La ultraderecha pone en marcha una ofensiva contra los derechos LGTBI a las puertas del Orgullo

Miguel Ángel Fernández dice que, en su época, a esto que está pasando lo llamaban "homofobia institucional". El término se hizo popular entre los movimientos sociales durante el segundo Gobierno de José María Aznar. "Lo llamábamos el cuatrienio de la homofobia institucional". Así que ha quedado grabado en la memoria del activista, presidente de la Fundación Zerolo. Hoy, asiente, aquel mismo odio que parecía haberse esfumado de las instituciones, rebrota de nuevo entre los líderes de la extrema derecha y a las puertas del Orgullo LGTBI.

La cadena de expresiones de odio contra el colectivo con origen en las instituciones es casi interminable y cada día, prácticamente, se suma un eslabón. Este miércoles, la alcaldesa valenciana, María José Catalá (PP), ha justificado la ausencia de la bandera arcoíris de la fachada consistorial porque, en caso de colgarla, tendría que hacer lo propio "el día del ELA, el día del Alzhéimer o el día del cáncer". Las declaraciones vertidas son especialmente dolorosas porque traen consigo los ecos de un pasado en apariencia superado, en el que la intencionada vinculación con la enfermedad pesaba sobre los hombros del colectivo. El Ministerio de Igualdad anunció este jueves estar estudiando "acciones penales" contra la regidora. 

Pero la ofensiva no termina ahí. Stephane Soriano, director general de Diversidad de la Generalitat de Valencia, arremetió el miércoles contra el principal colectivo LGTBI dela comunidad, Lambda: "No vamos a dar nada, que se busquen la vida, pero ya", exclamaba a cuenta de los fondos que recibe la organización.

La cosa no acaba en suelo valenciano. Este jueves, la polémica se instaló en el Pleno de Toledo. Y el motivo fue, sencillamente, la bandera LGTBI que ondeaba desde la bancada del PSOE. El alcalde, Carlos Vázquez Romo (PP), no sólo optó por demorar el inicio del acto, sino que decidió dar aviso a los servicios municipales. El resultado: un policía local arrancó la enseña hasta hacerla desaparecer del hemiciclo.

En Extremadura, el diputado ultra Javier Bravo se atrincheró tras una estrategia habitual de quienes la emprenden contra el colectivo: la burla, la sorna y la ridiculización. Concretamente, el parlamentario se mofó de la línea telefónica contra la LGTBIfobia, el número 028, asegurando que "la asociación de bigotudos que fuman también quiere un teléfono".

Otro comodín utilizado por la derecha es el de encuadrar los derechos del colectivo dentro de la categoría de sesgos ideológicos. Es el argumento escogido por el PP y Vox en Valdemorillo (Madrid) para censurar la charla divulgativa Mirar más allá, acerca de la comunidad trans, sus derechos y necesidades. "Estos temas se deben tratar desde el punto de vista científico, no desde el ideológico", señalaron fuentes del consistorio que ya el año pasado censuró la obra de teatro Orlando. 

Y si en algo ha descargado su furia la derecha y la extrema derecha, es en el reconocimiento simbólico de los derechos LGTBI. En Navarra, la declaración institucional con motivo del Orgullo ha sido torpeada por el grupo parlamentario de Vox y en Talavera (Madrid), el PP y Vox han acordado no colgar ningún símbolo en homenaje al colectivo de la fachada del edificio consistorial. En Cartagena (Murcia), la ultraderecha cree que la exposición de banderas arcoíris responde a una forma de "adoctrinamiento de los menores". Otra coletilla habitual.

En Madrid, la censura tiene que ver con lo simbólico, pero también con los derechos formales. El Ayuntamiento de Madrid presentó el lunes la cartelería para el Orgullo. Ni rastro de siglas, ni de banderas: el protagonismo se lo lleva un tacón, una copa, un oso y un preservativo. El colectivo critica que es una forma de presentar esta fecha como "una festividad basada en el alcohol y en el sexo" que, además, perpetúa la estigmatización y los estereotipos. Y sobre estigma sabe algo Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Este jueves, la líder regional aseguró que "empujar a la hormonación y al delirio trans está creando graves problemas". Lo dice sin titubeos y después de que el Consejo de Ministros haya decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional las reformas llevadas a cabo por su gobierno contra las leyes LGTBI de la autonomía.

"La derecha siempre ha pensado que somos unos enfermos"

Toño Abad, director del Observatorio valenciano contra LGTBIfobia, asiste con preocupación a la escalada de violencia en el mismo seno de las instituciones. "Hemos normalizado la presencia de la extrema derecha y ahora tienen un altavoz", lamenta. Las voces ultras, pero también las conservadoras que se han sumado al discurso de odio, buscan "rescatar todo un abanico de expresiones denigrantes para demostrar su superioridad ante los demás, como una manera de hacerse notar", analiza. 

Miguel Ángel Fernández cree que las palabras de la ultraderecha parten de una aversión visceral, una suerte de odio que brota desde las entrañas. "Lo que ha pensado la derecha toda la vida es que éramos unos enfermos. Pensamos que había emprendido otro camino, el de equipararse a una derecha europea, pero ha vuelto hacia atrás de una forma radical", sostiene el activista. 

Fernández insiste en que este tipo de discursos no son nuevos, sino que recuperan un sentir que siempre ha estado y que tuvo su momento álgido con la aprobación del matrimonio igualitario. Aquilino Polaino, licenciado en Medicina y en Psicología Clínica, se dio a conocer cuando, invitado por el PP a la Comisión de Justicia del Senado durante la tramitación de la ley del matrimonio igualitario, aseguró que la homosexualidad era una patología. Poco antes de aprobar la ley, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sacaba adelante un estudio jurídico sobre el proyecto cuya primera versión comparaba el matrimonio igualitario con "la unión entre un hombre y un animal". La referencia fue finalmente suprimida, pero el dictamen definitivo mantuvo el rechazo al matrimonio entre personas del mismo sexo. 

Aquellos discursos, tan similares a los que se escuchan hoy en boca de algunos líderes políticos, nutrían un odio latente en las calles. "Igual que pasó a finales de los ochenta y en los noventa, este tipo de discursos públicos son caldo de cultivo para que los cachorros neonazis se crean otra vez con el derecho a la caza del disidente", advierte Fernández. 

Aunque coincide en el diagnóstico, Ana García echa en falta un paso más. "Llevamos años hablando de esto. La tónica siempre es la misma: cómo los discursos de odio están creciendo cada vez más". La coruñesa, presidenta de la Organización LGTBI ALAS, sostiene que este tipo de discursos están "cada vez más legitimados en las calles y en el poder político", a un nivel inimaginable tan sólo hace unos años. Y la consecuencia no es otra que la violencia y las agresiones en las calles, concluye. Pero García cree importante superar la fase de análisis y pasar a la acción.

Pasar a la acción

¿Han dejado de escandalizar a la gente estos discursos? ¿Han quedado cómodamente integrados dentro de la normalidad? "Puede que hayamos llegado a un momento de cierta insensibilidad", exclama Fernández. Pero sobre todo, el activista teme que hayan comenzado a calar entre un sector "fundamental para la evolución social: los más jóvenes". Según datos del CGPJ, uno de cada cinco delitos de odio cometidos en las últimas dos décadas tuvieron su raíz en el odio hacia el colectivo LGTBI. El perfil del agresor es el de un hombre mayor de edad que actúa en solitario y que se siente identificado con algún grupo extremista. La edad más común, los 21 años. El Ministerio del Interior sitúa la discriminación por la orientación sexual o identidad de género de la víctima como la segunda más frecuente de los delitos de odio registrados por las autoridades, si bien los colectivos destacan que la infradenuncia impide ver la dimensión real del problema.

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"Estamos permitiendo que una ideología de odio destruya cualquier tipo de políticas de igualdad", advierte, sin que exista un reproche social masivo. "Hay que combatirlo", subraya, y sólo podremos hacerlo "con pedagogía". También Abad cree que la verborrea ultra conseguido "moverse desde la visceralidad, el populismo y la simplificación", algo que "conecta con la sociedad". El activista apela también por la pedagogía: "Hay que decir que esto no va contra las personas LGTBI, sino contra la convivencia".

El pasado 20 de junio, las entidades aplaudían la creación de la subcomisión para el desarrollo de un Pacto de Estado contra los discursos de odio. La iniciativa pudo echar a andar a pesar de la oposición de la ultraderecha, quien votó en contra. 

Abad cree importante "construir una estrategia conjunta de progreso y respeto de los derechos humanos" desde todos los frentes. Coincide García. "Necesitamos recuperar la piel con piel, la lucha en las calles", impugnar la "desmovilización de la gente y de la izquierda". A veces, reconoce la activista gallega, pesa la percepción de que "está todo perdido". "A mí misma me pasa: piensas que no hay nada que hacer, que da igual que salga a la calle o a votar", reconoce. La respuesta a la desafección es el rearme, pasar a la ofensiva: "Entender que este país caminó en derechos sociales gracias a que la gente salió a las calles y usando las herramientas democráticas a su alcance. Y por eso somos un país referente, tenemos que tenerlo claro".