La acusación popular de PSOE y Más Madrid apunta a más facturas falsas en el caso del novio de Ayuso
La acusación popular trata de ampliar la investigación sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En un escrito que ya está sobre la mesa de la magistrada instructora, y que ha provocado este lunes el aplazamiento por segunda vez de la declaración como investigado de Alberto González Amador, la representación letrada de PSOE y Más Madrid considera que existen indicios como para ampliar las pesquisas más allá de los dos delitos de fraude fiscal y falsedad en documento mercantil denunciados en su momento por la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid. La acusación pone el foco sobre las vinculaciones de González Amador con el grupo sanitario Quirón. Y apunta hacia la posible existencia de más facturas falsas.
El empresario estaba llamado a declarar este lunes en los juzgados de Plaza de Castilla. Pero como ya ocurrió a finales de mayo, la comparecencia ha vuelto a suspenderse. Esta vez no ha sido por problemas técnicos, sino por un movimiento de la acusación popular para ahondar más en el asunto. Durante todo el fin de semana, los equipos jurídicos de PSOE y Más Madrid han estado trabajando intensamente en un escrito orientado a profundizar aún más en los hechos objeto de investigación. Un documento que ha sido registrado este mismo lunes ante el Juzgado de Instrucción nº19 y que ha llevado a la magistrada María Inmaculada Iglesias a aplazar sine die las comparecencias hasta que decida si admite o no la batería de diligencias solicitada por la acusación popular.
Tras estudiar la ingente documentación que obra en el procedimiento –tanto el informe elaborado por la Agencia Tributaria como un millar y medio de archivos que lo acompañan–, la representación de ambas formaciones políticas cree que existen "elementos indiciarios" como para considerar, más allá de los tipos apuntados por el Ministerio Público, la existencia de un delito agravado contra la Hacienda Pública, administración desleal, falsedad contable, corrupción en los negocios y delito contable. Este último tipo penal, sostiene la acusación popular en su escrito, al que ha tenido acceso infoLibre, ya fue "apuntado" por la propia inspectora de Hacienda en el "informe" que se encargó de elaborar sobre el caso.
"Las contabilidades de las sociedades investigadas reflejan facturas falsas o falseadas incluyéndose en los libros anotaciones ficticias, en tanto en cuanto los servicios referidos en las facturas no se realizaron y, en algunos casos, ni siquiera se abonaron o se abonaron pero tan pronto se efectuó el ingreso en la cuenta bancaria de las sociedades los fondos fueron retirados", sostienen PSOE y Más Madrid en su escrito. Es más, señalan que "de los propios documentos que obran en las actuaciones" existen "indicios" como para considerar que "no solo son falsas las facturas que se mencionan" en la denuncia inicial de la Fiscalía, sino "otra serie de facturas" que también "fueron contabilizadas" en 2020 y 2021 y que siguen "la misma operativa" que las consideradas ficticias por la inspección.
En este sentido, mencionan una a la empresa Conjarman por servicios descritos como "control técnico de obras para apoyo en ISO 9001 de sector construcción". "Descripción genérica que no aclara dónde ni cuándo se realizan los servicios", señalan. También ponen el foco en la facturación de un contrato de alquiler de una oficina por un coste de 17.500 euros: "Siendo un contrato de alquiler, ya extraña que se pague toda la cantidad del arrendamiento de una vez y anticipadamente, pero es que además no consta (salvo que no lo hayamos encontrado) pago de servicios de ninguna clase vinculados a esta oficina de alquiler". Y en facturas de Atrium Soluciones y Aibe Formación y Empleo. Firmas sobre las que la acusación pide a la magistrada que se recopile información.
No son las únicas alrededor de las cuales solicitan diligencias de investigación. También se pide un análisis de los vínculos de González Amador y sus sociedades –Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker SL– con otras tantas firmas que aparecen en los papeles contables recogidos en el expediente de la inspección. Documentos que, sostiene el escrito, "hacen alusión a servicios que, sin embargo, no dan lugar a ingresos procedentes de los mismos". "Pudiera ser que, aunque estos servicios se realizaran a través de Maxwell o Masterman pagando a terceros por la realización de tales trabajos, finalmente fueran facturados por González Amador como autónomo, o a través de otras empresas utilizadas como pantalla, de manera que pudieran existir ingresos opacos y no declarados", elucubra la acusación popular.
El foco sobre Quirón
El escrito de PSOE y Más Madrid se detiene, del mismo modo, en el gigante sanitario Quirón, al que González Amador ha estado estrechamente vinculado. "Es cuestionable que muchas de las facturas abonadas por Quirón Prevención –filial de la compañía del sector de la salud– respondan realmente a los servicios que se prestaban, puesto que no ha quedado acreditado que los abonos correspondan a trabajos concretos sobre contratos concretos y determinados, utilizando siempre fórmulas genéricas e indeterminadas, habiendo un desfase total entre lo que facturan los profesionales y lo que Quirón Prevención paga por ellos", sostienen desde la acusación popular.
La representación letrada de ambas formaciones políticas sostiene, a la vista de la documentación obrante en la causa, que existe una "relación esencial" entre Maxwell y Masterman y la filial del gigante sanitario. Una vinculación que "va más allá" de que ésta última sea "el cliente principal" de ambas sociedades. "Son prácticamente filiales, existiendo una confusión empresarial hasta el punto que en alguna de las actividades las empresas investigadas se presentan como parte de la propia Quirón Prevención, hasta el punto de compartir 'trabajadores' o 'colaboradores', de que el propio González Amador, en documentos, se reconoce como responsable de proyectos de aquella", apunta el escrito.
El PSOE y Más Madrid resaltan que no ha quedado acreditado "documentalmente" en qué "consistían los servicios que se le prestaban a aquella" ni tampoco cómo "se fijaban las cuantías que eran abonadas", pasando de "realizar presuntamente" unos servicios de consultoría en materia de protección de datos y certificaciones a "convertirse" en los "representantes e intermediarios" de Quirón Prevención "en operaciones comerciales". "Como es el caso de su presunta expansión en Sudamérica", completan. Sobre esta base, piden que la magistrada requiera a la compañía sanitaria contratos, facturas e, incluso, comunicaciones relacionadas con González Amador, así como que información sobre "posibles conflictos de intereses" a la hora de contratar al empresario y sus compañías.
La acusación también solicita que se tome declaración como testigo a Fernando Camino, "núcleo común" en la relación de la firma sanitaria con la pareja de Ayuso. La vinculación entre ambos viene de lejos. Los dos pasaron por la empresa panameña Insumos Médicos del Pacífico SA, de la que el primero fue cofundador en 2013. Firma con la que también está relacionado, según elDiario.es, César Nieto. Este español, según recoge el escrito de la acusación popular, es socio de González Amador en la empresa October Twelve y en Burnet & Brown Investments LLC, constituida a finales de 2022 en Florida. De ahí que PSOE y Más Madrid pidan también que se cite a declarar a Nieto y se cursen rogatorias a Panamá y EEUU solicitando información mercantil, fiscal y contable de dichas compañías.
Del mismo modo, exigen que se pidan a las autoridades panameñas datos sobre Aerofalcon SL, de la que informó en su momento infoLibre. Al frente de esta sucursal en el istmo de una sociedad homónima española dedicada al material aeronáutico se situó desde el principio Juan Carlos González Pérez, el mismo ejecutivo que desde 2013 tenía poderes generales en Insumos Médicos del Pacífico SA. Desde la constitución de Aerofalcon en Panamá –el 30 de mayo de 2017–, González Amador ostentó el doble cargo de “director” y “secretario”. Un año más tarde, el 19 de marzo de 2018, le sustituyó en la junta directiva panameña el venezolano David Guerra, que, según el digital dataconfirmada.com, había trabajado en 2011 “en la comisión de contrataciones del Ministerio del Poder Popular para el Transporte y Comunicaciones de Venezuela”
El piso, la administración desleal y el resto de delitos
Entre la extensa batería de diligencias de investigación, la acusación popular solicita que se haga una "averiguación patrimonial" sobre los investigados entre 2019 y 2022 y que se analicen los movimientos bancarios en ese mismo periodo temporal. También pretenden que se requiera a González Amador para que aporte "documentación contable" de su actividad como autónomo y "escrituras de compraventa" de viviendas a su nombre adquiridas en los cuatro últimos años, así como que se requiera al registro de la propiedad para que informe de los inmuebles que pueda tener registrados a nombre de la pareja de la presidenta madrileña y de tres sociedades más: Maxwell Cremona, Masterman & Whitaker y Babia Capital.
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En julio de 2022, dos meses después de que Hacienda iniciase sus investigaciones sobre el posible fraude fiscal, González Amador adquirió una vivienda de más de 183 metros cuadrados en un céntrico barrio de la capital. "Compra en la que pudiera haber invertido las ganancias obtenidas", resalta la acusación en su escrito. Pero podría no ser la única de la que disfruta la pareja. A mediados de marzo, elDiario.es publicó que Ayuso y González Amador también estaban utilizando una segunda vivienda situada justo encima de la primera. Un ático de lujo a nombre de la sociedad Babia Capital SL, administrada por quien fuera el representante del empresario ante la Agencia Tributaria, a quien la acusación popular también pide que se le cite a declarar.
PSOE y Más Madrid, más allá de los delitos mencionados por la Fiscalía en su primera denuncia, creen que existen elementos indiciarios como para considerar corrupción en los negocios o falsedad y delito contable. También el tipo agravado contra la Hacienda Pública, al entender que concurre en el fraude "la utilización" de "sociedades" como "empresas pantalla". Y administración desleal. "A la vista de la documental, existen en las cuentas de las sociedades movimientos que no se justifican, que no se corresponden con las actividades propias de las sociedades y que las perjudican, como son compras de abonos de clubs deportivos, viajes aparentemente personales, compra de vehículos de alta cilindrada...", resalta la acusación popular sobre este último tipo delictivo.
La instructora deberá decidir ahora si da o no el visto bueno a la ampliación de la investigación solicitada por PSOE y Más Madrid, un movimiento de última hora que ha dejado congelado cualquier pacto que González Amador y el resto de investigados estuviesen cocinando con la Fiscalía y la Abogacía del Estado –que representa en el proceso a la Agencia Tributaria–. Un acuerdo que la pareja de Ayuso ha buscado desde el primer momento. En febrero, su abogado propuso al Ministerio Público admitir los delitos y asumir ocho meses de cárcel y poco más de medio millón de euros para evitar el juicio.
