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MIGRACIONES

La migración circular y la experiencia de las temporeras: ¿mano de obra barata o modelo de éxito?

Las temporeras de Huelva representan el 91% de las contrataciones en origen.

En medio de un debate enquistado en torno a las políticas migratorias, ha resurgido un modelo que en absoluto es nuevo: la migración circular. Un ejemplo paradigmático, afirma el Gobierno, de migración regular, ordenada y segura. El modelo lleva funcionando el tiempo suficiente para haber sacado conclusiones. Y aunque sí hay quien avala sus buenos resultados, no son pocas las voces críticas que advierten de sus lagunas. Opiniones fundadas en la experiencia y alejadas del ruido político.

El modelo existe desde hace más de dos décadas. Fue en el año 2000, con la entrada en vigor la Ley de Extranjería, cuando se reguló lo que se conoce como la orden de gestión colectiva de contrataciones en origen (GECCO). En base a ello y desde entonces, el Gobierno aprueba una previsión anual de las ocupaciones y de las cifras previstas de empleos que se puedan cubrir a través de esa vía de gestión colectiva de contrataciones en origen en un período determinado, a los que solamente tendrán acceso aquellos trabajadores extranjeros que no residan en España. Esta contratación podrá realizarse para cubrir puestos de naturaleza estacional, de temporada o campaña.

Garantías y seguridad

Cristina Faciaben, secretaria de Internacional y Migraciones en CCOO, reconoce no sentirse especialmente cómoda con la idea de plantear una forma de migración "ordenada y regular", pero cree que es oportuno porque el término "genera cierta tranquilidad", tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Y la migración circular es, precisamente, garantía de esos dos principios.

¿Por qué? "Las contrataciones en origen están muy trabajadas y definidas, la migración circular suele estar acotada a campañas agrícolas y del textil", explica Faciaben. La sindicalista es partidaria de la figura porque supone "contratos en origen, hay participación de las administraciones, las empresas y los candidatos" y desde luego, añade, "no hay ningún efecto llamada porque está todo muy controlado".

Ana María Corral, responsable del Departamento de Migraciones de UGT, recuerda que el motor que dio pie a la migración circular, hace más de veinte años, fue el "acuerdo entre interlocutores sociales y Gobierno". A partir de ahí, señala, el "sistema lleva funcionando desde hace años", especialmente desde que la última reforma laboral eliminó la contratación temporal

Es una de las bondades que señalan ambas sindicalistas: el hecho de tener que hacer contratos fijos-discontinuos, es un imperativo para que las empresas vuelvan a contar con el mismo trabajador al año siguiente. "Implica dar cierta seguridad", observa Corral. "La protección es mucho mayor porque si no te llaman al año siguiente, es un despido", completa Faciaben. Cabe recordar que la indemnización por despido improcedente equivale a treinta y tres días por año trabajado, por lo que el impacto económico de un despido en el caso de los empleos ligados a campañas estacionales no es especialmente abultado para los empleadores.

Mano de obra "barata y esclava"

Las voces partidarias del modelo, sin embargo, admiten matices. "Se puede mirar desde dos puntos de vista", reconoce Corral. Y prosigue: "Funciona muy bien cuando se trata de países con un nivel socioeconómico parecido al nuestro. Pero este modelo no funciona siempre igual: por ejemplo, no tiene ninguna validez en los países en situación de conflicto, porque las personas no quieren salir un rato para volver después, no se trata de migración temporal de ida y vuelta". Este será, precisamente, uno de los argumentos que pongan sobre la mesa sus detractores. 

"Esto viene funcionando desde la época del Partido Popular y nunca ha sido la solución". Habla Victoria Columba, miembro del Movimiento #RegularizacionYa, quien sostiene que el modelo abre la puerta a traer "mano de obra barata y esclava". A su juicio, el mismo concepto de migración circular es contrario a la voluntad de las personas migrantes que tienen "la necesidad de salir de sus países para ayudar a sus familias". Quienes emigran, expone la activista, no lo hacen "para quedarse un rato" en el país al que llegan, sino "para establecerse un futuro en condiciones dignas". En ese sentido, continúa, la migración circular "no ha resuelto en estos últimos años ni el problema de cubrir la mano de obra, ni el de que la gente vuelva a sus países. La gente se queda porque necesita quedarse, no puede volver a la guerra, al hambre y a la miseria".

Precisamente detrás de esa certeza se encuentran las particularidades de las temporeras. Entre los requisitos para su selección está que sean mujeres menores de cuarenta años, con hijos o personas dependientes, viudas o divorciadas y de zonas rurales. El hecho de que dejen hijos en sus países de origen, es garantía de que efectivamente van a retornar. "Lo hacen para evitar el arraigo aquí", señala Columba.

El catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política Javier de Lucas expresaba su desacuerdo con la naturaleza misma del modelo en redes sociales: "Proponer como modelo migratorio por antonomasia la inmigración circular, es funcional al sueño húmedo del modelo capitalista, que quiere trabajadores que den beneficios, de usar y tirar, pero no personas que se queden, y aspiren a ser ciudadanos con igualdad de derechos".

Otra de las cuestiones que observan las sindicalistas tiene que ver con la definición de las ocupaciones de difícil cobertura –profesiones cuyas ofertas de empleo son más difíciles de gestionar a la hora de cubrir puestos vacantes–, en ocasiones puerta de entrada para que sean las personas migrantes quienes asuman trabajos en condiciones precarias. Así lo señala Ana Pinto, cofundadora de Jornaleras en Lucha: "El campo, la hostelería o la construcción son los sectores más precarizados, donde más abusos, economía sumergida y explotación hay".

Así lo llevan años expresando las propias personas migrantes, organizadas en colectivos y organizaciones sociales en el país. Para entenderlo, conviene poner el foco en un sector concreto: las temporeras.

Ni condiciones para trabajar, ni condiciones para vivir

Pinto observa que, más allá de las palabras estampadas sobre el papel, el modelo deja de funcionar cuando aterriza en el día a día. "Te prometen derechos desde el país que recibe la contratación en origen, y cuando llegan ven que no se cumple lo que les estaban prometiendo". Pinto enumera algunas de las problemáticas con las que se ha topado desde la organización de la que forma parte: desde contratos en fraude de ley, hasta horas extra sin pagar. "El modelo podría estar bien si hubiera demostrado ser exitoso, pero no es así".

Cristina Faciaben lo expresa así: "El sistema no es perfecto y hay que tener cuidado. La persona que llega a trabajar tiene que tener garantizada habitabilidad, condiciones laborales, horarios, descansos y salarios establecidos por convenio", entre otros. En teoría, asiente, son cuestiones que se encuentran "totalmente reguladas", pero es cierto que "esa es la parte en la que en algunas ocasiones hemos tenido problemas".

Ana María Corral coincide en que "la intervención de la Inspección de Trabajo debería ser mayor", si bien estima que "a lo largo de los últimos años se ha incrementado el control" y los sindicatos han estado "en conversaciones con el Gobierno para introducir mejoras que protejan los derechos de los trabajadores".

La sindicalista se detiene en otro punto clave: "Tenemos que saber en qué condiciones vienen a trabajar y a vivir. Al final, parece que estamos hablando de personas que vienen sólo a trabajar, pero vienen a vivir también".

Ahí pone el acento Ana Pinto. "No hay traductores ni gente formada para recibir a estas personas" en espacios clave como los centros sociales y sanitarios, por lo que se enfrentan a situaciones de "racismo tremendo" donde la "barrera idiomática" tiene un lugar protagonista. "Tenemos compañeras enfermas con problemas graves o agredidas sexualmente, sin un letrado y sin entender el idioma", denuncia.

¿Casos puntuales?

El conjunto de situaciones que narran las voces críticas se ha concretado, a lo largo de los años, en historias reales con nombres y apellidos. Una de ellas es Smahia Benjafel, una temporera marroquí que se dejó la salud en pelear por atención sanitaria gratuita con cargo a la Seguridad Social tras quince años recogiendo arándanos en suelo español. Cuando fue diagnosticada de cáncer, la trabajadora no recibió ninguna prestación por incapacidad temporal, la empresa contratante no le informó de sus derechos y en medio de una situación de completa indefensión, la enfermedad tornó terminal. La medicación necesaria para aminorar el dolor tuvo que costearla de su bolsillo y sólo hasta la intervención de las activistas de Jornaleras en Lucha pudo acceder a los derechos que le correspondían.

En febrero de 2022, un conjunto de jornaleros hondureños denunciaron la falta de transparencia e información en su país de origen de cara a la recogida de la fresa en Huelva. Los trabajadores hablaban de salarios inferiores a los comprometidos y condiciones habitacionales precarias. Habían llegado en el marco del programa de migración circular, pero algunos de ellos decidieron abandonarlo y regresar a su país. Este verano, trece personas fueron detenidas por explotar laboralmente a tres centenares de trabajadores, senegaleses y marroquíes, en una finca situada en el término de Hellín (Albacete). Todos ellos llegaron a través de programas de contratación en origen.

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Pero si hay un caso paradigmático, ese es el de las temporeras de la fresa traídas de Marruecos. A partir de 2018, las trabajadoras consiguieron organizarse para alzar la voz. Denunciaban violaciones, explotación laboral y condiciones de hacinamiento en los campos onubenses. A pesar del eco mediático y del apoyo incondicional de los colectivos, las denuncias formales no prosperaron. "¿Andáis diciendo que hay problemas en la finca? ¡Pues estáis aquí o estáis en Marruecos todas, fuera!" fue la respuesta del dueño de una empresa de la fresa cuando sus trabajadoras comenzaron a protestar por incumplimientos contractuales. Sucedió el pasado mes de abril.

Cristina Faciaben cree oportuno matizar: "No todo el mundo que viene a trabajar de temporada lo hace a través de migración circular", por lo que estos abusos suelen darse en situaciones que se escapan al control de las instituciones, desliza la sindicalista. La migración circular ofrece, precisamente, más controles y garantías.

Responde Ana Pinto, quien coincide en que esto se "da también en otras situaciones", especialmente entre "personas sin papeles" pero también "con las mismas autóctonas" porque "nadie se libra de los abusos". Sin embargo, sostiene, la migración circular "no ofrece ninguna garantía" para evitar que se produzca el daño. Para Victoria Columba, no se trata de "casos puntuales", sino que "forman parte del sistema".

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