucionalidad o inconstitucionalidad de una eventual ley de amnistía se ha convertido en almendra central de un debate que deja al margen una faceta de los pactos entre PP y Vox, que ya han facilitado a la formación ultraderechista su integración en gobiernos autonómicos o locales de territorios donde reside uno de cada cuatro españoles. Lo que la discusión sobre el perdón y borrado de condena que reclama Junts como condición indispensable para apoyar la investidura de Pedro Sánchez ha expulsado del mapa visible es que Vox abomina de la Carta Magna en cuestiones clave.

Una de ellas, engarzada en última instancia con el conflicto catalán y si es posible su desjudicialización, es la propia estructura del sistema –el Estado autonómico– o la existencia legal y avalada por el Tribunal Constitucional de organizaciones políticas que “persigan” la “destrucción” de la “unidad de España”. En este caso, las comillas proceden del proyecto de ley de ilegalización de partidos independentistas que en septiembre 2020 Vox llevó sin éxito al Congreso. El líder de Vox, Santiago Abascal, había anunciado meses antes que, de aprobarse, la norma no afectaría solo a los impulsores del procés, ERC y Junts, o a Bildu, sino "a todos los partidos que pretendan la destrucción de la unidad nacional". Si el PNV y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) también persiguen ese objetivo –aseguró Abascal–, la ilegalización les afectaría igualmente.

Aquel plan de ilegalización anunciado por Abascal en enero de 2020 se hizo un hueco en los medios de comunicación. Pero Vox fracasó. Y se quedó solo: la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) –y así lo subrayaron portavoces de todos los grupos parlamentarios, incluido el PP– choca con la idea de dejar fuera de la ley a quienes no se adhieran sin fisura a todos los preceptos de la Carta Magna. Cinco años más tarde, en febrero de este año, la extrema derecha lo intentó de nuevo. Esta vez, lo que Vox propuso –y volvió a quedarse solo– fue la celebración de un referéndum y modificar la Ley de Partidos para hacerlo posible.

Una vez que la dirección del PP ha abierto la puerta del diálogo con Junts en busca de los cuatro votos que necesita para lograr la investidura de Alberto Núñez Feijóo, Vox ha optado por el silencio. La advertencia, lanzada el 11 de agosto por su secretario general, Ignacio Garriga, de que Vox no apoyará "ninguna ecuación donde esté el separatismo" no se ha repetido. Según elindependiente.com, en sus filas hay división respecto al apoyo a un PP dispuesto a negociar con la formación del fugado Carles Puigdemont, a la que un alto dirigente del equipo de Feijóo como es el vicesecretario Esteban González Pons define ahora así: "Junts es un grupo parlamentario que, al igual que Esquerra, más allá de las acciones que cuatro personas, cinco, diez, las que fueran, llevaran a cabo, representan a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda”.

Devolución de competencias

Pero el atrincheramiento de Vox en sus propuestas para ilegalizar siglas cuyo ideario no defienda la unidad de España y para dinamitar el Estado de las autonomías no le ha pasado factura con el PP, al que ha prometido sus votos para auparle al Gobierno. De hecho, ha permanecido soterrada la paradoja de cómo la única formación parlamentaria cuyo programa electoral de julio mantenía la promesa de un país centralista y la exigencia de que las comunidades devuelvan de forma “inmediata” al Estado “las competencias en Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia” forma parte junto con el PP de cuatro Gobiernos autonómicos, así como de los Consejos Insulares de Baleares. Solo esas cinco comunidades, y sin contar la población de ciudades como Móstoles, Alcalá de Henares, Ciudad Real, Toledo o Guadalajara, suman según el INE 11,27 millones de habitantes.

“Limitaremos en todo lo posible –se lee en el citado programa para los comicios generales– la capacidad legislativa autonómica para terminar con 17 sis­temas normativos distintos y pondremos en marcha todas las medidas necesarias para garantizar la igualdad y los de­rechos de todos los españoles”. En Aragón, la cuarta comunidad donde el bloque de derechas pactó un gobierno de coalición –esta vez, tras el 23J–, es el jefe regional de Vox, Alejandro Nolasco, quien ostenta la Vicepresidencia Primera. Entre las áreas bajo su control se cuenta Justicia.

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El distanciamiento de Vox respecto al espíritu y la letra de la Constitución va más allá del artículo 2, el que tras precisar que la norma “se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española” asegura “el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. Y así, otro ejemplo de la brecha entre el núcleo duro de su discurso y la Ley Fundamental redactada por consenso en 1978 se localiza en las 19 propuestas que Vox trasladó al PP en enero de 2019 para garantizar su apoyo a la investidura de Juan Manuel Moreno como presidente de Andalucía. Entre aquellas 19 propuestas figuraba la de suprimir las subvenciones a “asociaciones y ONG ideológicas”. Tal postulado, afirmó entonces en declaraciones a El País el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago Roberto Blanco, vulnera el principio de igualdad (artículo 14 de la Constitución) y el propio artículo 1, que consagra el pluralismo político como valor esencial.

En su programa para las elecciones generales del pasado 23 de julio, Vox mantuvo intacta la propuesta de eliminar las subvenciones públicas a partidos y sindicatos y dejar su financiación en manos privadas. Respecto a las asociaciones, ya había desalojado del texto la promesa de privar de ayudas a las asociaciones “ideológicas” y limitaba el castigo a aquellas que “persigan la destrucción de la unidad territorial de la nación y de su soberanía”, a las de carácter “ecologista radical” que “ataquen a nuestro sector primario” y a las que destinen “sus fondos a promover o ayudar a la inmigración ilegal”. Para entonces, y como desveló infoLibre en enero, la ONG creada, gobernada y tutelada por Vox, la Fundación Disenso, había engrosado sus finanzas con cinco millones donados por el partido, que a su vez nutre sus cuentas con dinero público. Según eldiario.es, Vox obtuvo en 2022 más de nueve millones de dinero público. Esa cifra representa –asegura el mismo medio– el 60% de sus ingresos.

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