El debate con trampa que plantea el Gobierno sobre las pensiones

“Tengo la responsabilidad de gobernar y, por tanto, de ajustar los gastos al conjunto de los ingresos. Lo más importante para garantizar el sistema de pensiones y su poder adquisitivo es crear empleo”, proclamó el presidente del Gobierno en el Congreso el pasado miércoles, “todo lo demás son buenas intenciones”. Mariano Rajoy contestaba así al diputado de UPN Íñigo Alli, quien le instó a subir las pensiones según el IPC, en lugar del 0,25% con que vienen revalorizándose desde 2014.

Al día siguiente, miles de pensionistas se manifestaban en toda España para exigir pensiones dignas y protestar por la “miserable” subida que el Gobierno ha aplicado a sus prestaciones desde la reforma de 2013. Todos ellos habían recibido sólo unas semanas atrás la carta en que como cada año la ministra de Empleo, Fátima Báñez, les informaba de que el alza de sus pensiones sería de sólo el 0,25%, “una mejora anual garantizada” que presentaba como “salvaguarda económica para las generaciones futuras”.

Ese mismo día, mientras los pensionistas protestaban en la calle, Báñez negaba en televisión que fueran a perder 350 euros al mes como consecuencia de las reformas de 2011 y 2013. La cifra la había avanzado una semana antes un estudio de Analistas Financieros Internacionales (AFI), encargado por la Asociación Empresarial del Seguro. Precisamente el año próximo será el primero en que se aplique el factor de sostenibilidad, incluido en la reforma de 2013 y que recortará la prestación de quienes se jubilen a partir de 2019 según la esperanza de vida de su generación.

La combinación de ambas medidas, la revalorización del 0,25% y el factor de sostenibilidad, supondrán una reducción progresiva de las nuevas pensiones que comenzará siendo del 8% en 2020 y podrá alcanzar el 35% en 2050podrá alcanzar el 35% en 2050, según los cálculos del catedrático de la Universidad del País Vasco Ignacio Zubiri publicados en los Papeles de Economía Española de Funcas, la fundación de las cajas de ahorro. “A los trabajadores se les ha reducido la pensión inicial, el tiempo durante el cual cobran la pensión y, quizá peor, el valor real de su pensión irá disminuyendo a medida que envejezcan”, resume Zubiri el efecto de las reformas: el factor de sostenibilidad, el aumento de la edad de jubilación y la desvinculación del IPC.

Margen para el gasto, nuevas fuentes de ingresos

En efecto, todas estas medidas, y la filosofía que hay detrás de ellas y en las palabras de Rajoy sobre las “buenas intenciones” de subir las nóminas de los jubilados, están dirigidas a poner freno al gasto público en pensiones. Entretanto, la Comisión del Pacto de Toledo lleva ya un año poniendo en el centro de sus discusiones el otro extremo de la balanza: cómo aumentar los ingresos de la Seguridad Social.

Mientras el Gobierno se preocupa con la sostenibilidad del sistema, buena parte de la oposición, los sindicatos y los pensionistas en la calle claman por la suficiencia de las prestaciones. Según las previsiones del Ejecutivo, el gasto en pensiones se contendrá en el 12,3% del PIB cuando llegue 2050 –sólo medio punto más que en 2015– gracias a las dos reformas aplicadas. Es decir, por debajo del gasto en Italia –14%–, Francia –15,1%– o Alemania –13%–, como por otra parte les gusta recordar a los defensores de priorizar el mantenimiento de pensiones “dignas”. A su juicio, por tanto, hay margen para subir las pensiones. Ignacio Zubiri, por ejemplo, cree que España puede gastar un 30% más de lo que destina ahora a esta forma de protección social. De forma que el gasto público en pensiones llegara al 15% del PIB e “incluso algo más allá sin que esto supusiera un coste inasumible”, sostiene.

Pero para ello hay que encontrar nuevas fuentes de ingresos. Y las posibles fórmulas están claras para expertos y políticos. Los socialistas han propuesto que se paguen las pensiones con nuevos impuestos, uno que grave las transacciones financieras y otro los beneficios de la banca. Calculan que habrían de recaudarse cerca de 2.750 millones de euros al año y que la medida debería prolongarse hasta 2050. Otras posibilidades de financiación sobre la mesa son el destope de las bases máximas de cotización, sobre la que también existe un alto grado de acuerdo.

Lo mismo ocurre con la equiparación de las cotizaciones de los autónomos con las de los asalariados del Régimen General o con la idea de cargar a los Presupuestos del Estado tanto los gastos de gestión y personal de la Seguridad Social como las pensiones de viudedad y orfandad. Eliminar las reducciones de cuotas con que el Gobierno lleva años intentando incentivar los contratos indefinidos es otra medida adicional. El Ejecutivo está de acuerdo en transformarlas en bonificaciones, que son compensadas por el Servicio Público de Empleo y no hacen un agujero en las cuentas de la Seguridad Social.

Por contra, la polémica envuelve la sugerencia del PP de ampliar a toda la vida laboral el periodo de cotización necesario para calcular la cuantía de la pensión, que en 2022 será de 25 años –15 años antes de la reforma de 2011–. Presentada como un medio para subir la prestación de los trabajadores despedidos durante de la crisis, sindicatos y oposición recelan de que uno de sus posibles efectos sea también mermar la pensión de mujeres y jóvenes.

Sí han perdido poder adquisitivo

Todos los grupos de la oposición, menos Ciudadanos, están de acuerdo igualmente en suprimir el mecanismo para revalorizar las pensiones, o por lo menos subirlas por encima del 0,25% actual. Mantener el factor de sostenibilidad sólo lo defienden también el PP y la formación naranja.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, cifró en sólo una décima la pérdida de poder adquisitivo sufrida por los pensionistas desde 2014. La ministra Báñez incluso amplía el dato hasta 2007 para decir que no han perdido nada.

El problema es que para hacer ese cálculo utilizó la inflación media de los últimos cuatro años, no la tasa con la que termina el año, que es la que se empleaba, hasta la reforma de 2013, para actualizar las pensiones. En concreto, se recurría al IPC de noviembre. Pero si para hacer la cuenta se emplea esa tasa final del ejercicio, en 2017 el IPC terminó en el 1,2% y en 2016, en el 1,7%. Es decir, en dos años los precios subieron un 2,9%, mientras que las pensiones lo hicieron sólo un 0,5% acumulado. Es decir, en ese bienio perdieron 2,4 puntos de poder adquisitivo. En 2014 el IPC terminó en negativo (-1%) y en 2015 el índice no se movió, acabó en cero. Pero esta bajada de los precios tampoco compensa las subidas posteriores. En el cuatrienio considerado, el IPC aumentó un 1,9%, mientras que las pensiones sólo lo hicieron un punto. Es decir, perdieron nueve décimas de poder adquisitivo. En euros, por tanto, la pensión media debería haber aumentado 16,43 euros en cuatro años para no devaluarse frente a los precios, pero sólo creció 8,64 euros.

Tomando la inflación en el mes de noviembre de cada año, las cifras son similares: los precios subieron un 1,7%, pero las pensiones se quedaron en un punto. La merma es de siete décimas.

Recortes que aumentarán año tras año

Y si continúa aplicándose la subida mínima del 0,25%, la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados se situará entre un 15% y un 17%, según los cálculos realizados por el sindicato CCOO, suponiendo que la inflación permanezca entre el 1,5% y el 2%, el objetivo del BCE. Añadiendo a esa quita por la revalorización limitada al 0,25% el recorte que, a partir de 2019, sufrirán las pensiones cuando se les aplique el factor de sostenibilidad, la pérdida de poder de compra se elevará hasta el 25% en los próximos 10 años, advierte el sindicato.

UGT, en un informe publicado el pasado enero, utiliza datos del Gobierno para cuantificar el recorte en la tasa de reemplazo –la relación entre el último sueldo y la primera pensión– que infligirá en las prestaciones públicas la combinación del alza del 0,25% y el factor de sostenibilidad: pasará del 81% actual al 48% en 2060.

En la misma dirección apunta también el Banco de España. En un estudio sobre las alternativas de reforma del sistema público de pensiones publicado en septiembre del año pasado, asegura que “en ausencia de modificaciones adicionales en los ingresos del sistema”, el índice de revalorización del 0,25% “generará reducciones elevadas de la tasa de sustitución de las pensiones junto con un mayor riesgo de pérdida de poder adquisitivo de la población jubilada ante aumentos inesperados de la inflación”. Los autores del informe no dudan en vaticinar “disminuciones sistemáticas de la renta real de los pensionistas”. El Banco de España también aporta su previsión sobre el efecto del factor de sostenibilidad: recortará la pensión inicial un 7% en 2030 y hasta un 12% en 2040.

Finalmente, el centro de estudios del BBVA calcula que en 2019, el primer año en que se aplicará el coeficiente reductor según la esperanza de vida, quienes se jubilen verán recortada su pensión un 0,72%. Quienes lo hagan en 2030 perderán un 7,92% y nada menos que un 15,62% los que dejen de trabajar en 2045.

Para saber la cifra exacta habrá que esperar. El pasado enero la ministra de Empleo dijo ante la Comisión del Pacto de Toledo que sus técnicos aún no han hecho los cálculos, pues la Seguridad Social no dispone de las estadísticas de defunciones de 2017, necesarias para precisar la esperanza de vida en 2019. Aun así, Báñez recalcó que la pensión inicial ese año “no será menor” porque el factor de sostenibilidad “lo que hace es modular el crecimiento”. La pensión, abundó para negar el recorte que dan por cierto los expertos, “dependerá del crecimiento económico, la carrera laboral, las bases de cotización y los aumentos del poder adquisitivo que se hayan dado todos los años”.

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El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, contestó a las protestas multitudinarias de pensionistas del jueves asegurando que el saldo para “este sector de población” es “positivo” si se compara con otros “que han sufrido de una forma más intensa la crisis”. Repetía así la idea esgrimida por la ministra ese mismo día, apoyada, según dijo, en los informes de la OCDE: “Los pensionistas han sido uno de los colectivos que más protegidos han estado durante la crisis”.

UGT se ha ocupado de rebatir esa protección especial de la que hablaba el organismo internacional y de la que presume Fátima Báñez. Según explica el sindicato, basándose en datos de Eurostat, la oficina estadística de la UE, las prestaciones públicas dirigidas a los ciudadanos de mayor edad sólo alcanzan en España el 63,5% de la media comunitaria, “muy lejos del PIB por habitante español, que supone el 85% del promedio de la UE a 15”. Están por debajo de las de Grecia y Portugal. Las de Francia equivalen al 118,6% de la media europea.

También la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en cuyo patronato participan las principales compañías y bancos españoles, matiza los argumentos de la ministra. Un documento sobre el consumo y el ahorro de las familias durante la crisis y la recuperación revela que los hogares formados por una persona mayor de 65 años, con o sin cónyuge, fueron los únicos cuyas rentas disponibles no se recortaron entre 2007 y 2013. Pero el motivo no fue la revalorización de las pensiones, sino “el aumento de las pensiones medias con las que los nuevos jubilados entraban en el sistema”: tienen sueldos más altos y han cotizado más años que sus predecesores. Aun así, recuerdan sus autores, los hogares formados por un mayor de 65 años se encuentran entre los que poseen una menor renta disponible. La pensión más habitual en España se sitúa entre 600 y 650 euros, la que cobran 1,87 millones de personas, según las estadísticas de la Seguridad Social. Y las prestaciones que cobran 5,4 millones de pensionistas, el 62% de los perceptores existentes a fecha de enero de este año, no llegan a 1.000 euros.