Santos Juliá: "Habría que iniciar un proceso constituyente con la vista puesta en un Estado federal"

Cuando se hojea un libro sobre la Transición, es de esperar que el volumen se mueva en una horquilla entre los años setenta y ochenta. No con Santos Juliá. El último trabajo del historiador, Transición (Galaxia Gutenberg), lo deja claro en su subtítulo: Historia de una política española (1937-2017). Ocho décadas recorre el catedrático de Historia Social y del Pensamiento Político para esclarecer tanto los ensayos llevados a cabo por la oposición antifranquista antes de la muerte del dictador como —en menor medida— los análisis y reproches que se le hicieron al período constituyente una vez llegada la democracia. 

Biógrafo de Azaña y estudioso de la República y el socialismo, entre otros temas, Juliá ya ha tenido ocasión de acercarse a este pedazo de la historia de España en volúmenes como Memoria de la Transición, publicado en El País y luego en el sello Taurus, y coordinado junto a Javier Pradera y Joaquín Prieto, o El aprendizaje de la libertad 1973-1986 (Alianza), escrito junto a José Carlos Mainer. Quien busque una enmienda a la totalidad al proceso político bautizado desde bien pronto —defiende Juliá— como Transición, no la encontrará aquí. El historiador realiza un extenso repaso de los acuerdos entre los partidos democráticos, una defensa de su resultado e incluso le sobran unas cuantas páginas, al final, para dar un rapapolvo a las formaciones que han cuestionado el "régimen del 78". Apremiado por los editores para terminar el volumen, asegura que pronto tendrá que hacer una revisión de las últimas páginas. Advertidos quedan. 

Pregunta. Se suele discutir sobre cuándo acaba la Transición, pero usted dedica buena parte del libro a ver cuándo se empieza a hablar de ella. ¿Por qué le parece interesante fijarse en el proceso previo a 1975?

Respuesta. Lo que me ha movido es que hay una imagen de la Transición como algo que viene impuesto por unas élites para las que la manera de consolidar el poder consiste en ceder en unos aspectos para seguir controlando el proceso político. Y que la Transición al final es una traición, una transacción por la cual los que habían combatido el franquismo entregan el Estado a los herederos del franquismo. Montar esta imagen significa olvidar la historia de todos los españoles que lucharon por una transición de la dictadura a la democracia, incluso desde la Guerra Civil; que hicieron apuestas, que defendieron políticas y que en algunos casos pagaron con su vida esa tarea. Lo que le da el sentido a la Transición, en términos de reconciliación entre españoles que se han combatido a muerte, o de concordia como base para un encuentro futuro en la democracia... De todo eso se había venido hablando mucho desde la posguerra. Yo he llegado a leer que lo de "Transición" es un término inventado por la diplomacia americana para imponer el proceso en España. Es disparatado lo que en algunas ocasiones se lee sobre la Transición y sus raíces. Que no es que yo intente contestar a eso, simplemente lo desecho.

P. En el volumen recoge cómo se ha dado por terminada la Transición en varios momentos distintos: Aznar, por ejemplo, la clausura en 1993 en el IX Congreso del Partido Popular. Se habla de la crisis catalana como el fin del consenso del 78 o incluso el fin de la Transición misma. ¿Está de acuerdo?el fin del consenso del 78

R. La Transición se cerró cuando se cerró. La Transición política de la dictadura a la democracia es el período de las Cortes constituyentes, desde el anuncio del plan para la reforma política, que es lo que abre el camino a unas elecciones generales en una situación de legalidad de partidos y libertades, hasta que termina el proceso constituyente. Creo que es mejor, a la fase que se abre entonces, llamarla de consolidación de la democracia. Pero en fin, también tienen sus razones quienes sostienen que dura hasta que se aprueban los estatutos de autonomía, porque ese es el bloque constitucional. Pero no más allá. A partir de ahí, empieza una democracia que comienza a funcionar de acuerdo con lo establecido en la Constitución: separación de poderes, elecciones cada tanto tiempo, etcétera. Se pueden encontrar problemas en cómo se administra la democracia instaurada en la entonces, pero no se puede defender que desde ahí estuviera determinado todo lo que nos ocurre ahora. La Transición no es un germen que se coloca en tierra, de forma que todo el fruto está determinado por el árbol. Es más bien una apertura de caminos que se podían haber desarrollado por un lado o por otro, que abre unos caminos y cierra otros, y en ese sentido es como el resto de procesos históricos. Esta visión es más compleja y da más pereza, pero es la que hay que seguir.

P. Usted señala que la reclamación del Estatuto de autonomía es la última en incorporarse a "Libertad y aministía" en ese lema que resume las reclamaciones de la Transición. ¿Por qué cree que es este tema el que parece poner en serios aprietos los acuerdos de entonces?

R. La Transición ha concluido, y ha concluido con éxito, al establecer poderes de Estado en comunidades autónomas. La administración de esos poderes de Estado en buena medida ha supuesto la construcción de identidades separadas, o sea, de ser andaluz, de ser catalán, de ser gallego, de ser vasco… Hay mucho recurso a la construcción de identidades, que en el momento en que están construidas se presentan como identidades nacionales. En el momento en que esos procesos llegan a un punto, la pulsión para, administrando poderes de Estado, encauzar esa construcción de nación hacia la construcción de un Estado independiente es inevitable. Esto no se vio en su momento, aunque sí lo vieron [el sociólogo y politólogo] Juan Linz y Manuel García-Pelayo [jurista y primer presidente del Constitucional]. Esa pulsión es siempre actuante cuando la solidaridad entre los pueblos de España, que parecía guiar el espíritu constituyente, no está garantizada por una institución jurídico-política que, además, asegure la lealtad de cada parte al conjunto. Eso es lo que falta. Y eso solo lo puede garantizar un Estado federal, con instituciones federales en las que cada parte del todo elabore y participe de las políticas de Estado, siendo leal a ellas porque las han elaborado y aprobado.

P. Usted ha explicado de que la ley de amnistía supuso un "arrojar al olvido", sobre el que matiza que no supone "exactamente olvidar sino, siendo muy conscientes y memoriosos, impidiendo que aquel recuerdo cierre el paso al futuro". ¿Está agotada esa amnistía acordada en el 78?

R. No, yo lo que creo es que es una cuestión [la de la memoria histórica] a la que el Estado no se ha enfrentado de manera directa, sino prefiriendo dar subvenciones a asociaciones privadas. Esta es una manera improcedente de pretender resolver un problema de Estado. Tú no puedes privatizar eso de ninguna manera, y ese es el gran error en esta materia del Gobierno de Zapatero. Creo que hay una demanda que no se ha satisfecho plenamente, aunque sea distinto según de qué comunidad autónoma hablemos. Pero, como requirió el Defensor del Pueblo, que en ese momento era Enrique Múgica, en su día era posible abordar la cuestión de la reparación y el reconocimiento accediendo a las demandas de exhumar a aquellos que estaban en enterramientos ilegales en fosas comunes, y dándoles el enterramiento digno que sus familiares querían.

Por lo que se refiere a la persecución de crímenes, el único procedimiento que se ha abierto es uno que imputaba a 35 altos cargos del franquismo, de Franco al almirante Regalado, que estaban todos muertos. Era un fraude de procedimiento. ¿En qué consistiría hoy decir que la amnistía cerró en falso? Ese fue un acuerdo que se tomó en unas Cortes por los mismos que habían sufrido la persecución del franquismo y habían pasado largos años en la cárcel. Yo no les cambiaría la plana, como muestra de respeto a lo que significó su política antes y durante la Transición. Y creo que no hay razón ninguna para hacerlo.

P. De la tríada de consenso que se repetía en los setenta, ¿usted defiende que la de "Libertad" es la que goza entonces de mejor salud?

R. Sí, aunque las leyes son discutibles. La ley mordaza es muy discutible, qué duda cabe, pero hay recursos para cambiarla. El funcionamiento de los poderes del Estado, aunque algunos fueron colonizados por los partidos, es correcto. Cuando oí ayer a una fiscal —porque la Fiscalía es jerárquica y depende directamente del Gobierno, aunque debe ser autónoma en su trabajo— dar sus razones para procesar como va a procesar a la trama Gürtel, dices ‘Bueno, aquí el poder judicial funciona’. Luego hay poderes que actúan de tal manera que acarrean problemas políticos. Yo respeto todas las decisiones judiciales, pero está claro que el encarcelamiento de los dos dirigentes catalanes crea un problema político que estoy seguro que ni siquiera el Gobierno pensaba. Eso es una decisión de una juez de instrucción.

Decir que esta Constitución no es democrática o no sirve… Los mismos que denuncian a la Constitución como un candado que impide el proceso político están ahora en el Parlamento. Se decía que esto era un bipartidismo porque había una ley que cerraba la posibilidad de que accediera a él otro partido, pero no se ha movido la ley electoral y ahí están. Es verdad que luego la proporcionalidad tiene una conversión de votos a escaños que es discutible. Pero los que querían desarrollar una política contra la Constitución —ellos hablan de un "momento destituyente"— están ahí. Lo que quiere decir que esa misma Constitución permite que lleguen a las instituciones del Estado.

P. Dice que la Constitución está "cumplida"…

R. Cumplida quiere decir que se ha realizado, que ha realizado su propósito. El balance final es como todos: luces y sombras.

P. ¿Y eso daría lugar a una nueva etapa?

R. Sí creo que habría que iniciar un proceso de reforma muy profundo o un proceso constituyente con la vista puesta en un Estado federal.

P. Apenas aborda el efecto de la crisis, a la que llama Gran recesión, sobre los consensos de la Transición. ¿Qué costuras o deficiencias ha mostrado?

R. Pues sobre todo la falta de lealtad entre los poderes del Estado. Y la incapacidad de los partidos políticos de poner por encima de sus intereses inmediatos el objetivo de una reforma constitucional que ya se estaba demandando a partir de 2004 y 2005. Los partidos tienen entre ellos una relación tan viciada que les hace imposible llegar a acuerdos de Estado más allá de sus intereses.

P. Pero, por ejemplo, movimientos como el de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca señalaban que el derecho a la vivienda presente en la Constitución no se cumplía. ¿No pone esto en cuestión...?

R. Ese derecho nunca se desarrolla, como muchos otros. Pero no es como la libertad de expresión, son derechos distintos, no es como si por ser ciudadano español uno tuviera derecho a una casa. 

Ni "Transición ejemplar", ni "Régimen del 78"

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P. Y en el 15-M surge también una crítica general al relato que se había hecho en democracia sobre la Transición...

R. Sí, al "régimen del 78", lo llaman. Era un movimiento contra la totalidad: "No nos representan". Eso tiene que ver con un momento que no se ha dado solo en España, que es la transformación de los partidos de militancia en los partidos cártel. Los partidos tradicionales, tanto la democracia cristiana como la socialdemocracia, se identifican con el Estado y en ese sentido no se diferencian del otro partido con el que alternan el poder, al tiempo que se separan de sus bases sociales. Esto ha tenido esta respuesta de desafección a los partidos que se ha vivido también en Estados Unidos o en Francia, y el surgimiento de los populismos. Y en esas estamos, en una crisis de la democracia representativa.