Un manifiesto a favor de una presidenta en el CGPJ subleva a la asociación judicial conservadora

Una campaña a favor de que el próximo presidente del Consejo General del Poder Judicial sea una mujer ha puesto en pie de guerra al colectivo mayoritario y conservador de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). El manifiesto, redactado por la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) y que pide adhesiones por internet, no da ningún nombre concreto ni reclama que la elegida sea progresista o conservadora, pero ha suscitado en X, la antigua Twitter, una airada reacción de la presidenta de la APM, la decana de los juzgados de Madrid, María Jesús del Barco. Los diez vocales del CGPJ a propuesta del PP, entre ellos seis miembros de esa asociación de los que dos son mujeres, defienden que que la presidencia recaiga en un hombre: el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas Murillo de la Cueva.

La campaña de AMJE -que cuenta en el Consejo con una vocal, la jueza de lo Penal de Mataró Lucía Avilés (propuesta por el PSOE)- habla de la "oportunidad histórica" de que una mujer sea presidenta del órgano de gobierno de los jueces. Sostiene que lograrlo "simboliza un avance en la lucha por la igualdad real". El texto recuerda que "el techo de cristal sigue siendo una barrera persistente para las mujeres en diversos sectores, incluyendo el Poder Judicial". "Nombrar a una presidenta es un paso crucial hacia un mundo más justo, equitativo y representativo. ¡Aprovechemos la oportunidad!", propone la asociación feminista de juezas y jueces sin proponer una candidata concreta ni su procedencia ideológica.

Entre los candidatos y candidatas a presidir el Consejo, las mujeres son mayoría. Las juezas en liza son cinco, tres propuestas por el sector progresista y dos por el conservador. Entre las primeras están las magistradas de la Sala de lo Contencioso del Supremo Pilar Teso y Ángeles Huet, y la de la Sala de lo Penal de ese mismo tribunal Ana Ferrer. Los vocales a propuesta del PP han propuesto a la magistrada de lo Contencioso Esperanza Córdoba y a la de lo Penal Carmen Lamela. Pero en los tres Plenos del Consejo convocados para elegir presidenta o presidente, mientras los vocales progresistas se han decantado por Teso, los conservadores lo han hecho por Pablo Lucas (Contencioso, TS), uno de los dos hombres que pusieron sobre la mesa junto a Antonio del Moral (Penal,TS). La elección del cargo está bloqueada por un empate a 10.

En medio de la actual parálisis, el manifiesto de AMJE y la petición de firmas no parece haber gustado a la presidenta de la APM. Ante un tuit del colectivo feminista de juezas y jueces defendiéndolo y divulgándolo del pasado 5 de agosto, María Jesús del Barco respondió asegurando que la actitud de los vocales progresistas en el Consejo demostraría "que no se trata de que la presidencia la ocupe una mujer, se quiere imponer a otras mujeres y no por ser mujeres sino porque son las que han elegido otros". Al día siguiente, ante otro post en X de una compañera reclamando una mujer para el puesto y manifestando que lograrlo debería ser "un clamor en la carrera y la sociedad", Del Barco vuelve a responder "Quién de las 5 propuestas?".

Pero Del Barco incrementó el tono contra la propuesta cuando entró en el debate su compañera y ex delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell. Rosell pedía apoyos para la declaración de AMJE asegurando: "Queremos que el gobierno del Poder Judicial y su cúpula sean un poco más democráticos, más paritarios, más parecidos al pueblo al que dicen representar, más comprometidos con la igualdad". La respuesta de la presidenta de la asociación conservadora, cuyos vocales han pedido que sea la judicatura (en la que la APM es mayoritaria) la que vote a su presidente o presidenta y no los vocales como establece la ley, contestó: "Recoger firmas sí, que vote la carrera [judicial] no. No queréis democracia, queréis imposición". Rosell, excandidata de Podemos, respondió manifestando que "hay nervios en la derecha judicial", a lo que añadió: "Los nervios delatan". Del Barco pasó entonces al ataque personal con el siguiente tuit:

"Nervios y falta de respeto", respondió Victoria Rosell, que recordó a Del Barco que ser presidenta de la APM es hacer política judicial. Política judicial "de derechas. Es obvio", escribió. Respecto a la acusación de haber estado en política "hasta el corvejón y chapoteando", la exrepresentante de Podemos aseguró que tanto ser diputada en el Congreso como delegada del Gobierno contra la Violencia de Género "es un honor". También le recordó que el expresidente de la APM en Canarias, el exjuez Salvador Alba, fue a prisión por "chapotear con la toga puesta". Alba se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena de seis años y medio de prisión por prevaricación, cohecho y falsedad por conspirar precisamente contra Rosell en 2016 para lograr que fuera imputada, lo que le obligó a dejar su escaño en la Cámara pese a que todas las acusaciones que pesaban sobre ella resultaron falsas.

La candidata a presidenta del CGPJ que hasta el momento más votos ha obtenido ha sido Pilar Teso, a la que ha respaldado en bloque todo el sector progresista, mientras que los votos de los 10 vocales conservadores han ido al magistrado Pablo Lucas. Ninguna de las dos mujeres presentadas al cargo por estos últimos –Esperanza Córdoba y Carmen Lamela– han gozado de apoyo suficiente hasta el momento entre los consejeros propuestos por el PP. La razón que esgrimen es "la excelencia" que, para ellos, representa Lucas. Los progresistas, que defienden a Teso, han argumentado a favor de que la presidenta sea mujer invocando la próxima entrada en vigor de la ley de paridad, que a partir del 22 de agosto obligará a que todos los nombramientos discrecionales del CGPJ respeten el reparto de 40%-60% entre sexos, reparto que se incumpliría en caso de que el primero de esos nombramientos, el del presidente, fuera hombre, aseguran.

Esta argumentación de los progresistas mereció para la presidenta de la APM la calificación de "invento" en otro tuit. También aseguró que la ley de paridad "no se aplicó a la presidencia del Tribunal Constitucional", que ostenta Cándido Conde-Pumpido desde enero de 2023. En el momento de su nombramiento -en el que se impuso a la también progresista María Luisa Balaguer- la elección de Pumpido no vulneró la paridad del órgano constitucional de garantías, en el que las mujeres representaban el 45,46% (seis hombres y cinco mujeres). Pero además, la ley de paridad, publicada en el BOE el pasado 1 de agosto y que será plenamente aplicable el 22 de este mes, no estaba entonces vigente. Sí lo estaba la ley de igualdad del Gobierno Zapatero que también incluía como principio general la regla del 40-60, principio que sí fue respetado.