Un total de 120 ciudades están en proceso de tener zona de bajas emisiones y otras 17 ni se lo plantean
La creación de zonas de bajas emisiones (ZBE) en España ha sido hasta ahora un fracaso. El pasado 1 de enero debían tener restricciones a vehículos contaminantes un total 151 ciudades de España, y a día de hoy solo tienen 14. Pero poco a poco la situación se corrige y ya hay 120 municipios en proceso de poner en marcha estas zonas, según ha confirmado el Ministerio de Transición Ecológica a infoLibre. Por lo tanto, al mismo tiempo hay otras 17 ciudades que ni siquiera han iniciado el proceso. El nombre de estos ayuntamientos que han hecho caso omiso a la Ley de Cambio Climático por ahora no ha trascendido, pero se hará público el lunes, cuando el Gobierno estrenará un mapa que recogerá todas las ZBE de España.
Las ciudades de más de 50.000 habitantes con ZBE son: A Coruña, Badalona, Barcelona, Córdoba, Cornellá del Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat, La Línea de la Concepción, Madrid, Pamplona, Pontevedra, Rivas-Vaciamadrid, Sant Cugat del Vallés, Sevilla y Zaragoza. También hay tres ciudades de entre 50.000 y 20.000 habitantes con estas restricciones: Esplugues de Llobregat, Sant Adrià de Besòs y Sant Joan Despí. En total son 17 las urbes que tienen ZBE en España.
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, reconoció este jueves, durante el acto Juntos por un aire limpio, que la situación "es mejorable", pero que tampoco tienen capacidad para castigar a ese 90% de municipios que todavía no restringen el paso de coches y furgonetas contaminantes. "No hay sanciones entre administraciones. Sí puede haber un descuento de las transferencias de presupuestos en caso de que eso signifique un traslado de costes a otra administración, pero sería muy complicado", dijo durante un coloquio sobre calidad del aire. Lo que sí reiteró es que su ministerio apoyará a los municipios que necesiten ayuda a la hora de implementar las ZBE.
En la mesa redonda también estuvo presente María José Rallo, secretaria general de Transportes y Movilidad, y se dirigió a todos los nuevos alcaldes del PP y Vox elegidos en mayo que han anunciado que acabarán con proyectos ya aprobados de carriles bici, calles peatonales o zonas de bajas emisiones. "En el Ministerio de Transportes actuaremos de acuerdo a la normativa. Si se han comprometido a construirlo, deberán acabarlo en tiempo y forma, y mantenerlo durante al menos cinco años. Y si no tendrán que devolver el dinero", afirmó.
Se refirió así a ayuntamientos que en su día, con otro alcalde, pidieron a Transportes dinero para acometer estas obras que ahora quieren revertir. Y no es poco. En total se han subvencionado actuaciones de municipios por 1.500 millones de euros. "Son decisiones frívolas porque además dejarán un agujero en las cuentas de los municipios. Espero que impere la sensatez", añadió Rallo.
La Ley de Cambio Climático recoge que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes debían tener "antes de 2023" zonas de bajas emisiones. También los municipios de más de 20.000 vecinos que tuviesen problemas de contaminación. En diciembre de 2022 se aprobó también un real decreto que concretaba el funcionamiento de las ZBE para facilitar que todos los municipios tuvieran un sistema similar.
Con esta medida se pretende luchar contra una de las principales causas de muerte en España. Si los accidentes de tráfico causan algo más de 1.000 víctimas en el país cada año, la Agencia Europea de Medioambiente estima que anualmente mueren de forma prematura en España 20.000 personas por la contaminación atmosférica, mientras que la OMS las cifra en unas 12.000. José Antonio Plaza, del Instituto de Salud Carlos III, afirma que exposición a las partículas NO2 mata cada año en España a 6.200 personas, las PM2.5 a 2.600 y el ozono a 400. Las cifras difieren porque cada organismo tiene su propio sistema matemático de estimación.
Cristina Linares, investigadora de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, estuvo presente este jueves en la charla y reiteró la importancia de reducir las emisiones de partículas en las ciudades. "Cualquier reducción de la contaminación se traduce automáticamente en una mejor salud de las personas. Es una mejora lineal y sin umbral mínimo", señaló la bióloga.
A esto se suma que el cambio climático aumenta la presencia de ozono, polvo subsahariano y carbonilla (debido a los incendios) en las urbes. La experta en salud pública recordó además que quienes viven en ciudades con menos vehículos viven más años: "El código postal es más importante que el código genético. El lugar donde creces y vives es indispensable para tener una vejez con menos enfermedades".
El informe de calidad del aire de España de 2022, publicado el pasado julio, recoge paradójicamente que España cumple con casi todos los límites de contaminación fijados en la directiva de Calidad del Aire de la UE de 2008. Pero esos valores fijados hace más de una década han quedado ya obsoletos y los españoles respiran cada día aire perjudicial para la salud. Estas partículas provocan a la larga enfermedades respiratorias y circulatorias, afecta al feto en embarazadas, está relacionado con la demencia e incluso puede provocar diferentes tipos de cáncer.
Estos datos evidencian que la directiva europea de Calidad del Aire no evita que los ciudadanos sufran las consecuencias de la contaminación. De hecho, la OMS actualizó en 2021 los baremos que la organización considera seguros para la población, a modo de guía para los gobiernos, y recortó drásticamente los niveles máximos de contaminantes hasta cifras mucho menores que lo que recoge la directiva europea vigente. Tanto en los valores tope de dióxido de nitrógeno (NO2), como de ozono y micropartículas PM2.5 y PM10, la OMS recomienda cifras muchísimo menores que la directiva de la UE.
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Por ejemplo, en las PM2.5, la guía de la OMS fija un máximo anual de 5 microgramos por metro cúbico de aire, mientras que la normativa de 2008 son 25 microgramos. Precisamente la UE negocia este año una revisión de la directiva de Calidad del Aire –con España como presidente del Consejo de la UE– y los políticos deben decidir si abrazan las recomendaciones de la OMS o fijan objetivos menos ambiciosos. Todo esto en medio de una guerra política europea en la que la extrema derecha gana peso y arrastra al Partido Popular Europeo al populismo, como ocurrió con la negociación por la Ley de Restauración de la Naturaleza.
El Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta que seguirá España esta década para reducir la contaminación, ya contempla entre otras medidas que en 2030 circularán en España cinco millones de coches eléctricos, mientras que ahora hay unos 300.000. De alcanzarse esa cifra, que el sector pone en duda, se reducirían drásticamente las emisiones en las ciudades, aunque no por completo. Las partículas PM2.5 también se generan por el contacto entre las ruedas y el asfalto y en los discos de freno de los vehículos.
Mikel González, del Basque Centre for Climate Change, trabajó con el MITECO en la revisión del PNIEC esta primavera, y su equipo calculó que en 2030 la reducción del tráfico contaminante en las ciudades reducirá las partículas finas y los óxidos de nitrógeno en el aire de las urbes más de un 50%. "Hemos estimado que en 2030 la mortalidad prematura ligada a la contaminación hasta los 6.077 fallecidos al año", afirmó González a infoLibre en junio.
