Los agricultores recelan del pacto de Moreno con Ribera sobre Doñana y no renuncian a legalizar sus regadíos

Menos de 24 horas después del acuerdo histórico que promete abrir "una nueva etapa" y aparcar el conflicto sobre Doñana entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Transición Ecológica, es evidente que queda mucha tela por cortar. Los agricultores que trabajan alrededor de la reserva protegida adelantaron este miércoles que no aceptarán ninguna solución que no garantice un futuro para las empresas y trabajadores afincados allí, y si no se les escucha, pedirán al PP andaluz recuperar la propuesta de ampliación de regadíos que había planeada hasta ahora. 

"Si no se llega a una solución que sea viable y consensuada, vamos a exigir que la proposición de ley, que es la herramienta que hemos consensuado para solucionar el problema, se lleve a pleno y se vote en el Parlamento de Andalucía", dijo este miércoles Julio Díaz, portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, la agrupación de regantes que lleva la voz cantante en la negociación de los agricultores con la Junta. Díaz se refiere a la norma que modifica el conocido como Plan de la Fresa de 2014, impulsada por PP y Vox en el Parlamento andaluz, que pretende dar nuevos derechos de riego a fincas de secano, ignorando la grave sequía que sufre el parque nacional. 

El presidente andaluz, Juanma Moreno, anunció este martes por sorpresa junto a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que paraliza esa ampliación de regadíos a cambio de un nuevo plan dotado con unos 350 millones del Gobierno central que garantice el progreso económico en la región, al mismo tiempo que se protege Doñana de la extracción ilegal de agua. Los equipos de la Junta y del ministerio se sentarán con todos los implicados –agricultores, ecologistas, el CSIC, la Confederación Hidrográfica y el Consejo de Participación de Doñana– para buscar un proyecto que contente a todos. 

En conversación con infoLibre, Díaz asegura que él y los agricultores que representa son "escépticos" sobre lo que se pueda lograr en esas conversaciones porque Teresa Ribera ya adelantó en la rueda de prensa del martes que no aceptará ni un metro cuadrado más de regadío en la zona, y para ellos eso es impepinable. "Queremos recuperar las tierras de regadío que nos hurtaron en 2014, y a partir de ahí que cada uno plantee las ideas que considere", dijo sobre la negociación. El portavoz de los regantes también quita peso a las organizaciones civiles en las conversaciones: "El acuerdo tendrá que ser con los agricultores, que son los damnificados; nosotros no vamos a negociar con otros actores". 

El clima no es el idóneo para unas reuniones que empezarán la próxima semana y se alargarán durante un mes. El presidente andaluz ha confirmado este miércoles que el pacto no puede darse por cerrado y que "si no se llegara a un acuerdo [con los agricultores] a lo largo de este mes se aprobaría a finales de octubre" la normativa ahora paralizada que amplía las tierras regables.  

Juanjo Carmona, el representante de la organización ecologista WWF en Doñana, también cree que el centro de las conversaciones de los próximos estará en qué se considera una tierra regable para indemnizar. El Gobierno central va a destinar 100 millones –de un antiguo plan aprobado hace un año– a comprar terrenos de regadío para cerrar sus grifos, y Carmona espera que no se dé ni un euro a quienes no tienen licencia de agua. De hecho, cree que por eso tienen tanto interés los agricultores en ampliar los derechos de regadío; no para cultivar, sino porque el suelo pasa a valer entre 100.000 y 140.000 euros por hectárea, frente a los 10.000 que cuesta de media una hectárea de secano.  

El activista y abogado propone que el nuevo proyecto que se va a negociar dedique el dinero a ayudar a quienes tienen una tierra de secano junto a Doñana para promocionar la agricultura adaptada a ese clima, así como a industrializar la región y fomentar el empleo de calidad. "Si tenemos fresas, arándanos o almendros, pues vamos a envasarlos. Aquí nos dedicamos al turismo de segunda residencia y al sector primario, nadie ha apostado por la región", señala. 

Tampoco los investigadores que trabajan en Doñana están seguros de que la vía de contentar a todos vaya a ser fructífera en las negociaciones. Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana del CSIC, asegura que están "muy contentos" de que todas las partes se sienten a hablar, aunque duda de que la estrategia sea acertada. "Es un error enfocarlo como una disputa entre conservar el medioambiente y proteger la economía. Cuanto mejor esté el parque mejor le irá a la actividad económica de la zona", opina. También señala que este plan no será la solución definitiva para la reserva y que aunque se retire la ampliación de regadíos "Doñana seguirá estando mal". 

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Ninguno de los implicados pone todavía sobre la mesa una solución concreta para el problema y no lo harán hasta que avancen las reuniones, pero todos tienen en mente cuál sería su solución ideal. Los agricultores creen que los 350 millones asignados al futuro Marco de Actuaciones para el Desarrollo Social y Territorial, como se denominará el proyecto, tendrían que ir destinados a construir más infraestructuras para garantizar el agua al campo. En todo caso, las patronales agrícolas están de acuerdo con el Gobierno, los científicos y los activistas en que todos los pozos tienen que cerrarse, y proponen que el agua subterránea se sustituya por superficial.

Manuel Piedra, secretario general en Huelva de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), plantea terminar la presa de Alcolea, en los ríos Odiel y Oraque, que se empezó a construir hace más de dos décadas y está paralizada desde 2017. La presencia de metales pesados congeló el proyecto, financiado por el Gobierno central, y cuando finalicen los análisis de sus aguas que está llevando a cabo el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, se estudiará retomar o no el proyecto.  

El portavoz de UPA añade que el trabase del Tinto, el Odiel y el Piedras, que todavía tiene dos años de obras por delante, será otra inyección enorme de aguas para el regadío. La tubería ya funciona parcialmente y llegan a la zona unos 7 hectómetros de agua de los 20 que llegarán en el futuro. El otro representante del sector, Julio Díaz, añade una tercera vía. Afirma que las depuradoras de Huelva vierten 12 hectómetros de agua a la ría, y con desviar 4 de ellos a la agricultura sería suficiente para contentar al campo. Eso sí, habría que depurar el agua con un tratamiento secundario y construir nuevas depuradoras. "El problema no es que falte agua, es que faltan infraestructuras", zanja Díaz.