Un juzgado ve indicios de delito en el negocio de las visitas a Doñana y ordena una investigación policial

Con Doñana en el ojo del huracán por el deterioro de sus ecosistemas y la pérdida de su plaza en la lista verde global, un juez aprecia ahora indicios de delito en la gestión de las visitas guiadas al parque por parte de la empresa responsable de este servicio. Así lo recoge un auto del juzgado de primera instancia e instrucción 2 de La Palma del Condado (Huelva), al que ha tenido acceso infoLibre y que señala que los hechos detallados en una denuncia por "delito fiscal" presentada por uno de los socios de la cooperativa concesionaria de las visitas a la joya natural "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". Aun no ha sido llamado nadie a declarar ni hay nadie con condición de investigado.

Como publicó este periódico en septiembre, el caso arranca con una denuncia presentada en julio contra la cúpula de la empresa que gestiona desde hace más de 40 años las visitas a Doñana, alertando de un cúmulo de supuestas irregularidades, entre ellas la ocultación de visitantes –y por tanto de ingresos– a la Junta de Andalucía, los traslados de turistas entre Cádiz y Huelva sin permiso, la reducción mediante engaños del canon a pagar por la concesión y el reparto de dinero negro.

El juzgado, que en un auto fechado en octubre recalca que a estas alturas del procedimiento no están determinadas la naturaleza de los hechos, ordena a la Policía Judicial que los esclarezca, con especial hincapié en dos zonas oscuras:

1) La posible "falsificación" del número de visitantes diarios al parque, con la "obtención de ingresos indebidos" en caso de que se haya producido.

2) El posible "abono de salarios no declarados" junto con una "estimación de la cuota fiscal presuntamente defraudada".

infoLibre ha tratado de incorporar a esta información la versión de la cooperativa Marismas del Rocío, contactando tanto con la propia compañía como con sus dirigentes denunciados. Pero no hubo respuesta. Marismas del Rocío es una empresa emblemática, responsable de un servicio aún más emblemático, que incluye no sólo las visitas guiadas sino también la cafetería en el centro de visitantes y la tienda de recuerdos. "Somos los únicos con los que visitarás todos los ecosistemas de Doñana", anuncia la empresa en una web llena de fotos de distintos paisajes, aves y mamíferos. La cooperativa cuenta con el aval expreso de la Junta de Andalucía, que la publicita en su portal turístico.

La Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía (PP) explicó en septiembre a este periódico que el director y el gerente del Espacio Natural de Doñana, Juan Pedro Castellanos y José Juan Chans, respectivamente, habían "tenido conocimiento de desavenencias" entre socios de la cooperativa, sin que "en ningún caso" ningún implicado hubiera comunicado la "posible existencia" de delitos. "La única acción de mediación ha consistido en pedirles seriedad, sentido común y absoluta transparencia", señalaba entonces el departamento que dirige Ramón Fernández-Pacheco (PP), con competencias sobre la gestión de Doñana. La denuncia se producía cuando la concesión a Marismas del Rocío de las visitas estaba caducada y la consejería trabajaba "desde hace meses" en una "nueva licitación" para sacarla antes de final de año. Este periódico ha preguntado ahora a la Junta en qué había quedado aquella voluntad de la nueva licitación, sin respuesta.

La denuncia de un socio

La denuncia lleva la firma de Juan Valladolid, trabajador y socio de la cooperativa Marismas del Rocío. Los hechos narrados son respaldados por otros cuatro socios, que Valladolid propone como testigos. La denuncia se dirige contra la sociedad, con sede en la aldea de El Rocío, en Almonte (Huelva), así como contra su presidente, Fernando Rodríguez; su vicepresidente, Gonzalo Dorado; y su secretario, Sebastián López, como máximos responsables de la cooperativa. Ninguno de ellos figura a estas alturas del procedimiento como investigado en la causa. Tampoco ha sido llamado nadie a declarar.

Juan Valladolid, que trabaja como "guía-conductor" en la empresa desde 1982, exponía en su denuncia cómo empezó a detectar posibles irregularidades en la cooperativa, que aún están pendientes de su hipotética ratificación. En primer lugar, su salario mensual legal bajó en 2015 de 2.090 euros netos a 1.500, pasando el resto a ser abonado en mano. Es decir, en un sobre, en B, en dinero negro, siempre según su relato tanto en la denuncia como en declaraciones a infoLibre. El denunciante aportaba como documento un listado de trabajadores de la cooperativa en el que se recogía el sueldo por "transferencia" y el extra "líquido" o "efectivo" de cada uno.

La cantidad mensual en "efectivo" en uno de los meses recogidos ascendía a 12.680 euros repartidos entre 23 trabajadores, según este documento. Hay abonos en "efectivo" contabilizados de hasta 815 euros a un solo trabajador. Además, el denunciante entregó fotografías de varios sobres en los que supuestamente se abonaba el dinero e imágenes para acreditar transferencias realizadas por un trabajador que se enviaba a su propia cuenta las cantidades recibidas en mano. La denuncia no particularizaba quiénes son los responsables concretos de estas presuntas irregularidades detectadas en 2015.

Valladolid narraba un episodio que lo llevó a advertir un supuesto reparto de dinero negro en cantidades superiores a las que conoció directamente. Tuvo lugar en 2016 –según el denunciante–, cuando un grupo de trabajadores, que habían recibido un sobre con 100 euros por la asistencia a una asamblea, comprobaron que en varios sobres en realidad había 2.000 euros, que se les hizo devolver al advertir el "error". El episodio hizo sospechar a Valladolid que se habían producido repartos de dinero negro en cantidades mayores a las abonadas en sobres a la mayoría de los socios. Valladolid no ha particularizado quién podría haber recibido estas supuestas cantidades.

El denunciante afirmaba además en septiembre que los pagos en negro no se habían detenido, aunque señalaba que tanto él mismo como los cuatro socios que llamaba como testigos habían dejado de percibir complementos en líquido como consecuencia de haber expresado sus discrepancias sobre la gestión.

Más de cinco años de conflicto

Las denuncias en el seno de la cooperativa acumulan ya más de cinco años, como acredita la documentación aportada por Valladolid, que expuso cómo cuatro socios, entre ellos él mismo, se negaron a respaldar ya en la asamblea general de julio de 2018 las cuentas del año anterior por existir "graves irregularidades contables". Como resultado de sus reclamaciones, la asamblea aprobó dos meses después la realización de una auditoría del ejercicio 2017, encargada a una empresa por 4.950 euros más IVA con "fecha máxima de entrega" en marzo de 2019, según el acta aportada. La denuncia aseguraba que la auditoría no se había llegado a culminar.

El relato de hechos en la denuncia detallaba varios intentos por parte del denunciante y otros socios de conocer el resultado de la auditoría. En octubre de 2021, en una asamblea en la que fue renovado el consejo rector –asumiendo los tres denunciados sus actuales cargos–, un socio pidió a la nueva dirección la entrega de la auditoría, según el acta aportada. En agosto de 2022 el denunciante y otros socios volvieron a solicitarla por escrito. Dos meses después recurrieron al requerimiento notarial. "Tras mucho insistir, la única información que se ha recibido de la cooperativa respecto de la auditoría es una copia de la comunicación recibida de la empresa [auditora], con fecha 16/12/2022, informando que la auditoría de 2017 no se realizó por 'opinión denegada' del auditor", recogía la denuncia firmada por Juan Valladolid. Dicha comunicación fue entregada a la asamblea en enero de este año, casi cuatro años y medio después de aprobarse la realización de la auditoría, siempre según la denuncia.

El "memorándum" de la empresa auditora

El trabajador que firma la denuncia ha señalado que la "total falta de información" y la "carencia absoluta de interés" de los administradores por "acabar con la contabilidad fraudulenta" lo habían llevado a buscar vías de obtención de información alternativas. Así logró, con la ayuda de otro trabajador y socio, tener acceso a un "memorándum" de la empresa auditora que nunca fue dado a conocer a los socios, según Valladolid. Dicho documento, de diez páginas, concluyó que existía "ausencia de control y revisión contable", "ausencia de los elementos de control más básicos y elementales" y una lesión al "valor del negocio" al haberse "disminuido el patrimonio neto de la entidad". El documento recomendaba la reformulación de las cuentas de 2017, año en el que se centraban los trabajos. "Nada de esto se ha llevado a cabo por los denunciados, es más, ha sido ocultado deliberadamente a todos los socios", afirmaba la denuncia.

Valladolid incorporó a la denuncia lo que él mismo identificaba como comunicaciones de los auditores a la empresa. En una de ellas un auditor reseñaba "anomalías" en las cuentas de 2017: "no existe inventario", "no existe arqueo de caja", "no se ha dispuesto de los libros de actas", "faltan las CCAA [cuentas anuales] y la memoria"... El auditor expresaba "dudas" sobre "ventas que no hayan sido declaradas", "gastos de personal u otros que se hayan pagado en B", "disposiciones de socios en B", "servicios que se han prestado [...] que no han sido objeto de facturación" o "retribuciones" por asistencia a reuniones que "tampoco han sido declaradas".

"Es imprescindible revisar la cuenta de caja al completo", decía el correo aportado por el denunciante, que criticaba que toda esta información fuera –afirmaba– ocultada a los socios. Según la denuncia, los sucesivos responsables de la empresa también encargaron trabajos de auditoría de años posteriores a 2017, sin que se hayan presentado tampoco los resultados.

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Toda la narrada en los anteriores párrafos es la información con la que ha contado el juez para decidir abrir la investigación y mover a la Policía Judicial.

El "estadillo" diario

Valladolid alertaba además de un posible engaño a la administración. El denunciante recalcaba que "los pagos en B [...] deben proceder lógicamente de ingresos en B o no declarados". ¿Cuáles? La respuesta del denunciante es que el balance diario que se entrega al Parque Nacional supuestamente recoge una cantidad de visitantes menor que la real. De ese modo, añadía, el "canon" por la prestación del servicio que la empresa debe pagar es también menor y así se disponía de dinero para los abonos en B. Las diligencias ordenadas por el juez pretenden averiguar si esto es cierto.

La denuncia adjuntaba un documento de 122 páginas que compara información de dichos balances diarios –los llamados "estadillos"– con los cuadrantes de trabajo, detectando una diferencia de "uno o dos coches diarios". La denuncia se extendía a una supuesta irregularidad más: "Los gerentes [...] también están propiciando que [...] la cooperativa realice servicios que ni constan en los partes de trabajo ni en los estadillos remitidos al Parque, que consisten en hacer traslados privados a Sanlúcar de Barrameda [Cádiz] desde Matalascañas [Huelva] sin permiso del Parque, y por supuesto sin facturar".