La injerencia rusa dispara las alarmas en la UE a las puertas de las elecciones
Un hombre de 44 años caminaba por la acera cubierta de nieve en su trayecto a la Universidad de Tromsø cuando agentes de la policía secreta noruega se acercaron por detrás. Lo que siguió aquella mañana de octubre de 2022 podría haber salido de una película de espías: un dron que filmaba los hechos muestra cómo dos agentes aceleran su marcha, agarran al hombre por ambas manos, lo esposan y se lo llevan. Para sus colegas era José Assis Giammaria, un académico brasileño especializado en política de seguridad en el Ártico. En realidad, era Mikhail Mikushin, de quien las autoridades sospechan que era un espía de la inteligencia militar rusa GRU.
Mikushin permanece detenido en Oslo. Es uno de los varios presuntos "ilegales" rusos, o agentes encubiertos, identificados recientemente en Europa. El desenmascaramiento se produjo cuando la red de inteligencia tradicional de Rusia se fracturó –alrededor de 400 espías fueron expulsados de embajadas europeas tras la invasión de Ucrania– y las sanciones afectaron a miles de empresas y particulares relacionados con el Kremlin.
Puede que la influencia de los agentes encubiertos sea pequeña, pero su renovada presencia es indicativa de una red más amplia de tácticas de inteligencia utilizadas ahora por el régimen de Vladimir Putin. Y Europa es cada vez más temerosa con las elecciones de junio en el horizonte.
Preocupación en máximos
Supuestamente, Rusia ha reclutado a eurodiputados como "agentes de influencia", ha financiado a grupos de extrema derecha, ha orquestado innumerables campañas de desinformación online y ha influido en movimientos anti-LGBTI, en el mundo académico y en la sociedad civil de toda Europa.
El Parlamento Europeo advirtió en febrero de que Rusia intentaba "sembrar divisiones" en toda Europa y mostró su indignación sobre “la financiación rusa a gran escala de partidos, políticos, funcionarios y movimientos en varios países democráticos, con el propósito de interferir y ganar influencia en sus procesos internos".
Aunque Rusia ya ha tenido en el punto de mira elecciones anteriores de la UE, la preocupación por las injerencias en torno a los comicios de 2024 es especialmente aguda. Rusia utilizará las "elecciones europeas como una especie de campo de pruebas para ver cómo funcionan sus estrategias y tácticas en las elecciones en general", afirma Antón Shejovtsov, politólogo ucraniano afincado en Viena que estudia las conexiones entre la extrema derecha en Europa y Rusia. "Su principal objetivo será socavar todo lo posible el apoyo político y público a Ucrania. Utilizarán, muy probablemente, tácticas de miedo, diciendo que las personas o los políticos que ayudan a Ucrania están arrastrando a las sociedades a una guerra con Rusia", añade.
Alemania, como país más importante para la defensa de Ucrania junto a Estados Unidos, es un objetivo prioritario de los ataques híbridos de Rusia, junto a las también potencias de la UE Francia e Italia. "Son los motores económicos de toda la UE", sostiene Shejovtsov. "Y en términos políticos, son los países con la voz más fuerte en la Unión", concluye.
Conexiones y contactos
La preocupación por las injerencias del Kremlin en Bruselas está a flor de piel. En enero, el medio de investigación ruso The Insider denunció que la eurodiputada letona Tatjana Ždanoka había trabajado durante años para el FSB, el Servicio Federal de Seguridad ruso. El Parlamento Europeo asegura que eurodiputados, a los que no identificó, estaban "sirviendo a sabiendas a los intereses de Rusia". En 2022, un exeurodiputado húngaro fue encarcelado por espiar a la UE para Rusia.
Los analistas advierten de que las elecciones podrían dar la victoria a eurodiputados que no apoyan la ayuda a Ucrania o que incluso son prorrusos, especialmente en el grupo de extrema derecha Identidad y Democracia.
El partido ultraderechista alemán AfD, que cuenta actualmente con nueve eurodiputados, cree que Europa debe reanudar la cooperación con Rusia para garantizar la paz y la prosperidad. Sus presuntos vínculos con Moscú se vieron agudizados recientemente después de que Der Spiegel y The Insider informaran de que un ayudante de un diputado de AfD en el Parlamento alemán mantuvo contactos con un coronel del FSB con la intención de recibir "apoyo financiero" para la demanda del partido contra el suministro de armas a Ucrania.
Si formaciones como AfD o el Partido por la Libertad holandés, que también se ha enfrentado a críticas por sus presuntos vínculos con Rusia, triunfan en las elecciones europeas de junio, podrían influir en los debates previos a los comicios nacionales, "desplazando potencialmente el discurso" del apoyo a Ucrania, según evaluó recientemente el German Marshall Fund, un think tank estadounidense financiado en parte por la UE.
Las autoridades francesas, por su parte, están investigando a Jean-Luc Schaffhauser, antiguo eurodiputado de extrema derecha, acusado de dirigir una campaña para promover los intereses rusos antes de las elecciones. Schaffhauser mantiene desde hace tiempo vínculos con Rusia y negoció supuestamente dos préstamos para el partido Frente Nacional de Marine Le Pen, incluido uno de 9,4 millones de euros de un banco ruso en 2014. Otro eurodiputado francés fue objeto de escrutinio en 2019 después de que saliera a la luz que la hija de Dmitry Peskov, portavoz de Vladimir Putin, realizaba prácticas en la oficina de Aymeric Chauprade.
Una investigación realizada el año pasado por el Parlamento francés determinó que el partido de Le Pen había actuado como "canal de comunicación" para Rusia, que a su vez estaba "llevando a cabo una campaña de desinformación a largo plazo” en Francia.
Un millón de tuits
A pesar de las preocupaciones, el impacto de la supuesta influencia rusa en Bruselas sigue siendo en gran medida desconocido. El 29 de febrero, los eurodiputados votaron por unanimidad apoyar a Ucrania con "todo lo necesario para que Kiev gane su guerra contra Rusia".
La difusión de desinformación es un campo de batalla electoral clave. Investigadores franceses detectaron recientemente 193 sitios web que difundían afirmaciones falsas defendiendo la invasión rusa de Ucrania y criticando a Occidente. En enero también se descubrió en Alemania una importante campaña de desinformación prorrusa: durante cuatro semanas se enviaron alrededor de un millón de tuits desde 50.000 cuentas falsas criticando al gobierno y su apoyo a Ucrania.
En el año posterior a la invasión, la desinformación rusa sobre la UE y sus aliados llegó al menos a 165 millones de personas a través de plataformas de medios sociales, según un informe sobre la Ley de Servicios Digitales de la UE. Esta cifra aumentó aún más en el primer semestre de 2023, tras el cambio en las reglas de seguridad de Twitter. Meta, por su parte, afirma que ha creado equipos especializados en Europa para combatir la desinformación en Facebook e Instagram en torno a las elecciones.
Una encuesta del Eurobarómetro del pasado diciembre reveló que el 78% de los europeos percibe a Rusia como una amenaza para la seguridad de la UE. El máximo responsable diplomático de la UE, Josep Borrell, dio la voz de alarma en enero sobre las injerencias en Internet: "No es una bomba que puede matarte, sino un veneno que puede colonizar nuestras mentes".
"No podemos permitir que agentes malintencionados extranjeros manipulen las opiniones de nuestros ciudadanos y siembren la semilla de la división y el odio en el corazón de nuestras democracias", declaró Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión Europea, en el Foro de Seguridad de Múnich en febrero.
Asociaciones y admiradores
Las opiniones no sólo se manipulan en los círculos políticos. En Italia, donde la primera ministra Giorgia Meloni mantiene una postura incondicional a favor de Ucrania, la influencia rusa se percibe de formas más sutiles. Según una reciente investigación del Financial Times, en la actualidad existe una red de asociaciones de "amistad ruso-italiana" que promueven los discursos políticos rusos a nivel local.
Por su parte, Matteo Salvini, líder de la Liga y actual ministro de Infraestructuras del Gobierno de Meloni, es un conocido admirador de Putin. Su partido renovó en 2022 un acuerdo de cinco años con la formación Rusia Unida de Putin para facilitar "la expansión y profundización de la cooperación y colaboración multilateral" entre ambos países.
El dinero ruso también ha impulsado programas ultraconservadores. HazteOir, una organización católica radical en España y su brazo internacional CitizenGo, conocidos por sus opiniones anti-LGBT y antifeministas, recibieron financiación de oligarcas cercanos al Kremlin. HazteOir mantiene a su vez múltiples conexiones con Vox, un partido que, aunque hoy contrario a Putin por su invasión de Ucrania, no ha logrado borrar todas las huellas de la simpatía hacia el presidente ruso entre sus cuadros. Santiago Abascal, líder del partido, aún mantiene como dirigente en Barcelona a un histórico de la extrema derecha con una larga trayectoria como propagandista a favor de Putin.
En Portugal no hay pruebas concretas de influencia organizada en instituciones públicas o partidos políticos. Aunque la Fundación Russkiy Mir, que ostensiblemente promueve la cultura rusa en todo el mundo a través de una red de instituciones, ha construido una fuerte presencia en el país. Esta fundación estatal, criticada por la UE por promover "propaganda pro-Kremlin y anti-ucraniana", dirigió durante varios años centros de estudios en tres universidades portuguesas y ha colaborado con varias ONG. Sin embargo, tras la presión pública, las universidades cortaron sus lazos con la fundación el año pasado.
Pablo González, dos años preso a la espera de las pruebas
Ejemplos de la supuesta influencia rusa se pueden encontrar bajo distintas formas en toda Europa. Hay dos casos que afectan directamente a España: la detención en 2022 en Polonia del periodista Pablo González y el presunto apoyo del Kremlin a los planes independentistas de Carles Puigdemont.
Las autoridades polacas afirman que Pablo González es un agente enviado a Europa por el GRU para, entre otras cosas, espiar a Zhanna Nemtsova, la hija del asesinado líder opositor ruso Boris Nemtsov. Nemtsova, cofundadora de la Fundación Nemtsov, y González se hicieron amigos y la fundación le invitó a sus actos, según Agentstvo, un medio de comunicación ruso. Las autoridades afirman que cuando accedieron a sus dispositivos encontraron mensajes en los que se describían los contactos que había mantenido, estimaciones de sus gastos e información enviada a la GRU. Las autoridades polacas declinaron hacer comentarios, a petición de Investigate Europe, pero mantienen que las pruebas contra el periodista son “sólidas”.
El caso de Pablo González, que posee pasaportes ruso y español a través de sus padres, es muy controvertido. Lleva dos años en prisión preventiva sin que se conozcan las supuestas pruebas que existen contra él. Amnistía Internacional, asociaciones de periodistas europeas y españolas o Reporteros sin Fronteras impulsan una activa campaña para que "sea puesto en libertad y se le permita defenderse ante un tribunal". En febrero, el Gobierno español instó a su homólogo polaco a mostrar "de una vez por todas" qué pruebas tiene para demostrar su presunto espionaje. El periodista pasa "incomunicado 23 horas al día" y está sufriendo una "tortura psicológica" que "busca doblegar su ánimo" para que se declare culpable, denuncia Juan Teixeira, miembro de la plataforma #FreePabloGonzález, que lidera un movimiento de solidaridad con el periodista en España.
Bajo investigación el 'caso Voloh'
En cuanto a Cataluña, la supuesta injerencia rusa se encuentra actualmente bajo investigación judicial, en el llamado caso Voloh. En un auto dictado en enero de este año, el juez considera que Rusia estaba dispuesta a apoyar "económica y militarmente" la independencia de Cataluña para "desestabilizar a la Unión Europea", en el marco del movimiento que llevó al referéndum ilegal de 2017.
Entre los investigados se encuentra el ahora eurodiputado Carles Puigdemont. La investigación se centra en sus presuntas "estrechas relaciones personales" con políticos de Rusia y de la extrema derecha alemana e italiana. En su resolución de febrero, el Parlamento Europeo señaló que "la injerencia rusa en Cataluña, de confirmarse, formaría parte de una estrategia rusa más amplia para promover la desestabilización interna y la desunión de la UE".
Puigdemont y los demás investigados no sólo niegan cualquier ilegalidad, sino que afirman que el proceso judicial forma parte de la estrategia de lawfare emprendida por determinados órganos judiciales para torpedear la aprobación de la Ley de Amnistía.
Rusia asume "mayores riesgos"
Al menos 35 ciudadanos europeos han sido procesados desde la invasión de Ucrania por actuar en nombre de Rusia, según un informe del Servicio de Seguridad de la Policía noruega. Han obtenido información de diversa índole sobre capacidades de defensa e infraestructuras críticas, así como sobre actividades de sus aliados. No está claro qué impacto, si lo hay, podrían tener estas actividades en las próximas elecciones europeas.
Sin embargo, el jefe de policía responsable de la detención de Mikhail Mikushin en las calles de Tromsø tiene clara una cosa: Rusia está asumiendo mayores riesgos en sus operaciones de inteligencia en Europa.
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"La necesidad de inteligencia sobre tecnología y conocimientos en Occidente es ahora tan alta que se puede enviar a un agente sin la formación necesaria", afirma Gunnar Fugelsø, jefe de la Agencia de Inteligencia Nacional en Troms. ¿Hay más ilegales de este tipo en Noruega? "No podemos descartarlo", admite.
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Edición: Chris Matthews
