El Ejecutivo aumentará los inspectores de Trabajo y aportará 30 millones más para combatir el fraude

El Gobierno aprobó este viernes el Plan Director por un trabajo digno, que incluye hasta 75 medidas para recuperar los derechos laborales "perdidos durante la crisis" y luchar contra el fraude laboral, a través del incremento de más de 800 nuevas plazas en la Inspección de Trabajo hasta el año 2020 y con la inyección de 30 millones de euros durante los próximos dos años, informa Europa Press.

Así lo avanzó la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que matizó que estas medidas se enmarcan en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas como una iniciativa que persigue un trabajo "digno y decente", posicionada contra el fraude en la contratación temporal y a tiempo parcial y los falsos autónomos.

Se trata de una acuerdo fruto de las negociaciones que el Ministerio mantuvo con todos los agentes sociales, como los sindicatos UGT y CCOO, las patronales CEOE y Cepyme, organizaciones de autónomos, comunidades autónomas y representantes de la Inspección de Trabajo.

Dentro de las 75 medidas aprobadas se encuentran 55 actuaciones, como la lucha contra los contratos temporales que cubren actividades permanentes, los contratos parciales por lo que se cotiza menos de los que realmente se trabaja, la brecha salarial, la figura del falso autónomo o la siniestralidad, y otras 20 medidas organizativas.

Además, el Plan Director incluye dos planes de choque que refuerzan los recursos humanos con los que cuenta la Administración, de forma que se incremente en más de 800 plazas la Inspección de Trabajo, y los recursos materiales, con la inyección de 15 millones de euros en 2019 y de otros 15 millones en 2020.

Según Valerio, el año pasado se llevaron a acabo un millón de actuaciones en contra de la economía sumergida que afloraron más de 1.200 millones de euros de ingresos para la Seguridad Social, por lo que ha defendido que destinar más recursos materiales a la Inspección "es bueno" para las arcas públicas.

Las medidas también incluyen la introducción de una herramienta informática para la lucha contra el fraude laboral, un sistema que "agiliza" y hace más "rentable" la consecución de los objetivos. En este sentido, la ministra ha hecho alusión al anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, que, según ella, también hacían planes pero "no ponían recursos encima de la mesa", por lo que se trataba de "papel mojado".

Los sindicatos advierten de la falta de medios

CCOO y UGT valoraron positivamente el plan director por trabajo digno aprobado, pero advirtieron de que faltan medios y recursos para desarrollarlo de manera eficiente.

UGT señaló en un comunicado que comparte las líneas generales del planteamiento que realiza el Gobierno en el plan, pero observa "una cierta diversidad en cuanto a su contundencia y una falta clara de medios para llevarlo a cabo".

El sindicato considera que, junto a las camareras de piso, deberían incluirse en el plan otros colectivos, con actuaciones específicas para las trabajadoras de ayuda a domicilio y para las empleadas del hogar.

Asimismo, UGT pidió "deslindar claramente" la frontera entre infracción administrativa y conducta delictiva, "muy diluida" en el ámbito laboral, al tiempo que insta a crear una fiscalía de delitos contra los derechos de los trabajadores para contribuir tanto a los objetivos que persigue el plan director como al objetivo general de proteger adecuadamente los derechos de los trabajadores.

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CCOO, por su parte, coincidió con el Gobierno en la identificación de los problemas mencionados en el plan, pero entiende que falta concreción en las medidas y en los plazos de actuación y recursos para la Inspección de Trabajo.

"Los problemas están perfectamente identificados, pero los plazos de actuación y las medidas no son lo suficientemente concretos para hacer frente a los grandes problemas que tenemos en el mercado de trabajo, ni tampoco se determinan los recursos necesarios para abordarlo. El propio plan reconoce que en 2018 hay menos personal inspector y de estructura de apoyo del que había en 2010", lamentó CCOO.

El sindicato señaló además que algunos objetivos del plan "traspasan" las competencias de la Inspección y que lo que debería hacerse es cambiar la legislación laboral actual; reforzar la negociación colectiva; desarrollar el diálogo social tripartito, y trasladar los contenidos del pacto salarial a los convenios para hacer frente a la precariedad y la explotación laboral.