9J | ELECCIONES EUROPEAS
El PP radicaliza su discurso antiinmigración para tapar las fugas a Vox el 9J
Es llegar la campaña y el discurso del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se mimetiza con el de Vox en determinadas materias. Sucedió hace un mes en las catalanas y ha vuelto a pasar ahora en las europeas. El tema es el mismo: la inmigración. El lunes en un mitin desde Tenerife, Feijóo propuso que "las personas que quieran formar parte de la Unión Europea han de adquirir un compromiso: de adhesión y respeto a los valores fundacionales de Europa". El PP busca así de recuperar parte del electorado que prefiere a la extrema derecha por su discurso antiimigratorio, cruzando una frontera que hace solo cinco años estaba muy bien definida.
En las europeas de 2019, el PP le dedicó un apartado de su programa a la inmigración, pero sus propuestas iban en la línea de defender una política común en materia de inmigración y un nuevo sistema de asilo para "evitar el negocio de las mafias" que también "frenara las tensiones migratorias". Asimismo, planteaban una "eficiente cooperación económica" con los países de África con mayor inmigración, además de abogar por un impulso de FRONTEX. En aquel entonces, Vox venía de quedar en quinto lugar en las elecciones generales y el PP de Pablo Casado todavía sopesaba si referirse a ellos como 'extrema derecha' o 'populistas de derechas'.
Cinco años más tarde, y ya con nuevo líder, el PP de Feijóo es el socio de gobierno de Vox en cinco autonomías y más de cien Ayuntamientos. Y ha dejado impronta también en su programa electoral, que los conservadores han presentado este lunes. Entre otras cuestiones, promueven "facilitar y agilizar la expulsión de aquellos nacionales de terceros países que, aun residiendo de manera legal en los Estados de la Unión, hayan sido condenados a pena de cárcel, mediante un cambio en la Directiva de Residentes de Larga Duración". Se trata de la misma medida que lleva años defendiendo la extrema derecha de Santiago Abascal.
La formación también aboga por que haya "más controles" en el Código de Visados de la Unión Europea reforzando "las medidas, las verificaciones de antecedentes y los procedimientos de selección para los solicitantes de visas" y un "control efectivo de fronteras" con "mayor presencia de la Guardia Europea de Fronteras y Costas en territorio español", en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, "particularmente en las Islas Canarias, en Ceuta y Melilla y en aquellas zonas donde existe mayor presión migratoria", según reza el texto.
Por último, el programa del PP también incluye la propuesta defendida por su líder en Tenerife que demanda a los migrantes "requisitos mínimos de integración y de adherencia a los principios y valores recogidos en la 20 carta de derechos fundamentales de la UE y al principio de igualdad entre hombres y mujeres". Esa es la única referencia que se hace en todo el documento a la igualdad entre géneros.
La inmigración, una de las protagonistas de los actos PP-Vox
La directriz en el PP durante la campaña es no entrar en el cuerpo a cuerpo contra Vox para no desmovilizar a su electorado, pero sus últimos movimientos van en otra dirección: la de emular su discurso en determinadas materias para tratar de tapar la brecha que se abrió hace un lustro y todavía no se ha cerrado. Para el sociólogo Guillermo Fernández, autor de Qué hacer con la extrema derecha en Europa. El caso del Frente Nacional (Lengua de Trapo, 2019), "la estrategia del PP responde a que están percibiendo una fuga de votos a Vox, sobre todo en tema de seguridad, inmigración y del sector primario". A su juicio, el PP "tiene miedo a que Vox consolide un feudo" en determinadas materias que son las que reclama Abascal en sus acuerdos.
Así se desprende de los acuerdos que llevan años firmando en comunidades autónomas comprometiéndose a implementar políticas migratorias que incluyen desde favorecer su expulsión hasta dar prioridad a los católicos sobre los musulmanes. Tras el 28M, los de Feijóo aceptaron en todos los gobiernos que comparten con Vox que las comunidades autónomas y los ayuntamientos desarrollaran políticas activas contra los migrantes. A todos los niveles. Extremadura y Murcia fueron la excepción.
El primero en aceptarlo fue el presidente andaluz, Juanma Moreno, que consiguió su primera investidura en 2018 gracias a un pacto con Vox. La extrema derecha exigió entonces que la Junta colaborase con la policía en la identificación de personas en situación irregular. Lo mismo hizo el PP en Illes Balears el pasado verano. El acuerdo con Vox para la investidura de Marga Prohens incluyó el compromiso de aprobar un plan de choque que pusiera en marcha una “colaboración documental” de las instituciones autonómicas con las Fuerzas de Seguridad para identificar a migrantes en situación irregular y poder proceder a su “repatriación”.
En Aragón, el PP también aceptó, a petición de Vox, “la acreditación de la residencia legal y no únicamente el certificado de empadronamiento” para acceder a subvenciones y ayudas del Gobierno de Aragón”. En el caso de la Generalitat Valenciana, la decisión del PP supuso asumir también un compromiso para denunciar ante “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los posibles casos de inmigración ilegal con especial atención a las mafias organizadas”, entre las que la ultraderecha incluye a las ONG de rescate y auxilio de migrantes y asfixiarlas económicamente: “Eliminaremos las subvenciones a entidades que amparen estas prácticas".
Fernández señala que el PP se ha visto forzado a radicalizar su discurso porque "la extrema derecha es una especie de aspiradora" que hace "muy difícil mantenerte en tu misma posición", lo que acaba moviendo todo el marco hacia la derecha. A su modo de ver, la derecha tradicional "no está invirtiendo tampoco en sus propias instrumentos ideológicos, comunicativos y de políticas públicas" lo que provoca que " la extrema derecha en el mundo y en occidente particularmente" sea "mucho más dinámica en términos de ideas, de comunicación y más innovadora que en la derecha clásica": "Al final esa derecha lo acaba pagando", concluye.
La alianza del PPE con la extrema derecha europea, "una derrota cultural e ideológica"
El sociólogo también incide en que la "radicalización del discurso del PP coincide con la del Partido Popular Europeo", es decir su familia política en Bruselas, que ha abierto la puerta por primera vez a una alianza con la extrema derecha tras el 9J. Para Fernández, el hecho de sopesar el pacto con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni —un acuerdo que también defiende Feijóo—, "tiene que ver con la desaparición de la derecha convencional italiana": "Ella ocupa la posición de Silvio Berlusconi, pero con sus propias ideas". Así, al quedarse sin ese socio italiano que aportaba un buen caudal político al grupo el PP "busca desesperadamente" a otro.
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Meloni es el mascarón de proa del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, en el que también militan el español Vox, Ley y Justicia (Polonia), Nueva Alianza Flamenca (Bélgica), Partido Democrático Cívico (República Checa), Demócratas de Suecia (Suecia), Partido Finlandés (Finlandia) y ¡Reconquista!, el movimiento del controvertido dirigente ultra francés Éric Zemmour. Santiago Abascal quiere subirse a esa ola. Busca un “cambio histórico” en el Parlamento Europeo para que “la derechita estafadora”, en alusión al PP, deje de “imponer” prohibiciones junto con el “socialismo corrupto”.
Fernández considera que abrirse a pactar algunas políticas y a introducir en comisiones a la "extrema derecha reconfigurada —en referencia a los grupos que previsiblemente se crearán en Bruselas—es signo de la asunción de una derrota cultural e ideológica". Para el sociólogo "lo que en un principio podría parecer un signo de fortaleza del PPE" ya que puede reivindicar que "pacta a su derecha o a su izquierda" es "un signo de debilidad". "Se asume que en la polarización que genera la extrema derecha contra la izquierda, no hay sitio para otra derecha", analiza.
Lo cierto es que la derecha tradicional del viejo continente asiste con vértigo, desde hace meses, a encuestas que pronostican un avance entre sustancial y arrollador de los partidos ultras en casi todos los países. De producirse esta alianza, a la que la presidenta de la Comisión Europea ya ha dado luz verde, el cambio en el funcionamiento de las instituciones europeas sería acusado. De ser una Eurocámara dominada por una gran coalición europeísta, se pasaría a dos bandos enfrentados en las políticas y en los nombramientos. Y terminaría por ceder lo que queda de cordón sanitario contra la extrema derecha.
