El Banco de España promociona los planes privados con el ahorro de los hogares “en niveles históricamente bajos”

El gobernador del Banco de España, Luis Linde, insistió este miércoles en que el recorte de las pensiones públicas es “inexorable” por una mera cuestión demográfica. Por tanto, invitó a los españoles a suscribir planes privados de pensiones. Sólo unos días antes ya había instado al ahorro a los jóvenes, en concreto, ante ese “inevitable” descenso de las pensiones públicas. Las críticas de los sindicatos y los partidos de la oposición han sido inmediatas. Para defender la sostenibilidad del sistema público de pensiones y acusar a Linde de “generar miedo” y de convertirse en publicista de las entidades financieras que ofrecen los planes privados. El gobernador no hace sino repetir la tesis que defienden esas entidades, expertos actuariales y muchos economistas: para sostener el sistema público de reparto actual hay que recortar la cuantía de las pensiones que cobrarán los jubilados nacidos durante el baby boom de los 60 y 70baby boom.

Pero, además de los motivos demográficos, tras el recorte hay que colocar la reforma de las pensiones, iniciada por el PSOE en 2011 y ampliada después por el PP. Ese año, un trabajador cobraba al jubilarse el 81,2% de su salario. En 2013, último ejercicio del que hay datos, ya era el 73,9%, según datos de la OCDE. Es más, España será el país de la Unión Europea en que más aumentará la distancia entre sueldo y pensión desde ahora y hasta 2060 si se cumplen las proyecciones del último Informe sobre Envejecimiento de la UE: la brecha se agrandará en 30,4 puntos porcentuales en los próximos 45 años, el doble que Grecia –16,4 puntos–. Para entonces, la pensión pública que cobrarán los españoles equivaldrá a menos de la mitad de sus sueldos, el 48,6%.

Tasa de ahorro del 9,8%

Más allá de las reformas legislativas y de la demografía, Luis Linde eludió un dato fundamental que, sin embargo, conoce muy bien: la devaluación salarial y las cifras récord de desempleo han desplomado la tasa de ahorro de las familias españolas “hasta niveles históricamente bajos”, como admite el Banco de España en su último boletín sobre el asunto. Es decir, a los ciudadanos, con sueldos jibarizados, cuando no directamente entrampados en el paro, les resulta muy difícil, cuando no imposible, destinar parte de su renta a nutrir un plan de pensiones privado.

Según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de ahorro de las familias en 2014 fue del 9,8%, seis décimas menos que el año anterior. El propio Banco de España prevé que este ejercicio baje hasta el 9,5% y que en 2016 sea aún menor, del 8,7%. El órgano supervisor reconoce, además, que los jóvenes y los trabajadores con contratos temporales, quienes han “sufrido un retroceso más intenso en sus rentas”, son también los que “han reducido en mayor medida sus tasas de ahorro”. Nada dice del cada vez mayor número de trabajadores que sólo pueden conseguir un contrato a tiempo parcial y cobran de media el 38% de un asalariado con empleo a tiempo completo –10.056 euros al año, según el INE–.

Ni los jóvenes ni los parados pueden ahorrar

Esos datos macroeconómicos los corrobora una encuesta realizada por Adicae, la asociación de usuarios de banca. Dos de cada tres personas menores de 36 años no ahorran ni un euro al mes. El 84% de los desempleados, tampoco. Sólo el 24% de los jóvenes consiguen ahorrar menos de 100 euros. Entre los parados, sólo el 5% puede reservar esa cantidad cada mes.

Prueba de las dificultades para ahorrar en tiempos de recesión es que el 86% de los menores de 36 años y de los parados llegan “muy justos a final de mes” y sólo después de “controlar mucho sus gastos”. Otro 12% de los más jóvenes admite “serias dificultades para pagar sus deudas y llega a final de mes en números rojos. Entre los inmigrantes, el 36% no puede ahorrar nada y el 79% llega muy justo a final de mes. Si se pregunta a los mayores de 65 años, sólo el 35% puede reservar algo de dinero cada mes y el 44% tiene problemas para pagar sus deudas.

La Encuesta de Condiciones de Vida que elabora el INE apunta más detalles: el 42,4% de los hogares –1,4 puntos más que en 2013– no puede afrontar gastos imprevistos, que se calculan en 650 euros. En Canarias son el 68% de los hogares; en Andalucía, el 58,3%, y en Murcia del 55,6%. Además, el 10,2% de las familias, un punto más que el año anterior, se retrasa en los pagos relacionados con la vivienda habitual, ya sea la hipoteca, el alquiler o los recibos de gas, luz y comunidad.

Fondos menos rentables que los bonos del Estado

Luis Linde también omitió un segundo dato. Los fondos privados de pensiones han tenido una rentabilidad media de sólo el 1,2% en los últimos 15 años. Según un estudio del profesor del IESE Pablo Fernández sobre la evolución de 313 fondos de pensiones entre 1999 y 2014, sólo 21 superaron la rentabilidad del Íbex 35, que fue de un 3,28% en ese periodo. Únicamente dos mejoraron la rentabilidad de los bonos del Estado a 15 años, un 5,83%.  Y un total de 58 fondos registraron una rentabilidad promedio negativa.

La patronal del sector, Inverco, cifra en 67.837 millones de euros el patrimonio de los fondos de pensiones privados individuales hasta el primer trimestre de este año, un 13,8% más que el año anterior. Pero el número de los partícipes cayó en 2014 un 0,5%, hasta los 9,94 millones. Además, en 2013 se multiplicó por 10 el volumen de fondos que los trabajadores atrapados en el paro de larga duración retiraron de sus planes de pensiones respecto a 2007. La crisis les forzó a sacar 462 millones, frente a los 44,2 millones de seis años atrás.

Con ocasión de la reforma fiscal que el Gobierno elaboró el año pasado, tanto Inverco como Unespa, la patronal de las aseguradoras, pidieron al Gobierno un mejor tratamiento de los sistemas privados de pensiones y medidas para aumentar su atractivo entre los ahorradores. Unespa, incluso, envió una polémica carta a los diputados de la Comisión del Pacto de Toledouna polémica carta, encargada de vigilar las pensiones, instándoles a promover los sistemas privados.

Así, el Ejecutivo ha bajado las comisiones, la de gestión del 2,5% al 1,75% y la de depósito del 0,5% al 0,25%. También ha limitado la aportación anual a 8.000 euros. El tope anterior era de 10.000 euros para los menores de 50 años y de 12.500 para los mayores de esa edad. Finalmente, se puede recuperar el dinero ahorrado a los 10 años de antigüedad.

Sin carta naranja en año electoral

Otra de las peticiones tradicionales de las entidades financieras es la llamada carta naranja, un documento con el que el Ministerio de Empleo tenía previsto informar a cada trabajador del cálculo aproximado de su futura pensión. Unespa quiere que los ciudadanos sepan cuál será el importe de su prestación para que decidan si necesitan un plan privado que la complemente. El pasado mes de noviembre, Empleo ya había adjudicado los contratos necesarios para llevar a cabo el envío de los primeros 5,3 millones de cartas. También había concluido los trabajos técnicos para hacer las proyecciones. Pero la Secretaría de Estado de Economía bloqueó el proyecto de real decreto, de abril de 2014, que regula ese “derecho de los trabajadores a una información personalizada sobre su futuro derecho a la jubilación”. Desde entonces, la carta naranja se encuentra en el limbo.

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El primer cálculo de su futura pensión deberían haber empezado a recibirlo en sus casas el pasado mes de noviembre los mayores de 50 años. La previsión era enviarlo a un total de 17,65 millones de trabajadores en 2016. La carta tendría que incluir una proyección realizada suponiendo que hasta el momento de la jubilación el ciudadano va a seguir cotizando lo mismo que en los últimos 12 meses. La cantidad se reflejará en euros constantes, calculada sobre 14 pagas. La siguiente carta, con la estimación basada en las cotizaciones de 2014, deberían haberla recibido los trabajadores antes del pasado 16 de mayo.

Pese a que el borrador del real decreto deja claro que la cifra aportada se remitirá “a efectos meramente informativos, sin que origine derechos ni expectativas de derechos a favor del trabajador o de terceros”, los sindicatos sospecharon motivos electoralesen el aparcamiento de la iniciativa durante un año plagado de llamamientos a las urnas.