La migración circular con la que Feijóo se hace un lío: contratos en origen a petición de empresas españolas

La migración circular, que el PP está criticando y que considera una “invitación” a la llegada de migrantes de otros países, no es otra cosa que un mecanismo de ordenación de la llegada de trabajadores extranjeros con contrato a partir de las necesidades de las empresas españolas, en particular de la agricultura y el sector textil. Ni siquiera es el único mecanismo: existen otros, como la normativa de migración cualificada a través de la Unidad de Grandes Empresas o las formas disponibles de contratación para personas que ya se encuentren en España, como el arraigo para la formación.

La circular es “un ejemplo paradigmático” de migración regular, ordenada y segura que ofrece una “triple ganancia”. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, permite a las personas encontrar oportunidades en el extranjero sin romper los vínculos con su país en origen; favorece que empresas encuentren los perfiles cualificados que requieren; y es, a nivel bilateral, una herramienta de cooperación y relación entre países a nivel internacional.  

Al líder del PP, sin embargo, parece que no le gusta. Este miércoles publicó una anotación en redes sociales considerando este mecanismo una manera “irresponsable” de “alentar un efecto llamada en la peor crisis de migración irregular” que, según él, vive nuestro país. Sólo parece, porque a continuación defiende la llegada de migrantes si tienen contrato y si firman una inexistente “carta de cumplimiento de nuestras leyes”.

La migración circular está regulada por una ley que autoriza al Gobierno a aprobar, de acuerdo con la situación nacional de empleo, una previsión anual de las ocupaciones y, en su caso, de las cifras previstas de empleos que se puedan cubrir a través de esa vía de gestión colectiva de contrataciones en origen en un período determinado, a los que solamente tendrán acceso aquellos trabajadores extranjeros que no residan en España. Este año, por ejemplo, la Orden del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones en origen (GECCO) para 2024 se publicó en el BOE de 20 de diciembre. Esta contratación podrá realizarse para cubrir puestos de naturaleza estacional, de temporada o campaña.

Una reforma del reglamento de extranjería simplificó en su momento los procedimientos. Gracias a ellos, se otorga a las personas, a través de un contrato fijo discontinuo, una autorización de cuatro años de duración, que habilita a trabajar un máximo de 9 meses al año. Esto permite que puedan venir todos los años a trabajar, y retornen tras ese periodo con las garantías establecidas en su contrato de que serán convocados en la siguiente estación o temporada. Antes de la reforma, estos proyectos tenían que tramitarse año a año, y ahora mismo se hace una vez cada cuatro, reduciendo de manera muy relevante todas las cargas administrativas para empresas y para las personas que migran.

Proceso de selección

La Dirección General de Gestión Migratoria del Ministerio es la encargada de ponerse en contacto con la Embajada de España en el país en cuestión, quien pone en conocimiento de las autoridades locales las ofertas de empleo. Si el país considera que puede satisfacer esa demanda, pone en marcha el proceso de selección de trabajadores.

España trabaja con programas de migración circular desde 2000, cuando gobernaba José María Aznar. Fue entonces cuando se recogió el procedimiento en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. 

En los últimos años, sobre todo tras la reforma del reglamento de extranjería de 2022, se modificaron las cuestiones relativas a la determinación de la situación nacional de empleo, las figuras de arraigo (arraigo para la formación), y se adaptó el reglamento en lo que impactaba la reforma laboral. En la actualidad, asegura el ministerio, es una herramienta para cubrir las demandas del mercado laboral español, pero también para la cooperación con los países de origen, ya que en muchos casos incluye la formación de los trabajadores y el consiguiente beneficio para sus comunidades cuando regresan.

Los empleadores que desean contratar a través del procedimiento de gestión colectiva de contrataciones en origen presentan las solicitudes por sí mismos, o a través de las organizaciones empresariales. La selección la lleva a cabo la Comisión de selección, formada por los representantes de la Dirección General de Migraciones y/o de la correspondiente misión diplomática, por los órganos competentes en el país de origen y, a elección del empleador, por sus representantes directamente o por organizaciones empresariales. La participación de los empleadores ofertantes es obligatoria cuando el volumen de la oferta o el perfil profesional solicitado lo haga necesario, así como cuando se realicen pruebas prácticas a los trabajadores.

Ofertas de empleo

Las ofertas de empleo se orientan a los países con los que España tiene suscritos acuerdos sobre regulación y ordenación de flujos migratorios. En 2022, se firmaron convenios con países como Marruecos, Colombia, Honduras y Ecuador, y vinieron 19.100 trabajadores a España. Posteriormente, en 2023, se amplió a otros tres países (Senegal, Argentina y Uruguay) y se beneficiaron unas 17.200 personas. 

Este año, ya son Colombia, Ecuador, Honduras, Perú, Guatemala, Uruguay, Argentina, Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia, aunque también hay Estados con los que España mantiene instrumentos de colaboración en esta materia: Guinea, Guinea Bissau, Cabo Verde, Mali, Níger, México, El Salvador, Filipinas y Paraguay. Hasta la fecha, las cifras que se manejan son de 20.515 trabajadores.

Sin embargo, su presencia en España es muy variable. En el segundo semestre de 2023 únicamente había 1.515 trabajadores acogidos a estos programas, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo. 

El Ministerio de Inclusión pone como ejemplo de “de éxito” de este mecanismo el programa Wafira, destinado a mujeres marroquíes empleadas en la recogida de frutos rojos en Huelva y que incluye formación en emprendimiento del que se han beneficiado ya 173 mujeres. 

Proyecto Wafira

El proyecto Wafira, que ha sido cuestionado por asociaciones de defensa de derechos humanos, comenzó en octubre de 2021 y se extenderá hasta febrero de 2025. Tiene un coste total de 3,25 millones de euros, cofinanciados por la Unión Europea a través del mecanismo Migration Partnership Facility (MPF). El diseño, implementación y monitorización periódica del proyecto corresponde a los gobiernos de España y Marruecos, que fortalecen así las relaciones entre ambos países sobre la base de la colaboración en materia de migración regular.

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Una vez finalizado el programa, las trabajadoras participantes regresan a su país, donde reciben asistencia tanto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como de las instituciones marroquíes para la puesta en marcha de los negocios en sectores como comercio, restauración, explotaciones agrarias y ganaderas, entre otros.

La migración circular, junto a otros programas como el Plan Nacional de Reasentamiento de refugiados, que facilita empleo a personas refugiadas, forman parte de la estrategia migratoria del Gobierno sobre la base de que diversos estudios, de la ONU, Comisión Europea, el FMI, la Airef o el Banco de España, aseguran que nuestro país necesita del orden de 300.000 trabajadores migrantes al año para sostener el estado del bienestar.

En estos momentos está en trámite de audiencia pública una reforma integral del Reglamento de Extranjería y que supondrá, según el Gobierno, “un impulso para la simplificación de estas vías de cooperación y relaciones laborales” al dar estabilidad a la normativa para mejorar las contrataciones colectivas en los países de origen por parte de los empresarios.