Feijóo copia los argumentos de los ultras en Estrasburgo para oponerse al plan de medios en España

El reglamento europeo de libertad de medios, que el presidente Pedro Sánchez propuso el miércoles desarrollar en España para aplicar en toda su extensión medidas como la transparencia en la propiedad de los medios y en la distribución del dinero que les llega a través de las diferentes administraciones, fue aprobado en el Parlamento de Estrasburgo hace apenas cuatro meses por una amplísima mayoría que incluyó, entre otros votos, los del Partido Popular Europeo (también el español).

Alberto Núñez Feijóo, sin embargo, consideró completamente innecesaria la iniciativa en el debate que tuvo lugar este miércoles en el Congreso. E incluso la retrató como una amenaza a la libertad de prensa, reproduciendo uno por uno los argumentos que la extrema derecha europea utilizó en Estrasburgo para oponerse al reglamento, cuyo origen es una propuesta de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, del mismo partido que él.

Con su iniciativa, Sánchez lo único que quiere es “castigar por ley a los medios de comunicación que informan sobre la presunta corrupción” de Begoña Gómez, dijo. Quiere “la censura”, “controlar lo que se publica en nuestro país”, dar paso a “una pseudodemocracia”. Es “el mayor ataque a la libertad de información de la democracia española”. Un intento de poner “comisarios en los medios privados” para “controlarlos todos a toda Prisa”, en referencia a la empresa matriz de El País y la Cadena SER.

Eurodiputados españoles

Cuando el Parlamento Europeo aprobó el reglamento, el pasado mes de marzo, solo dos eurodiputados españoles tomaron la palabra: la republicana Diana Riba y el socialista Fernando López Aguilar. La primera consideró la aprobación un hito “histórico” que permite adoptar “un instrumento crucial para la protección de la democracia”. Será, dijo, esencial “para garantizar un espacio comunicativo libre, independiente y plural, que es una condición fundamental de todo sistema democrático”, con medidas que “desencadenarán cambios positivos en aquellos Estados miembros donde la pluralidad ya está en retroceso, pero que también serán una salvaguardia allí donde la democracia aún funciona”. “No hay sociedad inmune al virus de la extrema derecha”, remarcó.

“Un paso de gigante”, resumió en su intervención López Aguilar. “Estamos protegiendo el pluralismo informativo, estableciendo obligaciones de transparencia en la financiación y en la publicidad con que cuenta cada medio de comunicación. Protegiendo al consumidor de información en las plataformas digitales, a través de la alfabetización digital. Y estamos estableciendo un servicio, el Consejo Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, que será eficaz contra la desinformación y vinculará también a los medios de comunicación digitales”.

No tomó la palabra nadie del PP español, pero sí varios diputados de su formación de otros países. Todos a favor del nuevo reglamento, al que atribuyen toda clase de virtudes, en particular en materia de transparencia de la propiedad de los medios y de distribución de la publicidad institucional.

Extrema derecha

Los argumentos de Feijóo, sin embargo, recuerdan a los de algunos oradores de la extrema derecha europea. Como los esgrimidos por los lepenistas franceses Catherine Griset (“Nos opondremos a cualquier forma de mordaza que los burócratas quieran imponer”) y André Rougé (“Nuestras libertades están amenazadas”).

Según la húngara Andrea Bocskor (Fidesz), el reglamento que aprobó el Parlamento Europeo y cuya aplicación en España mereció las críticas de Feijóo es en realidad “una ley de censura de Bruselas” que pretende “establecer un control total sobre los medios de comunicación”, lo mismo que el líder del PP reprocha a Pedro Sánchez. Va a ser “una herramienta más para debilitar a la derecha”, añadió la eurodiputada de extrema derecha.

Feijóo parece estar más de acuerdo con Elżbieta Kruk, del partido extremista polaco PiS, que con su propia formación en Europa. “Esto no tiene nada que ver con la protección de la libertad de los medios. Al contrario, es contrario a la protección de la libertad de prensa. Bajo el pretexto de proteger valores como la libertad de expresión y la independencia de los medios, en realidad se amenaza su libertad”, aseguró la eurodiputada en el debate final del reglamento. O con Ivan David, del extremista checo Libertad y Democracia Directa (SPD): la nueva norma representa “la introducción de la censura bajo el pretexto de luchar contra la desinformación. Estamos siendo testigos de otro paso hacia el totalitarismo”, aseguró.

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En realidad, la ofensiva del PP contra el plan de regeneración democrática de Sánchez en lo que se refiere a la aplicación en España del reglamento europeo de libertad de medios trata de impedir que el Congreso adapte la ley de Publicidad Institucional para poner fin a la impunidad con la que la mayoría de las administraciones utilizan los fondos públicos para sostener la economía de los medios que difunden la desinformación fabricada para favorecer sus intereses. Lo poco que se conoce de la distribución de ese dinero evidencia un clarísimo sesgo ideológico al servicio de la derecha que nada tiene que ver con las audiencias reales de los medios.

Feijóo lo sabe bien; durante más de una década manejó fondos públicos millonarios para condicionar la línea editorial de la mayoría de los medios privados, además de controlar con mano de hierro los contenidos de la radio y la televisión públicas en Galicia.

PSOE y Sumar debaten desde hace semanas hasta dónde llevar esa reforma. Sobre la mesa, la posibilidad de vincular la distribución del dinero asociado a campañas publicitarias y esponsorización de eventos a datos objetivos como el número de suscriptores, mucho más fiables que unas cifras de audiencia que en muchos casos se pueden comprar. Y también, tal y como ha anticipado la formación que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz, la oportunidad de negar los fondos públicos a los medios o plataformas que hayan sido condenados por los tribunales o por organismos independientes de autorregulación, como la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo promovida por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).