La jueza vuelve a aplazar la declaración del novio de Ayuso para estudiar si amplía la investigación

El empresario Alberto González Amador ha acudido de nuevo este lunes a los juzgados de Plaza de Castilla para prestar declaración como investigado por los presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad en documento mercantil. Pero, de nuevo, su comparecencia tendrá que esperar según fuentes jurídicas. Por segunda vez, la jueza María Inmaculada Iglesias ha decidido suspender la declaración de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para poder estudiar los escritos presentados por la acusación popular —que integran PSOE y Más Madrid—, que había pedido un aplazamiento para que se puedan investigar en el procedimiento otros nuevos posibles delitos. 

La denuncia de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía que ha dado origen a la causa acusaba a González de dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública relativos al Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021, así como otro presunto delito de falsedad en documento mercantil. El fiscal sostenía que la sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente SL, administrada por González, llevó a cabo "determinadas conductas" con la "única finalidad" de "reducir" su tributación "ante el incremento del volumen de negocios que había experimentado" en plena pandemia, un aumento derivado de su papel como comisionista en la compraventa de mascarillas durante la pandemia. En concreto, recogía la denuncia, se habría deducido "indebidamente" gastos "en virtud de facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados".

El novio de Ayuso denuncia al Ayuntamiento de Madrid por la filtración de datos sobre las obras de su piso

Ver más

En el primero de los ejercicios bajo la lupa, señalaba el escrito del Ministerio Público, Maxwell Cremona se habría deducido de forma irregular una factura por importe de 620.000 euros emitida por una sociedad mejicana, empresa que "no realizó ningún servicio o trabajo" para la sociedad española. Y en 2021, la Fiscalía ponía el foco sobre otras catorce facturas emitidas por distintas firmas. Con dicho comportamiento "fraudulento", las arcas públicas dejaron de ingresar, según la Agencia Tributaria, 350.951 euros –155.000 euros en el primer ejercicio y 195.951,41 euros en el segundo–. El Código Penal castiga con entre uno y cinco años de prisión el fraude fiscal que exceda de 120.000 euros. Junto a la pareja de Ayuso, el procedimiento se dirige contra otras cuatro personas más.