A precio de M-30

10.000.000.000 euros. Eso es lo que costó aproximadamente la carretera de circunvalación M-30 con el ayuntamiento de Gallardón y que los madrileños estamos terminando de pagar.

Si el Ayuntamiento de Madrid quisiese remediar el problema de la vivienda, a coste cero, lo que podría hacer es dedicar la misma cantidad a adquirir en propiedad 100.000 viviendas y dedicarlas al alquiler.

Esta acción tendría varios puntos muy positivos para la mayoría de ciudadanos madrileños:

Cumplimiento del derecho a la vivienda digna y no manipulado por la especulación.Todos aluden a la Constitución pero nadie hace cumplir este derecho.

Aumento de la renta disponible de los ciudadanos, mejorando su calidad de vida y capacidad de compra.

A diferencia de la faraónica M-30 de Gallardón, esta inversión tiene el retorno económico del alquiler y se autofinancia.

Equiparación de Madrid, gran capital europea, como París, Berlin, Viena, Copenhague, Amsterdam y otras ciudades amigas de sus ciudadanos, facilitando sobre todo a los jovenes su desarrollo personal.

La intervención en el mercado inmobiliario por parte de los poderes del Estado es una obligación para evitar burbujas especulativas que ya sabemos cómo empiezan y cómo acaban.

Con esta intervención que es totalmente factible (si Madrid se puede endeudar haciendo túneles, también podría haciendo vivienda pública, ya sea nueva o de segunda mano) se consigue la moderación de los precios del alquiler, pero también de compraventa.

Al bajar los precios, aumentaría la actividad inmobiliaria, gana la mayoria, democracia.

La acción consiste en hacer lo contrario de lo que se ha hecho hasta ahora.

Dejar que el mercado, la ley de oferta y demanda regule los precios y la no intervención pública, incluso enajenando vivienda pública malvendiéndola a fondos buitre, nos ha traído a esta situación.

Cualquier administración, central, autonómica o local, debería sentirse implicada en resolver esta cuestión, tan importante como evitada.

Las razones que aducen la libertad de mercado para no intervenir son interesadas, de parte, o hay razones de marketin político irresponsables.

Salvador Taengua Benavent es socio de infoLibre