Investigación
España es el segundo país que más sentencias de la UE incumple impunemente
Caminar por las turberas de las montañas de Wicklow solía ser una oportunidad para observar uno de los espectáculos naturales más magníficos de Irlanda, el aguilucho pálido. Pero ahora, en este parque nacional, es cada vez menos frecuente la visión del ave rapaz.
La agricultura intensiva y la extracción de turba para usarla como combustible de calefacción han degradado el 85% de las turberas de Irlanda y con ello el hábitat del aguilucho pálido. El conservacionista local Shane Mc Guinness los llama los "acróbatas del cielo", pero hoy sólo quedan unas cien parejas reproductoras. “Al aguilucho pálido le está resultando muy difícil sobrevivir en estas zonas, en parte por la evolución del suelo y la agricultura intensiva. Esta turbera está completamente seca, a punto de arder”, explica Mc Guinness, señalando una zona de tierra especialmente dañada.
Las autoridades de Irlanda y de la Unión Europea lo saben desde hace años. En una sentencia de 2007, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenó a Irlanda por no preservar suficientes zonas naturales para las aves silvestres e instó al Gobierno a invertir el declive. Sin embargo, este incumplimiento de la legislación europea sigue sin resolverse 17 años después.
Los sucesivos presidentes de la Comisión Europea han proclamado su compromiso con la defensa del Estado de derecho. Al inicio de su primer mandato como presidenta, Ursula von der Leyen declaró que “la dama de la Justicia es ciega: defenderá el Estado de derecho donde quiera que sea atacado”.
Sin embargo, esta retórica no siempre se traduce en hechos.
Un trabajo del consorcio periodístico Investigate Europe desvela que hay 44 casos en los que 15 Estados miembros de la UE están incumpliendo sentencias del TJUE sin que la Comisión Europea haya iniciado el procedimiento para imponerles multas económicas por su actuación. infoLibre publica en exclusiva en España esta investigación periodística.
Grecia, con ocho sentencias, encabeza la lista de países condenados contra los que no actúa la Comisión. Le siguen España, con seis, e Italia y Polonia, con cinco.
La Comisión “incumple sistemáticamente”
Cuando la Comisión Europea detecta que un país está incumpliendo la legislación comunitaria puede abrirle un procedimiento de infracción. En caso de que no le convenzan las explicaciones del Estado afectado, la Comisión presenta ante el TJUE un recurso por incumplimiento. Si el Tribunal de Justicia decide que se ha producido una infracción de la normativa europea, el Estado debe aplicar la sentencia lo antes posible. Pero puede ocurrir que no lo haga. En ese supuesto, la Comisión tiene la opción de recurrir de nuevo al TJUE y solicitar que se condene al Estado al pago de una multa coercitiva hasta que cumpla lo ordenado por el tribunal.
Los casos analizados por los periodistas cumplen la doble condición de que cuentan con una sentencia del TJUE anterior a diciembre de 2022 y de que la Comisión Europea no ha acudido al tribunal para exigir la imposición de una multa coercitiva a pesar de que considera que el Estado no ha cumplido la resolución judicial.
“La Comisión debería garantizar que todas las leyes adoptadas se aplican plenamente en todos los Estados miembros, pero no lo está haciendo”, denuncia el eurodiputado verde Daniel Freund, que cree que la institución “incumple sistemáticamente su papel de guardiana del Tratado de la UE”.
A veces, la Comisión y el TJUE actúan con enorme celeridad. Así ocurrió, por ejemplo, con la reforma polaca del poder judicial que Bruselas entendió que atentaba contra el Derecho comunitario. En octubre de 2021, el TJUE condenó a Polonia a pagar un millón de euros en multas diarias.
En otras ocasiones, en cambio, los procedimientos de infracción se eternizan. “El Estado de derecho no es igual para todos”, critica Alberto Alemanno, profesor de Derecho europeo en la Escuela de Estudios Superiores de Comercio (HEC) de París y fundador de Good Lobby, una organización sin ánimo de lucro que promueve la transparencia empresarial.
Sin comentarios sobre casos abiertos
La pasividad de la Comisión puede prolongarse durante años y años. El caso de Irlanda citado se remonta a 1998, cuando abrió por primera vez un procedimiento de infracción. Tras años de negociaciones infructuosas, la Comisión llevó a Irlanda a los tribunales en 2004. En su sentencia de 2007, el TJUE ordenó a las autoridades irlandesas que tomaran inmediatamente “todas las medidas necesarias” para proteger las especies de aves en peligro.
Esto aún no ha sucedido, aunque Irlanda han presentado «informes de progreso» ocasionales. La Comisión declaró en 2021 que aún no existía un plan adecuado para proteger al aguilucho pálido. Según la ONG Birdwatch Ireland, el 63% de todas las especies de aves de ese país están experimentando un declive en sus poblaciones, que es grave en una cuarta parte de los casos.
Pese a ello, la Comisión Europea no ha acudido al TJUE para reclamar la imposición de una multa coercitiva. A preguntas de los periodistas, un portavoz de la Comisión respondió que nunca se revela información sobre los procedimientos en curso. La misma respuesta dio el Gobierno irlandés: “El caso de los pájaros es una infracción abierta y, como tal, Irlanda no está en condiciones de hacer comentarios en este momento”.
Un ejemplo emblemático: Doñana
De los 44 casos en los que la Comisión no actúa a pesar del incumplimiento de los Estados, 33 se refieren a normas sobre clima, biodiversidad y calidad del agua.
Las infracciones van desde el vertido de residuos tóxicos peligrosos a la falta de depuradoras de aguas residuales municipales y fallos en la conservación de la naturaleza. Desde 2020, el TJUE ha condenado a 13 Estados miembros por exponer a los ciudadanos a una contaminación atmosférica peligrosa. Según cifras de la propia Comisión, el incumplimiento de la legislación medioambiental cuesta a la economía de la UE unos 55.000 millones de euros al año en costes sanitarios y costes indirectos para el medio ambiente.
Un caso emblemático afecta al Parque Nacional de Doñana, uno de los humedales más importantes de Europa. En una sentencia dictada en junio de 2021, el TJUE declaró que España no tuvo en cuenta la extracción ilegal de agua ni estableció medida alguna para evitar la perturbación de los tipos de hábitats protegidos causada por la extracción de aguas subterráneas para la zona turística de Matalascañas (Huelva).
El robo de agua por parte de terratenientes ha sido hasta ahora un delito casi siempre impune en España. En septiembre de 2023, un tribunal dictó por primera vez una condena contra saqueadores de agua de más de dos años de cárcel, lo que podría suponer su ingreso en prisión. Los cinco hermanos Campos Peña extrajeron ilegalmente 19,4 millones de metros cúbicos de agua de Doñana entre 2008 y 2013. La sentencia aún no es firme. La Administración también les impuso multas de más de 5,7 millones de euros a los hermanos Campos Peña, pero sólo ha conseguido recaudar 770.000 euros, en una muestra más de impunidad, según desveló El País. Los terratenientes declaran en quiebra a las empresas multadas y siguen cultivando tranquilamente sus grandes extensiones de arroz, algodón y remolacha.
La administración y gestión del parque de Doñana corresponde a Andalucía. En 2023, el Gobierno autonómico del PP presentó un proyecto de ley para ampliar la zona de regadíos y amnistiar cientos de pozos ilegales. La iniciativa despertó la alarma de Bruselas y de la Unesco y un enfrentamiento con el Gobierno de Pedro Sánchez. Finalmente, ambas Administraciones alcanzaron un acuerdo que prevé el cierre de los regadíos ilegales y ayudas de hasta 100.000 euros por hectárea para los agricultores a cambio de dejar de cultivar sus tierras.
El Ministerio de Exteriores no respondió a las preguntas de Investigate Europe sobre el procedimiento de infracción que la Comisión mantiene abierto contra España por no proteger adecuadamente Doñana.
La Comisión tarda una media de doce años en tramitar los casos medioambientales, frente a los nueve que precisa para el resto de los asuntos. Los procedimientos por infracciones medioambientales llevan más tiempo porque son complejos y no pueden resolverse con la adopción de un simple texto legal, argumenta Paul Speight, jefe de la Unidad de Cumplimiento de la Normativa Medioambiental de la Comisión. Por tanto, hay que conceder un “plazo razonable”. “Esto a veces ha exigido la suspensión de ciertos procedimientos o la repetición de un trámite procesal para reunir pruebas suficientes, como en los asuntos sobre la calidad del aire”, añade Speight.
Pagar antes que cumplir
La reticencia de la Comisión a actuar contra los gobiernos díscolos no se detiene en los problemas ecológicos.
Los productores lácteos italianos recibieron 1.300 millones de euros más en subvenciones de lo que les correspondía durante catorce años, hasta 2009. El TJUE declaró culpable a Italia en 2018, pero el Gobierno italiano se opuso con éxito a la decisión y la Comisión dejó el asunto en suspenso hasta hoy.
La Defensora del Pueblo de la UE, Emily O'Reilly, se declara preocupada por la falta de acción y transparencia de la Comisión y considera que esta situación es frustrante para los denunciantes. “Cuando se denuncia una infracción de la ley, la Comisión envía a los denunciantes respuestas que contienen una redacción estandarizada, sin ninguna información específica sobre su caso”, destacó O'Reilly en julio, al iniciar una investigación sobre estas prácticas.
“El proceso para abordar y rectificar las infracciones graves es fundamental, pero actualmente se enfrenta a retos que merman su eficacia”, admitió recientemente el ex primer ministro italiano Enrico Letta, quien a principios de año presentó a las instituciones europeas un informe sobre el futuro del mercado único.
Un alto funcionario de Bruselas explica que las decisiones sobre infracciones suelen estar “politizadas”. Por ejemplo, la Comisión puede evitar acciones legales durante las elecciones nacionales para no parecer que se entromete. Varias fuentes mantienen que los casos son determinados en gran medida por Von der Leyen y su círculo íntimo de asesores jurídicos.
“Hemos creado un monstruo, una Comisión muy politizada con poderes discrecionales extremos, sin ningún medio de control para los ciudadanos”, denuncia el profesor Alberto Alemanno.
La Comisión anunció en 2012 que se centraría principalmente en los problemas sistémicos, lo que, según Alemanno, dificulta la posibilidad de emprender acciones legales por otros incumplimientos. Al mismo tiempo, sin embargo, el TJUE ha concedido a la Comisión una “discrecionalidad casi incondicional” sobre el proceso. “Confiar plena discrecionalidad a una institución sin hacerla responsable de su acción e inacción plantea un importante problema de legitimidad democrática”, añade Alemanno. Los Estados se han dado cuenta de que, aunque no cumplan, “poco les pasará en la mayoría de los casos”.
Por otra parte, los esfuerzos de los Estados miembros por recortar los presupuestos de la UE han dejado a la Comisión sin recursos suficientes para abordar todos los asuntos. La institución no cuenta con un órgano de investigación propio y depende en gran medida de la información que le facilitan los denunciantes y los gobiernos estatales.
La crítica de la Defensora del Pueblo
La Defensora del Pueblo europea declaró a Investigate Europe: “La función principal de la Comisión es velar por los Tratados y no preocuparse demasiado por la política, que va y viene”. En su opinión, la tramitación de algunos casos lleva un “tiempo desmesurado”, a menudo porque sencillamente no se está trabajando en ellos. “Puede haber razones legítimas por las que el expediente se haya enfriado un poco, pero al menos díganselo a las personas que han presentado la queja”, añadió O'Reilly.
Arianna Podesta, portavoz adjunta de la Comisión, sostiene que la institución es “muy transparente” en su planteamiento y defiende su trabajo en los casos de infracción: “Creo que somos uniformes en la aplicación de las normas de la UE. Si los Estados miembros no las han transpuesto en el plazo establecido, entonces procedemos al procedimiento de infracción... Pero lo que hacemos es que miramos a todos los Estados miembros y vemos cuál es la situación en la mayoría de ellos, y entonces tomamos los casos por lotes”.
Las soluciones a los problemas con los procedimientos de infracción están aún por llegar. Daniel Kelemen, profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown y autor de varios libros sobre política de la UE, tiene claro lo que cree que debe hacerse: “Creo que las decisiones sobre las infracciones y sobre la conveniencia de emprender estas acciones legales deberían dejar de estar en manos de la Comisión y pasar a una especie de organismo separado, como un fiscal”.
El Parlamento Europeo declaró en julio que quiere reforzar su marco de cooperación con la Comisión y, a su vez, aumentar su responsabilidad en ámbitos como las infracciones.
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Queda por ver si esto mejoraría el ritmo glacial que la Comisión aplica a determinados procedimientos de infracción. Mientras persiste esta inercia en Bruselas, en las montañas de Wicklow el tiempo se acaba para el aguilucho pálido. “En un lugar como éste debería haber un buen número de rapaces alimentándose de multitud de paseriformes, pero ya no es así”, lamenta el conservacionista Shane Mc Guinness.
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Edición: Chris Matthews
