La Fiscalía guarda silencio tras la confesión de Ayuso sobre su gestión en las residencias
Con silencio. Así responde la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, cuando es preguntada por las últimas palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), sobre las muertes en residencias de la región durante las semanas más letales de la pandemia. Los números ya no son extraños, pero no por eso son menos crudos. Entre marzo y abril de 2020 murieron 9.470 mayores que vivían en geriátricos madrileños. De ellos, 7.291 (el 77%), lo hizo sin ser trasladado al hospital. Y Ayuso justificó hace diez días en la Asamblea que eso ocurrió porque "mucha gente mayor cuando iba a los hospitales también fallecía". "No se salvaba en ningún sitio", llegó a decir, una afirmación refutada por los datos. Más de 1.430 días después de la aprobación del Protocolo de la Vergüenza, la Fiscalía de Madrid no ha realizado una investigación en profundidad sobre las no derivaciones.
infoLibre envío este miércoles 21 de febrero dos cuestiones a Lastra. La primera, sobre si estaba previsto iniciar alguna diligencia de investigación tras las palabras de la líder del Ejecutivo madrileño. La segunda, sobre si le consta a la Fiscalía que las palabras de Ayuso son ciertas. O sobre si tiene datos que lo certifiquen o lo desmientan.
Hasta ahora, los únicos datos oficiales son los del propio Gobierno madrileño, que fueron publicados en este periódico y suponen un desmentido categórico de las afirmaciones de la líder del PP en sede parlamentaria. En concreto, y según las cifras obtenidas de la Comunidad a través del Portal de Transparencia, el 65% de los residentes que sí fueron llevados a un hospital en marzo y abril de 2020 sobrevivieron. Fueron, en concreto, 6.308 —2.305 en marzo y 4.003 en abril–. Fallecieron 2.179.
Tras la polémica generada por sus palabras, Ayuso volvió a hablar sobre el tema el pasado lunes, 19 de febrero. "El traslado de los enfermos no garantizaba la salud", dijo esta vez. Algo obvio, porque nadie tiene la "garantía" de sobrevivir al ir a un hospital. Lo que muestran los datos es que, en el 65% de los casos, los residentes salvaron la vida cuando fueron trasladados.
Una memoria con omisiones e incluso falsedades
En cualquier caso, no es la primera vez que la fiscal superior de Madrid guarda silencio. En noviembre de 2022 se negó a responder las 38 preguntas que envió este periódico para aclarar su actuación ante las miles de muertes en geriátricos. Su única contestación fue: "La fiscal superior no va a responder a las preguntas porque ya está todo explicado en la Memoria anual" [publicada en 2021 y correspondiente al ejercicio 2020].
¿El problema? Que se trata de un documento que contiene múltiples omisiones de hechos relevantes, afirmaciones sin ningún tipo de apoyo fáctico e incluso otras que son directamente falsas, tal y como se explica en esta información.
Vayamos a estas últimas. Almudena Lastra difunde al menos tres falsedades en su escrito: sostiene que el Protocolo del Gobierno Ayuso que impedía trasladar al hospital a residentes con alta dependencia física o grave deterioro cognitivo "no funcionó como impedimento" para las derivaciones; afirma que los pacientes recibían en los geriátricos "un tratamiento hospitalario similar al que habrían recibido caso de ser derivados", y asegura que las bajas de personal durante la pandemia "se fueron solventando" con "medidas de diversa índole".
En cuanto a lo primero, se puede echar mano de múltiples testimonios. O de las actas que se han publicado en medios ante la negativa de la Comunidad de Madrid a hacerlas públicas. Pero también se puede constatar otra vez la falsedad mediante datos oficiales. En los ocho días del 27 de marzo al 3 de abril, en plena aplicación del veto a los traslados hospitalarios, se contabilizaron 2.397 fallecidos, lo que supone una media de 300 al día. De ellos, 2.101 murieron en la residencia (263 de media al día) y 296 en el hospital (37 de media al día). Mientras que en los ochos días del 23 al 30 de abril, cuando ya casi se recuperaron por completo los traslados de enfermos de las residencias a los hospitales, hubo 566 fallecidos, lo que supone una media de 70 al día. De ellos, 284 en la residencia (35 de media al día) y 282 en el hospital (35 de media al día).
En cuanto a lo segundo, otra vez los testimonios de las víctimas y trabajadoras de residencias lo desmienten, pero es que a estos se suman los del Defensor del Pueblo —que ya criticó que "en las primeras semanas de la pandemia, en algunos centros con gran número de residentes contagiados no se consideró adecuado derivarlos a los hospitales, pero tampoco llegó asistencia médica— y los del principal redactor del Plan de Acción contra el coronavirus de la Consejería de Sanidad, Antonio Burgueño, que reconoció públicamente que "la medicalización de las residencias no se llevó a cabo". Cuando se intentó, bajo el nombre de Operación Bicho, fue "caótico", confesó Encarnación Burgueño, hija de Antonio y que estaba al frente de un operativo que duró doce días.
Y en cuanto a lo tercero, el desmentido llega de una de las patronales más importantes del sector, CEAPs, que realizó un informe sobre lo ocurrido en las residencias durante la primera ola en la que destaca, precisamente, que la magnitud del problema de la falta de personal —que sí es cierto que existía antes de la llegada del covid— adquiere unos niveles completamente diferentes en el caso madrileño. En concreto, señala: "En conjunto, un número que varía entre Comunidades pero cercano al 20% del personal de atención directa de las residencias dejó de trabajar. Oscila entre el 5% en Andalucía, 18% en Cataluña, 25% en Navarra y 35%-40% en Comunidad de Madrid".
Todo esto, sumado a no investigar antecedentes de lo ocurrido, ni la actuación de los geriatras hospitalarios, ni el Protocolo, ni la desatención de los mayores con otras enfermedades, ni la falta de medicalización, ni por qué no se realizaron derivaciones al "hospital milagro" de Ifema, ni el uso dado a los hospitales privados, ni los traslados a quienes tenían seguro, permitió que la Comunidad de Madrid echase mano de este documento para negar cualquier posible responsabilidad en las miles de muertes. "La Fiscalía ya ha hablado", afirmó Enrique López, entonces consejero de Justicia de Ayuso.
"Están a un paso de acusarnos de genocidio"
La presidenta madrileña, en cualquier caso, sigue con su estrategia de atacar a la oposición. El pasado lunes calificó de "inhumana" y "excéntrica" a la izquierda por abrir el debate de los mayores fallecidos. Según aseguró, comenzaron "por no reconocer el esfuerzo que se hizo en Madrid", después les acusaron "de negligencia, extremo que están negando todos los jueces", y hoy, "en esa carrera hacia la excentricidad, están a un paso de acusarnos de genocidio".
Sin embargo, y a pesar de esas declaraciones, lo cierto es que todavía existen frentes judiciales abiertos. El pasado mes de octubre la Audiencia Provincial pidió que el Juzgado de Instrucción número 50 investigue si la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene alguna responsabilidad penal en el fallecimiento en residencias de mayores que no pudieron ser trasladados al hospital. Además, también solicitó investigar a dos de sus consejeros de entonces: el de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el de Justicia e Interior, Enrique López.
El caso se refiere, concretamente, a la muerte de siete residentes de Amavir Ciudad Lineal que habrían fallecido sin haber sido trasladados al Hospital Ramón y Cajal y, además, sin haber recibido asistencia sanitaria en el propio centro. Las familias apuntan a la posible comisión de cuatro delitos: uno de homicidio y lesiones imprudentes, otro de omisión del deber de socorro, otro de trato degradante y otro de prevaricación.
Los datos del Gobierno madrileño desmienten a Ayuso: se salvó el 65% de los residentes hospitalizados
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La defensa de las familias, según informó infoLibre, no ha descartado todavía pedir la declaración de Ayuso como testigo en esta causa, para la que también ha solicitado la comparecencia del exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid Alberto Reyero, de Ciudadanos; al exdirector general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, firmante del Protocolo; a la exdirectora de Salud Pública de la Comunidad Yolanda Fuentes; y al presidente de la patronal de residencias, Carlos Rus.
Los dos primeros (Reyero y Mur) ya estuvieron frente al juez en noviembre en el marco de otra reapertura realizada en este caso por el Juzgado de Instrucción número 1 de Collado Villalba también por orden de la Audiencia Provincial. En este caso se trata del recurso interpuesto por una familia de un residente del Centro Residencial Torrelodones-Sanitas Mayores.
Y el último y más reciente caso abierto, a raíz del cual se iniciaron todas las últimas polémicas: la Comunidad interpuso en enero de 2023 un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia para no ejecutar la orden del Consejo de Transparencia que obligaba al equipo de Ayuso a hacer públicas las actas de la Policía. La razón: habría que reelaborar un gran volumen de información.
