La ‘máquina del fango’ se paga (en parte) con tus impuestos
La “máquina del fango”, descrita por Umberto Eco y citada por Pedro Sánchez en su Carta a la Ciudadanía, se financia en España con dinero público. Es un negocio muy rentable cimentado en fondos recaudados a través de impuestos que se canaliza sobre todo a través de los presupuestos de las comunidades autónomas. Otras fuentes de financiación de carácter privado son difíciles de evaluar dado el nivel de opacidad en la gestión de esos medios o pseudomedios.
La difusión de información negativa sobre una persona con el fin de desprestigiarla ante la opinión pública es un mecanismo sencillo y eficaz. La máquina del fango opera a través de la propagación sistemática de rumores, insinuaciones y acusaciones, muchas veces infundadas o exageradas, muchas de ellos de naturaleza supuestamente personal, que se diseminan a través de los medios. El objetivo es crear una nube de duda y desconfianza alrededor del objetivo y destruir su credibilidad.
La idea es saturar el espacio mediático con mensajes negativos, haciendo casi imposible que la persona afectada pueda limpiar su nombre o contraatacar de manera efectiva. La repetición constante de las acusaciones sirve para fijarlas en la mente del público, independientemente de su veracidad.
El soporte del fango en España ha sido, en los últimos años, una constelación de diarios digitales que cumplen a duras penas con las mínimas normas de la profesión. Más allá de su línea ideológica (la inmensa mayoría son muy conservadores, cuando no reaccionarios y directamente defensores de postulados de extrema derecha), todos tienen características similares: financiación opaca y dudosa, pocos remilgos con los bulos y números de audiencia difíciles de creer.
Una lista larga
Destacan algunos muy asentados, como Okdiario, del tertuliano y ex alto cargo de El Mundo Eduardo Inda. Pero hay muchos más, desde The Objective de Álvaro Nieto (durante un breve período de tiempo redactor jefe de El País) hasta El Debate (órgano de la Asociación Católica de Propagandistas que dirige Bieito Rubido, exdirector de Abc), pasando por el VozPópuli de Jesús Cacho, hasta llegar a instrumentos de agitación como Libertad Digital o EdaTV, los dos controlados por antiguos periodistas de El Mundo reconvertidos en activistas de ultraderecha.
Pero hay más: Diario Crítico, Diario Ya, Dirigentes, Elcierredigital, El Economista, El Independiente, El Liberal, El confidencialdigital, ElToroTV, La Lupa, Madriddiario, Merca2, Moncloa.com, Nuevo Imparcial, PeriodistaDigital o Preferente.
Un rasgo común a todos ellos, y a otros como El Español de Pedro J. Ramírez, antiguo director de El Mundo, es cómo distorsionan sus cifras de audiencia, como demostró recientemente un análisis publicado por la revista TintaLibre. Lo que no les ha impedido recibir sumas desproporcionadas de dinero de instituciones públicas que, no por causalidad, tienen gobiernos del Partido Popular. Se puede conocer en detalle leyendo esta investigación publicada por la misma revista, que editan conjuntamente infoLibre y el diario El País.
Los efectos dañinos de esta situación están bien documentados. Un grupo de especialistas en comunicación de varias universidades españolas llegó a pedir a los grupos parlamentarios, en octubre de 2022, una reforma de la legislación para evitar que la publicidad institucional y otras formas de transferencia de fondos públicos a medios privados dejen de ser una herramienta de influencia y control de los medios de comunicación al servicio del poder político. Pero nadie les hizo caso.
La petición tenía su origen en una investigación realizada por profesores de las universidades Autónoma de Barcelona, Carlos III de Madrid y Castilla-La Mancha, y sus conclusiones ponían el foco en “la falta de transparencia del proceso de planificación y contratación de la publicidad institucional por parte de las diferentes administraciones” y su impacto sobre el pluralismo.
Los académicos responsables de aquel estudio verificaron “la pertinencia de las reivindicaciones de quienes vienen denunciando cómo gobiernos de diferente signo benefician económicamente a empresas mediáticas afines”. Los anuncios correspondientes a las campañas institucionales “no siempre responden a criterios fácilmente comprensibles”, como serían las cuantías y los perfiles de las audiencias.
El protagonismo de Ayuso
La tentación de los administraciones públicas a la hora de utilizar la publicidad institucional en interés de quien gobierna es general, pero no homogénea. Destaca el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, como ha demostrado el estudio La publicidad institucional de la Comunidad de Madrid. Evolución de su transparencia y rendición de cuentas publicado por Raúl Magallón (UC3M) en 2022. Entre las conclusiones de esta investigación, destaca una: “Parece evidente que un reparto opaco de la publicidad institucional es fundamental para entender también la desconfianza creciente de la ciudadanía hacia los medios de comunicación. Sin una publicidad institucional transparente los medios de comunicación son menos libres y menos plurales”.
Ayuso gastó 41,5 millones de euros en publicidad institucional entre 2022 y 2023, según una investigación publicada por la revista digital Ctxt el pasado mes de marzo. El mismo medio se tomó la molestia de destripar el reparto de 2022 y averiguó que de los al menos 9,1 millones de euros de dinero público destinados en 2022 por la Comunidad de Madrid a inserciones en medios digitales, Ayuso entregó 7,42 millones a diarios afines o neutros y 1,67 millones a medios más críticos, dejando fuera a los medios más progresistas. Es una desproporción de 7 a 1.
El Mundo lideró la tabla con 56 campañas y 699.436 euros, seguido del gratuito 20 Minutos (Grupo Henneo) y de Abc, ambos por encima del medio millón de euros. La Razón, del Grupo Planeta, se llevó 69 campañas y más de 423.000 euros. OkDiario, el portal de Inda, recibió 24 campañas y se embolsó más de 372.000 euros. Y El Confidencial, el digital conservador que lleva semanas publicando informaciones para sugerir que Sánchez favoreció a su esposa (el núcleo de la denuncia presentada contra ella) se hizo nada menos que con 312.262,39 euros.
En lo que se refiere a los medios online de radio y televisión, la desproporción también es la regla. Entre la COPE (Conferencia Episcopal), el Grupo Planeta (Onda Cero), y Telemadrid y Onda Madrid (Ayuso) se llevaron casi toda la inversión. De un total de 2,89 millones gastados, 2,2 millones fueron destinados a diez medios afines y apenas quedaron 681.000 euros para los no afines. EdaTV, un pseudomedio de agitación ultra, recibió 26.500 euros. Jiménez Losantos (Esradio) cobró 242.415,35 euros. Sumados a los 213.170,05 euros que recibió como medio escrito en Libertad Digital, uno de los más entusiastas partidarios de Ayuso se embolsó al menos 475.585,40 euros de dinero público de la Comunidad en publicidad directa en 2022.
Imposible conocer cifras completas (una parte del dinero se distribuye de forma también opaca a través de empresas públicas, como el Canal de Isabel II) ni su evolución a lo largo de los años. Pero los ejemplos que sí se conocen son esclarecedores acerca de quién está pagando la factura del fango y engrosando la cuenta de resultados de los medios de la derecha y los pseudomedios de la ultraderecha. Los mismos que después el PP cita como argumento de autoridad para proclamar a los cuatro vientos sus acusaciones contra el presidente, el Gobierno de coalición y el PSOE.
Almeida también
El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, según datos adelantados por El Salto y que se exponen anualmente en el Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid, certifica que los medios afines a la derecha reciben mucho más dinero en campañas de publicidad de las arcas públicas que los medios progresistas.
La cifra más alta se la ha llevado El Mundo con 474.881 con IVA incluido, seguido de 20 Minutos con 369.134 y La Razón con 223.000 euros. Federico Jiménez Losantos consiguió 187.892 euros en publicidad institucional entre su emisora EsRadio y su medio digital Libertad Digital. La radio se ha llevado más de 136.224 euros en 33 campañas diferentes, mientras que el digital ha recibido 51.668 euros. Pero también están Okdiario (166.684 euros repartidos en 22 campañas) y Abc, El Español o El Economista, con 158.582 euros, 105.647 euros y 70.000 euros recibidos respectivamente.
El Debate (67.442 euros), The Objective (66.523), Voz Pópuli (63.416), Periodista Digital (39.062), El Imparcial (20.453) o EdaTV (17.153) son otros medios que también han recibido partidas de dinero público por parte del ayuntamiento de Martínez Almeida.
De lo que no hay duda es de que existen “graves problemas de transparencia en cuanto a los procedimientos de planificación y contratación, y en cuanto a los datos específicos sobre transferencias de fondos públicos a los medios concretos”, según los académicos que llevaron a cabo el estudio sobre publicidad institucional en toda España. Con frecuencia “solo se publican cifras globales” de inversión total en las campañas (creatividad y planificación) y por sectores (prensa, radio, televisión, internet…). Y eso a pesar de “las contundentes resoluciones sobre la materia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno”, subrayan los autores del estudio. “Incluso hemos apreciado que diferentes ejecutivos, en respuestas parlamentarias escritas, no ofrecen la información que les requieren grupos de oposición sobre inversiones públicas en publicidad institucional”, denuncian.
Las irregularidades en los procedimientos han sido motivo de advertencia por parte de organismos como el Tribunal Constitucional, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o el Tribunal de Cuentas. Todos ellos exigen que la planificación obedezca “a criterios objetivables”, que se eviten los “acuerdos abusivos” entre las grandes agencias de medios y que se hagan “evaluaciones a posteriori sobre la eficacia de las campañas”. Pero nadie hace caso. Tampoco la izquierda cuando gobierna.
Una reforma pendiente
Los autores del estudio piden a los políticos la reforma de la vigente Ley 29/2005 de publicidad y comunicación institucional para convertirla en una verdadera norma básica sobre la materia. Esa nueva ley, aseguran, debe comenzar por definir claramente los conceptos, cosa que ahora no ocurre con “publicidad institucional”, “comunicación institucional” y “publicidad comercial”. “En todo caso, no es admisible que la denominada publicidad comercial quede en una especie de limbo legal, pese a que los presupuestos que se le han asignado han sido hasta hace poco bastante más cuantiosos que los relativos a la publicidad institucional de la Administración General del Estado”, apuntan.
Cuando la Unión Europea impulsó y aprobó la Ley de Libertad de Medios, que acaba de ser publicada y entrará en vigor progresivamente a lo largo de los próximos años, sabía que la democracia estaba amenazada. Por las presiones que sufren los periodistas, por la falta de independencia de los medios públicos, por la opacidad de la propiedad de periódicos, radios y televisiones y por el reparto de la publicidad institucional.
Este último ha pasado a ser un problema de primer orden, porque permite sostener plataformas construidas sin audiencias y a menudo sin periodistas con el único objetivo de difundir desinformación fabricada para servir a los intereses del que paga, normalmente tratando de desacreditar y destruir a los adversarios.
Bruselas ha tomado conciencia de que la publicidad estatal (es decir, los fondos públicos asignados a mensajes promocionales o de autopromoción, anuncios públicos o campañas de información por parte de autoridades o entidades públicas) es una fuente de ingresos importante en el sector de los medios de comunicación, y los actores del mercado deben beneficiarse de la igualdad de oportunidades para acceder a ella.
La Ley Europea de Libertad de Medios de Comunicación requiere que los criterios y procedimientos para la asignación de dicha publicidad estatal a proveedores de servicios de medios y plataformas en línea (y contratos de suministro o servicio con ellos) cumplan con principios como la proporcionalidad y la no discriminación.
Transparencia
Además, las autoridades o entidades públicas tendrán que publicar información anual sobre sus gastos publicitarios asignados a los proveedores de servicios de medios y plataformas en línea, incluidos los nombres de los proveedores a los que se compraron los servicios de publicidad y las cantidades gastadas.
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El objetivo es, en primer lugar, minimizar los riesgos de que los fondos públicos y otros recursos estatales se aprovechen para servir a los intereses partidistas y, en segundo lugar, promover la competencia leal en el mercado interno de los medios de comunicación.
Sobre el papel, los fondos públicos para los medios de comunicación o las plataformas en línea tendrán que asignarse a través de criterios conocidos, proporcionados y no discriminatorios. La información sobre el gasto público en publicidad del Estado tendrá que ser obligatoriamente transparente, incluida la cantidad total anual y la cantidad por punto de venta.
¿Quién se encargará de que esas normas se cumplan en España? En teoría, la asignación de publicidad estatal será supervisada por las autoridades u organismos reguladores nacionales u otras autoridades u organismos independientes competentes de los Estados miembros, lo que en el caso de España señala a la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC), cuyo papel como supervisor del sector audivisual abona el escepticismo de quienes creen en la necesidad de acabar con la financiación de la "máquina del fango".
