El doble crimen machista de un expolicía plantea la necesidad de más control sobre las licencias de armas

Primero disparó a su actual pareja, quien había expresado su voluntad de poner fin a la relación. Terminó con su vida en el piso que compartían en Rubí (Barcelona). Enseguida abandonó la casa, se subió al coche y condujo diez minutos hasta la localidad de Castellbisbal. Allí asesinó a su exmujer, también de un disparo, para terminar quitándose la vida. Juan Fortuny era policía, se había jubilado hace poco más de un año y fue número dos de la Policía Nacional en Cataluña. Lo dejó con todos los honores, entre el cariño de sus compañeros y arropado por un aplauso interminable que quedó capturado en un vídeo hoy viral en redes sociales. Pilar Muñoz y María Àngels Pi han sido confirmadas este jueves como víctimas mortales de violencia machista. En lo que va de año, la cifra asciende a 31.

Graciela Atencio lleva catorce años analizando uno por uno los casos de feminicidios de los que tiene conocimiento, los oficiales y los que se escapan de las estadísticas, pero asegura no haberse encontrado nunca con un caso similar al confirmado ahora en la provincia de Barcelona. "Es un caso paradigmático, un doble feminicidio sin precedentes en nuestra base de datos", asiente en conversación con este diario. Y prosigue: "Con sólo un arma asesina a dos mujeres, lo planifica, es un claro ejemplo de terrorismo machista".

En este contexto, existen dos cuestiones clave que las expertas piden mirar con especial urgencia: las licencias de armas y los policías implicados en casos de violencia de género.

Las armas de fuego y la violencia de género

El primero de los puntos, la posesión de armas de fuego, ya fue objeto de análisis por parte del anterior Ministerio de Igualdad a finales del año pasado. Fue a raíz de estudiar las particularidades de distintos feminicidios consecutivos, en los que el agresor había terminado con la vida de la víctima con un arma de fuego, el instrumento más letal en los contextos de violencia de género y cuya sola tenencia provoca un terror prolongado sobre la víctima.

Entonces, el Comité de Crisis convocado determinó que convendría controlar y revisar los permisos de armas desde una perspectiva de género. Lo recuerda la entonces delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell: "Dijimos que era necesario un enfoque de género en la obtención y en la renovación de los permisos. En aquel momento hubo varios casos que nos hicieron entenderlo así". La también magistrada incide en lo "poquísimo que se pide y se acuerda la privación cautelar de armas de fuego" y recuerda que el propio Ministerio Fiscal "se comprometió a pedirlo".

Según la última Memoria de la Fiscalía, las armas de fuego constituyeron el 8% de los mecanismos feminicidas en el último año, un porcentaje que escala al 12,8% teniendo en cuenta todo el periodo histórico, desde que existen registros en 2003. En 2023, diez agresores machistas hicieron uso de pistolas o escoperas y en lo que va de año ya son siete los crímenes que se han perpetrado mediante armas de fuego.

Graciela Atencio incide en que "el acceso a armas no es fácil" en este país, pero apostilla que el contexto actual demanda una revisión de las medidas: "Estamos en un momento de recrudecimiento de la violencia en todos los indicadores", especialmente aquella que recae sobre las mujeres, por lo que "es momento de revisar y restringir aún más el permiso de armas" a través de la incorporación de la "perspectiva de género y un modelo de detección riguroso hacia los crímenes de odio".

Fuerzas y cuerpos de seguridad

A Ana Vanesa Serén la mató su expareja de un disparo a la salida del trabajo. Poco después, el agresor se quitó la vida. Él era guardia civil y tenía una orden de alejamiento. A Raquel Lorente también la asesinó tras apretar el gatillo su pareja, un policía nacional jubilado que después se suicidaría. La pareja estaba en trámites de separación y el maltratador retuvo a la víctima dentro de casa después de amenazarla con el arma de fuego. También mató a su pareja, antes de suicidarse, el policía local retirado por una incapacidad que disparó y decapitó a Soledad M. A. en Madrid. Todos estos casos engrosan el listado de feminicidios del presente y el pasado año. En todos ellos, hay agentes involucrados: el año pasado se constataron cuatro y en lo que va de año ya van dos. 

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El último caso del doble feminicidio en Barcelona es paradigmático: "Es un mensaje de terrorismo machista institucional. Este señor se retiró con todos los honores y se va de este mundo dejando un mensaje de impunidad total", lamenta Atencio. A su juicio, es importante poner la lupa en el gremio y exigir transparencia: "No tenemos forma de saber qué tipo de exámenes y controles existen dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", lamenta.

Rosell entra en materia en base a su experiencia como delegada. "La teoría es que cuando se abre juicio oral a un policía, se le suspende de empleo y sueldo. Nuestra reflexión es que habría que actuar antes", opina la jueza. La exdelegada habla también de afinar los controles y lo dice precisamente por las fallas constatadas: "Hemos recibido quejas de que a un policía denunciado por violencia se le asignan funciones con armas en otra unidad, pero también hemos tenido constancia de policías que estaban en oficinas y que tenían acceso a VioGén", por tanto también a toda la información relativa a la víctima. 

Pero se trata no sólo de reparar los fallos puntuales detectados, sino de caminar hacia "una reflexión amplia", detalla la exdelegada: "Este colectivo, incluso jubilado, puede usar armas legalmente porque tienen licencia, pero si tienen algún antecedente o denuncia hay que actuar con mucho más rigor". Denunciar a un policía, reflexiona la magistrada, supone un paso extraordinariamente difícil e intimidatorio para las mujeres, ya que deben llamar a la puerta de la institución donde se encuentra su agresor, que es además el representante de la ley que debería protegerla. En ese contexto, el miedo y la desconfianza dificultan el proceso de pedir ayuda. Así que deben existir garantías sólidas. Rosell desliza algunas sugerencias: "Que actúe siempre el cuerpo al que no pertenece, que no intervengan compañeros y que él deje de tener acceso a los sistemas de información".