Por qué ahora no funciona el reparto de menores: las comunidades incumplieron lo pactado en 2022 y 2023

Ni en 2022 ni en 2023 cumplieron con lo pactado. Los datos que el Gobierno ha facilitado a infoLibre confirman que el actual sistema de reubicación de los menores migrantes no funciona. Las organizaciones que trabajan por los derechos de la infancia ya lo advertían desde hace tiempo, pero es que los datos les dan la razón. Según las cifras que maneja el Ejecutivo, hace dos años las comunidades acogieron al 60% de los niños y niñas a los que se comprometieron dar asilo, un porcentaje que el año pasado cayó hasta el 15%. "Se ha comprobado que este mecanismo no está siendo efectivo", lamenta la especialista en migraciones de Unicef, Sara Collantes.

La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebra este miércoles en Tenerife pretendía ser un punto y aparte, pero si hay una palabra que define la reunión esa es incertidumbre. El Gobierno central y el canario llegan a la reunión con la esperanza de que las comunidades avalen la reforma de la Ley de Extranjería para que el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas sea obligatorio, pero la ambigüedad del PP, que desde su dirección nacional no ha marcado una posición concreta, mantiene en el aire un posible apoyo al cambio legislativo.

En cualquier caso, la realidad confirma que la modificación del artículo 35 de la norma es necesaria. Porque la voluntariedad autonómica, aunque conlleve una inyección de fondos, no es efectiva. ¿Cómo funciona exactamente? Hasta ahora, y si nada cambia, la reubicación de los menores migrantes desde una comunidad a otras se produce cuando la primera rebasa su capacidad de acogida en un 150%, una situación que Canarias ya sufre desde hace tiempo (su sistema puede sostener a 2.000 personas, pero actualmente lo hace con 6.000). Cuando eso ocurre, la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia —como la que se reúne este miércoles— adopta lo que se conoce como "planes de respuesta", que no son más que acuerdos entre las regiones para realizar un reparto en función de la población, la renta o el desempleo que existe en las comunidades de destino.

Según esos criterios, el año pasado el Gobierno y las autonomías acordaron que estas últimas tendrían que acoger a 373 menores migrantes procedentes de Canarias y de Ceuta. Sin embargo, sólo tres comunidades aceptaron los traslados. Fueron Andalucía, Aragón y Asturias, que no obstante no cumplieron con los cupos a los que se comprometieron: tan sólo aceptaron reubicar a 62 niños y niñas. Si la primera tenía que recibir a 36, sólo acogió a 30; si la segunda debía acoger a 24, lo hizo con 16; si la tercera se comprometió a dar asilo a 32, también lo hizo sólo con 16. Navarra, por su parte, se comprometió a acoger a cinco a finales de este mes, con la que la cifra, de cumplirse, ascendería a 67 de esos 373. El reparto estaba asociado, además, a una partida de 20 millones de euros.

Un año antes la situación dejó mejores datos, pero tampoco un cumplimiento completo de los compromisos adoptados. El acuerdo para 2022, según los mismos datos del Gobierno, contemplaba la reubicación de 378 niños y niñas, pero las comunidades sólo acogieron a 228. En esta ocasión, sin embargo, hubo cuatro que sí hicieron efectivo el acuerdo. Fueron Andalucía (que acogió a 38), Asturias (31), Comunitat Valenciana (18) y Extremadura (22).

La propuesta para 2024, que fue rechazada por las autonomías y que será de nuevo propuesta este miércoles, contempla por su parte la reubicación de 347 menores.

Comunidades "desbordadas"

Las autonomías, sin embargo, dicen estar "desbordadas". Al límite de su capacidad. Andalucía, por ejemplo, lo expresó este mismo martes al mediodía en boca de su consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, que señaló que con "financiación y tiempo" su región está dispuesta a aceptar reubicaciones, aunque actualmente se encuentra al 115% de ocupación en sus sistema de acogida. infoLibre se puso en contacto con este departamento para conocer los datos que llevan a dar esa cifra, pero todavía no ha recibido respuesta.

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, avisó por su parte que la región tiene "capacidades limitadas" para recibir a estos menores y que su red de ocupación, que consta de 135 plazas, ya se sitúa ocupada "entre el 85% y 90%". "Ya acogemos a 9 menores no acompañados de procesos anteriores, por lo que la postura que adoptará el Gobierno de La Rioja es estar completamente de acuerdo con ser solidario, con recibir menores, pero siempre dentro de las capacidades", especificó.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también lanzó el mismo mensaje. Su región es "solidaria" y por eso estará "a la altura". No especificó sin embargo cuántas plazas tiene su sistema ni cuántas de ellas están ocupadas. Y tampoco dejó claro cuál será su posición este miércoles.

La Comunitat Valenciana sí fue más clara. Este lunes, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, pidió "solidaridad y rigor" al tiempo que cargaba contra el Gobierno, al que acusó de hacer "demagogia" por no facilitar más recursos a una comunidad "al borde del colapso". Admitió que la situación de su sistema no está "al nivel de Canarias", pero lamentó que el mismo ya se sitúa al 170% de ocupación. "Es una cuestión de Estado y creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por no señalar con el dedo el ojo de otra administración, aunque sea de otro partido. Es un asunto suficientemente serio como para analizarlo bien. Desde la solidaridad, por supuesto, pero también desde el rigor", sostuvo.

Murcia adoptó un discurso similar. Según señaló el portavoz parlamentario del PP, Joaquín Segado, nadie puede dar a la región "lecciones de solidaridad", porque su sistema ya acoge, aseguró, a más del doble de personas de las que estaban previstas: 210 menores bajo la tutela de la comunidad y 800 inmigrantes en el campamento del antiguo Hospital Naval de Cartagena.

Distinta fue la posición de Navarra y Asturias. La primera afirmó, ya el 3 de julio, que apoyaba la reforma legislativa para que el reparto de menores fuera obligatorio. "Es fundamental", defendió la consejera de Derechos sociales del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu. A su juicio, el objetivo no es otro que "adaptar el sistema de acogida a un fenómeno que es estructural y al que hay que dar una respuesta adecuada". Actualmente, concretó, su comunidad da asilo a 110 menores migrantes. La segunda, por su parte, rechazó vetar la acogida, aunque sus 89 plazas reservadas ya están ocupadas.

Madrid, cuya presidenta Isabel Díaz Ayuso suele encabezar la oposición al Gobierno, no ha mostrado por su parte una posición clara en este debate. Las últimas declaraciones de la conservadora al respecto se produjeron a finales del pasado mes de junio, cuando reclamó al Ejecutivo una Conferencia de Presidentes porque, a su juicio, se estaba tratando el asunto de una manera "vergonzosa" e "inhumana". "Tú no puedes por las noches, en aviones, mirando para otro lado, soltar ahí a la población… El Gobierno utiliza la inmigración como señuelo para decir que son los que tienen las esencias de la progresía y son las mejores personas", dijo, en línea con unas declaraciones realizadas el pasado mes de enero en las que también vinculó sin ambages a la migración con la delincuencia.

No ofreció datos por su parte de las plazas de las que disponen para estos menores. Ni de las que ya están ocupadas. infoLibre lo preguntó a su Consejería competente pero, como en el caso andaluz, tampoco recibió respuesta.

"Interés superior del menor"

En cualquier caso, desde las ONG reclaman que, ocurra lo que ocurra este miércoles, prevalezca siempre el bienestar de los menores. "Apelamos siempre a poner a los niños y niñas en el centro del debate. Es con ese marco con el que hay que tomar las decisiones más efectivas", dice Collantes.

La directora de Incidencia Social y Política de Save The Children, Catalina Perazzo, señala en este mismo sentido que hay que velar porque los traslados se decidan y hagan "en base a las necesidades de cada niño o adolescente, velando siempre por el interés superior del menor". "De lo contrario, se les podría exponer a situaciones de riesgo, se podrían generar movimientos secundarios una vez en la Península y no se estarían respetando sus derefchos ni escuchando su voz", critica.

Accem, del mismo modo, espera que de la conferencia de este miércoles salga un acuerdo que sirva "para una mejor atención a estos niños, que sufren una situación de doble vulnerabilidad, por ser menores y migrantes". "Huyen de contextos de mucha peligrosidad, muchas veces marcados por conflictos, guerras, inestabilidad social o política o persecución por pertenencia a un grupo. No se nos puede olvidar que se ven forzados a jugarse la vida en travesías muy mortíferas", lamentan desde la organización.