La Audiencia decidirá si el Protocolo de Ayuso y la inacción de Sanidad obligan a indemnizar por una muerte
El padre de Laura Grela ingresó en la residencia Orpea Villanueva de la Cañada, al oeste de Madrid, el 29 de enero de 2020. Un ictus sufrido en octubre de 2019 le obligó a ella y a su hermana a comprar una vivienda con más espacio que se adaptara mejor a sus nuevas necesidades. Pero hasta que ésta estuviera lista tuvieron que ingresarle. Y entonces llegó la pandemia. "Fue la mala suerte que tuvimos", recuerda Laura desde el otro lado del teléfono. El 24 de marzo les notificaron un posible contagio, y el 3 de abril falleció. En el centro. Sin posibilidad de ser derivado a un hospital. Así lo hicieron, entre esos dos meses, 7.291 residentes en toda la Comunidad, el 77% del total de las muertes en ese periodo. En el geriátrico del padre de Laura lo hicieron, en concreto, 58 personas.
Como muchas de esas familias Laura inició un recorrido que, asegura, no va a abandonar. "Si no consigo nada me voy a ir a Europa. No tengo intención de parar", señala. Ahora ha conseguido que su búsqueda de justicia dé "un paso muy pequeño, pero también muy importante". Y es que el suyo es el primer caso que ha llegado a la Audiencia Nacional. "Tenemos esperanzas en que los responsables asuman responsabilidades", celebra, desde el otro lado del teléfono.
El camino no ha sido sencillo ni tampoco lo será a partir de ahora. La decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal llegó el pasado 26 de enero. En ese momento, la Audiencia admitió a trámite el recurso que la familia de Laura había interpuesto después de que el Ministerio de Sanidad rechazara una petición de indemnización por responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios ocasionados "por la defectuosa asistencia sanitaria" a su padre. El argumento del departamento ministerial, según un documento publicado por ElPlural.com, era que la gestión de las residencias no era algo "dependiente de la Administración General del Estado".
En cualquier caso, Sanidad no era la única institución a la que la familia pidió una asunción de responsabilidades. El Servicio Madrileño de Salud (Sermas) también fue requerido del mismo modo, pero en este caso aquí se optó por el "silencio administrativo". "Directamente no nos dieron respuesta. No se pronunciaron", explica Carlos Sardinero, el abogado de la familia. "Frente al silencio de un lado y la resolución negativa de Sanidad del otro decidimos interponer un recurso contencioso-administrativo a la Audiencia Nacional", continúa. Al tratarse de establecer si existe o no responsabilidad por parte de dos administraciones diferentes y a distinto nivel, este tribunal aceptó, según el auto al que ha tenido acceso infoLibre.
Ahora toca, explica Sardinero, demandar. Y tienen claro a quién. En primer lugar lo harán a la residencia, "por no permitir que los ancianos pudieran salir del centro para dirigirse a los servicios de urgencia", algo que el letrado asegura que le ocurrió al padre de Laura. En segundo, al Ministerio de Sanidad, "por una conducta omisiva, porque pudo intervenir y no lo hizo". En concreto, recuerda el abogado, el departamento entonces dirigido por Salvador Illa no tomó decisiones a partir de los numerosos avisos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero tampoco llevó a cabo ninguna acción a pesar de que "conocían lo que estaba ocurriendo en las residencias a través de las Unidades Militares de Emergencia". Además, concluye, "centralizaron la posibilidad de suministro de todo tipo de materiales, pero no actuaron", lamenta Sardinero.
El último foco se situará contra la Comunidad de Madrid. Y, en concreto, contra su Protocolo de la Vergüenza, un documento aprobado el 18 de marzo de 2020, que llegó a tener hasta cuatro versiones y que fijó "criterios de exclusión" que impedían el traslado a los hospitales a los residentes más débiles, es decir, aquellos que tenían un alto nivel de deterioro cognitivo o un importante nivel de dependencia física. Y esto ocurría con independencia de tener o no covid. "Consideramos que estos protocolos fueron ilícitos y que atentaron contra los derechos fundamentales", lamenta Sardinero.
Lo que para la Comunidad de Madrid y sus dirigentes sigue siendo un mero "borrador falso" fue en realidad un documento, lo corroboraron ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que determinó la vida y la muerte de más de 7.000 residentes de la Comunidad de Madrid. La prueba está en los propios datos oficiales. Según los obtenidos por infoLibre a través del Portal de Transparencia, en los ocho días del 27 de marzo al 3 de abril, en plena aplicación del veto a los traslados hospitalarios, se contabilizaron 2.397 fallecidos, lo que supone una media de 300 al día. De ellos, 2.101 murieron en la residencia (263 de media al día) y 296 en el hospital (37 de media al día). Fue en estas fechas cuando falleció el padre de Laura. En cambio, en los ochos días del 23 al 30 de abril, cuando ya casi se recuperaron por completo los traslados de enfermos de las residencias a los hospitales, hubo 566 fallecidos, lo que supone una media de 70 al día. De ellos, 284 en la residencia (35 de media al día) y 282 en el hospital (35 de media al día).
"Sacrificaron la vida de la gente"
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"Es un proceso lentísimo, pero espero que esto dé paso a más demandas y denuncias", pide Laura, que certifica que los médicos de la residencia le aconsejaron no llevar a su padre al hospital. "Me aseguraron que habían medicalizado el centro, pero luego vi el informe de mi padre y cómo le habían dejado morir. Por esconder sus penurias sacrificaron la vida de la gente", lamenta.
Esta afirmación que también la ha realizado —y la sigue realizando la Comunidad de Madrid— ha sido desmentida en cambio por nunerosos organismos. Por citar uno de ellos, el Defensor del Pueblo, en su informe anual relativo al año 2020, afirmó lo siguiente: "En las primeras semanas de la pandemia, en algunos centros con gran número de residentes contagiados no se consideró adecuado derivarlos a los hospitales, pero tampoco llegó asistencia médica ni de enfermería suficiente, ni medicamentos ni oxígeno, para atender a los residentes para los que no estaba indicada la hospitalización. [...] Los expertos en geriatría y en medicina interna señalan que el traslado al hospital no siempre es lo mejor para pacientes mayores [...] pero para decidir hay que hacer una valoración individual con criterios clínicos, nunca con restricciones genéricas referidas únicamente a una determinada condición como la edad o la discapacidad".
Tanto es así, que además de las causas abiertas en juzgados madrileños, el Tribunal Supremo tendrá que determinar "si, en una situación de pandemia declarada", las normativas que implicaran "la restricción de la atención hospitalaria a los pacientes geriátricos en los centros sociosanitarios" determinan y exigen "el uso de estos centros como espacios de uso sanitario, ya sea en régimen de consulta, o de su hospitalización". Es decir: si la aprobación de los Protocolos de la Vergüenza que impedían derivar implicaban necesariamente que los centros residenciales debían proporcionar la asistencia sanitaria. Lo hará, en concreto, en el caso de lo ocurrido en Leganés.
