Que una víctima nunca vaya sola a recoger sus cosas: la medida de Igualdad ante el repunte de feminicidios

En lo que va de año, 42 hombres han acabado con la vida de mujeres con las que habían mantenido una relación de pareja. El verano ha concentrado el grueso de los crímenes machistas hasta hoy, lo que ha activado las alertas del Gobierno. Este lunes, el Ministerio de Igualdad ha celebrado un nuevo comité de crisis, el órgano que se reúne con las comunidades autónomas cuando existe una concentración de cinco feminicidios o más en el periodo de un mes. Entre junio y agosto, la violencia machista se llevó por delante la vida de diecinueve mujeres. Y en lo que va de septiembre, ya son dos las mujeres asesinadas. Una de las principales propuestas que sale del encuentro institucional tiene que ver con el acompañamiento: que ninguna víctima tenga que ir sola a recoger sus cosas cuando decide dar portazo a la violencia.

El objetivo principal del comité es el de analizar cada uno de los asesinatos para determinar qué falló y qué es lo que se podría hacer en adelante para evitar los crímenes. "Tenemos las herramientas, tenemos el diagnóstico; necesitamos las diligencias y llegar a tiempo", expresó el lunes la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez. 

En ese diagnóstico, el Ministerio de Irene Montero encontró un elemento clave: el riesgo durante el proceso de ruptura con la violencia. Es, tal y como han estudiado los expertos en la materia, uno de los momentos más peligrosos dentro del ciclo de la violencia. Y en ese contexto, el comité de crisis se ha centrado en un instante muy preciso: cuando la víctima decide emanciparse y acude a casa de su agresor para recoger sus cosas. Dos de los feminicidios analizados se produjeron precisamente con ese telón de fondo.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, destacó que muchas de las víctimas acuden al hogar a recoger sus enseres acompañadas por hijos o amistades "como única garantía". Lejos de ser un escudo, hacerlo acaba en algunas ocasiones de la peor forma posible. También para el acompañante. Un caso paradigmático fue el de Marina Okarynska, asesinada por su expareja, Sergio Morate, durante el verano de 2015. El mismo agresor acabó también con la vida de Laura del Hoyo, la joven que acompañó a su amiga a recoger sus pertenencias a la casa de Morate. 

Igualdad propone ahora que las mujeres que pasen por este proceso lo hagan con todas las garantías. "Creemos que puede ser un factor de riesgo y tiene que haber un acompañamiento de las instituciones", detalló Rodríguez. La fórmula, afinó la delegada, sería similar a la que ya se pone en marcha cuando existe una orden de protección. "Cuando la orden de alejamiento es judicial y alguien tiene que recoger los enseres, se expiden oficios para que un policía de paisano acompañe a la mujer", detalló. Igualdad no cree necesario esperar a que medie una denuncia, sino que propone desarrollar este mecanismo para que esté a disposición de cualquier víctima. Rosell auguró, durante la rueda de prensa, una alta demanda del recurso en cuanto se implemente y las víctimas estén informadas de su existencia.

Control de armas y vivienda pública

El análisis institucional no se ha detenido únicamente en la mudanza como elemento de especial riesgo para las víctimas, sino que existen otros muchos factores que preocupan al comité de crisis. Se ha mirado con lupa el riesgo que entraña el embarazo, un factor que debe ser tenido en cuenta en todos los ámbitos, también la intervención social, por constituir un momento de especial vulnerabilidad. El comité ya estudió en reuniones anteriores las implicaciones del embarazo en un contexto de maltrato.

Por otro lado, el Ministerio de Igualdad insistió en integrar una "mirada de género en lo que tiene que ver con las mujeres migrantes", con especial ahínco en el proceso de "reagrupación familiar".

Y, una vez más, las autoridades creen necesario repensar el proceso de renovación de las licencias de armas. "Se tiene que hacer una revisión con perspectiva de género de estas licencias, puesto que las estadísticas son preocupantes", señaló Rodríguez. Tres de los asesinatos registrados en verano fueron cometidos por agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

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Otras de las características estudiadas atienden a cuestiones como la salud mental o las adicciones. Entre las víctimas de los últimos feminicidios, se encontraban mujeres cuyo consumo de estupefacientes suponía una barrera a la hora de acceder a determinados recursos especializados. Otras, según detalló el equipo de Irene Montero, seguían tratamientos por "depresiones severas", lo que requiere de un "seguimiento" constante que debe estar atravesado por la perspectiva de género y la detección temprana en casos de violencia.

Igualmente, "la pobreza es un factor de riesgo crucial" para el que urge poner soluciones. Rodríguez y Rosell destacaron, por ejemplo, el acceso prioritario a la vivienda pública, pues el "techo compartido con el agresor sigue siendo un problema". Esta propuesta en realidad ya se trazó en comités anteriores, pero son las comunidades las que deben ponerla en marcha, según destaca Igualdad. "Este comité tiene sentido en tanto que todos los actores nos tomamos en serio las medidas que se ponen encima de la mesa", subrayó Rodríguez.

Finalmente, la estadística revela que es urgente atender a las víctimas de edad avanzada: "Tenemos unas cifras muy preocupante", observó Rodríguez. El principal problema es que las víctimas mayores no siempre acceden a los recursos que tienen a su disposición, por falta de información o por las barreras que encuentran en el proceso. Una situación que se agrava cuando existe algún tipo de deterioro físico o cognitivo. En ese sentido, el análisis se detuvo en una de las víctimas, una mujer con Alzhéimer. "Esta no es la primera vez que analizamos circunstancias parecidas. Los servicios de ayuda a domicilio o similares tienen que estar especializados en violencia de género", remarcó la secretaria de Estado.