La Guardia Civil sigue sin pruebas contra García Ortiz mientras apunta a Moncloa

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tampoco ha encontrado en los dispositivos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, prueba alguna que le señale como filtrador del correo electrónico que el abogado de la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, envió a la Fiscalía ofreciendo un pacto y declararse culpable de dos delitos fiscales. Los investigadores no han hallado ningún mensaje en su móvil. Y el único mail recuperado relacionado con los hechos que incluía el correo filtrado fue recibido después de que la Cadena Ser hubiese informado del mismo.

El futuro de la investigación que se sigue por revelación de secretos en el Tribunal Supremo contra García Ortiz y la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, dependía, en buena medida, de la información intervenida en los registros de los despachos de ambos que ordenó el magistrado instructor, Ángel Hurtado. Pero el análisis de los dispositivos electrónicos no ha arrojado una sola prueba concluyente que señale al jefe del Ministerio Público como el filtrador de aquel correo electrónico que desmintió, como vendían desde la Puerta del Sol, que la Fiscalía buscase un acuerdo con González Amador.

En un primer informe elaborado por los investigadores en base al material intervenido a Rodríguez, la UCO habló de una "participación preeminente" de García Ortiz en los hechos que "derivaron en la filtración". Lo hizo al haber comprobado que el fiscal general del Estado había pedido y le habían enviado el correo electrónico del abogado que luego terminó en los medios –algo que él nunca ha negado–. Pero más allá de esto, no había nada que demostrara que hubiera sido él quien lo filtró con posterioridad.

Una prueba que los investigadores tampoco han conseguido hallar en los dispositivos del jefe del Ministerio Público. En un atestado de apenas un par de folios, al que ha accedido infoLibre y en el que no se expone conclusión alguna, la Unidad Central Operativa señala, por un lado, que no se ha encontrado ningún mensaje "perteneciente a cualquier tipo de aplicación de mensajería instantánea" en el periodo analizado, que se extiende desde el 8 al 14 de marzo de este año, el intervalo temporal en el que ocurrió todo. Los agentes, sin embargo, no entran a analizar los motivos de esto.

García Ortiz, no obstante, sí que cruzó mensajes relacionados con este tema la noche en la que se produjo la filtración. Y así se acreditó en el primer informe elaborado por la Guardia Civil. "Llámame cuando puedas", escribió a Rodríguez aquel día. Unos minutos después, a las 21.34 horas, se produjo la conversación. Tras esta llamada, ella habló con el fiscal del caso. Y tras colgarle, escribió al fiscal general del Estado: "Hola. A qué correo te mando los correos cruzados de Julián y el abogado?". García Ortiz respondió facilitando una dirección personal.

Fuentes fiscales consultadas por este diario explican que el borrado de mensajes se hace cada cierto tiempo por motivos de seguridad. En este sentido, ponen sobre la mesa una instrucción del año 2019 sobre la protección de datos en el ámbito del Ministerio Fiscal. En ella, se habla de la "limitación del plazo de conservación", lo que supone que "se adopten medidas razonables" para que los datos personales se mantengan "durante el tiempo estrictamente necesario" o se incluye entre las medidas "básicas de seguridad", completan las fuentes, la "destrucción de forma segura de dispositivos en desuso".

En relación a la copia de seguridad del ordenador de sobremesa del fiscal general, se ha localizado un correo procedente de la cuenta corporativa de la jefatura de la Fiscalía de Madrid con el asunto "RV: Denuncia Maxwell Cremona" que entró en la personal de García Ortiz con fecha 13 de marzo y hora 23:45:50. "En el mismo se observa la cadena de correos entre el empresario Alberto González Amador y el fiscal Salto del día 12 de marzo y el reenvío a la Fiscalía Provincial de Madrid que se produjo el día 13 de ese mes a las 23:44", recoge el informe de la UCO. Sobre las 23.20 horas, la Cadena Ser ya estaba informando sobre el contenido del mail filtrado.

No se hace mención, sin embargo, a otros correos previos que los investigadores dieron por acreditados en el informe elaborado en base a la información extraída de los dispositivos de Rodríguez. En aquel informe, la Guardia Civil recogía que a las 21.59 horas del día de la filtración, es decir, antes de la información de la cadena de radio y de ese correo que ahora mencionan, la fiscal jefa de Madrid hizo llegar a García Ortiz el mail que se acabó publicando en otro correo enviado con el asunto "Fwd: Propuesta conformidad penal delito HP".

Apunta hacia Moncloa

Este atestado, en el que se mencionan también 45 correos en la cuenta corporativa de García Ortiz sin ninguna relación con el objeto de la investigación, no es el único que la UCO ha hecho llegar al juez este mismo jueves. Los investigadores también han entregado un segundo informe en el que se analiza la información contenida en el teléfono móvil que entregó el exsecretario general de los socialistas madrileños Juan Lobato el día que fue a prestar declaración al Supremo en el marco de esta misma causa. Y en él, extienden la sospecha hacia Moncloa. Pero todo en base a indicios.

La Guardia Civil sostiene que Pilar Sánchez Acera, jefa de Gabinete de Óscar Puente, entonces jefe de Gabinete de Presidencia, "tendría información certera" sobre la "filtración" que llevaría a la publicación íntegra del email en ElPlural.com la mañana del 14 de marzo. Se basan en el aviso que dio a Lobato sobre que el correo que ella misma le había reenviado a primera hora iba a ser publicado antes de que él compareciese en la Asamblea de Madrid, algo que finalmente sucedió. Pero no hay una sola comunicación tampoco en el teléfono que destape el origen de la filtración.

Los investigadores sí que infieren que "tendrían conocimiento" del correo de los abogados de González Amador antes de ser publicado en ningún medio, además de Lobato y Sánchez Acera, el entonces secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, o la directora de Comunicación del Ministerio de Vivienda, Laura Sánchez Espada, y el entonces director de Comunicación del PSOE y actual secretario de Estado de Comunicación, Ion Antolín. No se trata de una conclusión a la que lleguen porque todos mandasen al exsecretario de los socialistas madrileños copia del correo. Más bien, lo deducen en base al intercambio de mensajes estudiado.

En los dos últimos casos, porque el que fuera director de gabinete del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid dijo a Lobato que los directores de comunicación le habían "escrito con lo mismo", en referencia a usar el correo del que se venía hablando desde la noche anterior en la refriega política. Y en cuanto a Vallés, porque a él se dirigió también el exsecretario del PSM para preguntar de dónde había salido el correo electrónico que la defensa de González Amador había enviado a Fiscalía.