Una Junta de Fiscales rota por la mitad avala la tesis de García Ortiz de aplicar la amnistía a la malversación

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, gana la batalla a los fiscales del procés en su pulso por la aplicación de la amnistía. La Junta de Fiscales de Sala, máximo órgano consultivo de la carrera, ha respaldado partida en dos el criterio del jefe del Ministerio Público, que defendía que la malversación por la que están procesados el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, y por la que han sido ya condenados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull, entra dentro del ámbito de aplicación de la norma de olvido jurídico y, por lo tanto, deben levantarse las medidas cautelares que aún pesan sobre alguno de los dirigentes independentistas. La tesis de García Ortiz ha obtenido 19 votos —el de 18 compañeros más el suyo—, mientras que la de los fiscales del procés ha cosechado 17. En la reunión, además, se ha registrado una abstención.

La cúpula fiscal se ha reunido desde primera hora de la mañana en el Palacio del Marqués de Fontalba para afrontar el debate sobre la postura que debía mantener el Ministerio Público en relación al encaje de la malversación en la nueva ley de amnistía. Un cónclave al más alto nivel convocado tras el choque de criterios entre García Ortiz y los cuatro fiscales del procés: Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno. El primero, claramente partidario de defender ante el Supremo que los hechos que persiguen a los líderes independentistas entran dentro del ámbito de aplicación de la norma. Los segundos, firmes defensores de rechazar que en este caso el delito de malversación pueda ser amnistiado por el Alto Tribunal.

Al encuentro han asistido 36 de los 38 fiscales que integran el órgano —dos de ellos no han podido acudir por motivos médicos—, a los que se suma el jefe del Ministerio Público. Sobre la mesa, dos informes. Por un lado, el del fiscal general del Estado, que sostenía, apoyándose en la sentencia del procés, que no existió un “propósito de enriquecimiento” de los líderes independentistas en la desviación de fondos públicos para financiar el referéndum ilegal del 1-O y que, por tanto, dicha conducta puede ser amnistiada. Algo que, además, implicaría el alzamiento de la orden de detención nacional que aún pesa sobre el expresident de la Generalitat.

Por otro, el de los cuatro fiscales del procés, en el que se defendía que el desvío de recursos supuso “un beneficio patrimonial para los autores” y que, por tanto, el delito no encajaría en una norma que permite amnistiar la malversación solo cuando no haya existido un “propósito de enriquecimiento”. En su informe, además, los cuatro fiscales del procés también sostenían que el delito de malversación habría afectado “a los intereses financieros de la Unión Europea, lo que situaría los hechos, de nuevo, en el ámbito de exclusión de la norma que regula la medida de gracia. Un argumento, este último, que también rechazaba categóricamente el fiscal general del Estado.

El cónclave, que se ha prolongado durante más de cinco horas, ha arrancado con la intervención de estos últimos fiscales. El primero en tomar la palabra ha sido Cadena, seguido por Moreno, Madrigal y Zaragoza. Tras eso, se ha abierto un debate en el que han participado dos terceras partes de la cúpula –13 integrantes de la Junta han preferido no intervenir–. Y García Ortiz ha tenido la última palabra. Según fuentes fiscales, ha sido una discusión muy técnica, centrada exclusivamente en el encaje en la ley de amnistía de la malversación vinculada al procés. Durante el encuentro, no se ha entrado en el debate ni de las cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ni de las cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Al final, la mayoría de miembros de la Junta de Fiscales de Sala se han alineado con el jefe del Ministerio Público, cuyo criterio será el que finalmente defienda la Fiscalía ante el Supremo en la causa del procés —tanto ante la Sala Segunda, órgano sentenciador, como ante Pablo Llarena, el magistrado que sigue instruyendo el procedimiento en el caso de los líderes independentistas huidos—. Sin embargo, la votación ha estado realmente ajustada. Y ha terminado por dibujar a una cúpula fiscal partida totalmente por la mitad en lo relativo a la amnistía de la malversación. Las tesis del fiscal general del Estado han recibido el respaldo de la Junta de Fiscales pero con solo dos votos de diferencia, incluido el suyo propio, sobre las de los cuatro del procés.

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Aunque en el generalato del Ministerio Público hay un nutrido grupo de fiscales considerados progresistas, lo cierto es que en el cónclave no se ha votado siguiendo una clara dinámica de bloques. Algunos fiscales de perfil conservador, como Jesús Alonso o José Ramón Noreña –ambos de la mayoritaria Asociación de Fiscales–, han respaldado el criterio de García Ortiz. Y otros, históricamente vinculados a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), han considerado más acertadas las tesis de los cuatro del procés. Es el caso, por ejemplo, de María José Segarra, la primera fiscal general del Estado con Pedro Sánchez en la Moncloa. En cuanto a la abstención, ha sido del fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher.

Ahora, el criterio mayoritario será plasmado en un escrito que el Ministerio Público deberá enviar al Alto Tribunal en las próximas horas, dado que el plazo que dio el Supremo a las partes para pronunciarse sobre la aplicación de la amnistía a la causa del procés concluye este mismo miércoles. Pero el mismo no será elaborado por Cadena, Zaragoza, Madrigal y Moreno, que han sido relevados de la causa –algo que ellos mismos habían solicitado si se les imponía un criterio contrario al que ellos mantenían–. Quienes harán dicho escrito, tomando como base el informe del fiscal general y añadiendo algunas consideraciones realizadas durante el cónclave de este martes, serán la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y su fiscal de sala jefe de lo Penal, Joaquín Sánchez-Covisa.

La número dos de la carrera es, de hecho, la que tiene a su cargo de la causa abierta por terrorismo en el Alto Tribunal contra el expresident Puigdemont y el diputado del Parlament Rubén Wagensberg. El hecho de que la Fiscalía defienda finalmente la aplicabilidad de la amnistía para la malversación del procés no implica, sin embargo, que ese vaya a ser el criterio que asuman los órganos judiciales. Al final, quien tendrá la última palabra sobre la afectación de la ley de olvido jurídico al procedimiento que afecta a los principales dirigentes independentistas serán los magistrados del Supremo. Desde Llarena a los miembros de la Sala Segunda, con Manuel Marchena al frente.