España deja de ingresar 9.100 millones al año en impuestos por la fuga de dinero a paraísos fiscales
Opacidad, bajos impuestos, escasa colaboración con autoridades fiscales o facilidad para crear empresas fantasma. Estas son algunas las características que suelen definir a los paraísos fiscales, como se conoce a las regiones que ofrecen ventajas en cuanto a tributación o impuestos y que compiten por atraer el capital de empresas o ciudadanos que buscan contribuir menos a las arcas del estado. En España, la fuga anual de dinero por este tipo de maniobras llega a superar los 9.100 millones de euros, lo que supone un 0,7% del total del Producto Interior Bruto (PIB), según el informe Estado de la Justicia Fiscal 2024, redactado por la Plataforma de la Justicia Fiscal (PJF). En el informe señalan que si esta cifra se aplicase, por ejemplo, a la sanidad, se podría incrementar la financiación en un 8,9%. Si se destinase a la educación, en cambio, daría para contratar a 400.000 profesores de primaria.
“No pagar impuestos repercute en el gasto social y tiene consecuencias”, explica a infoLibre Juan Gimeno, coordinador de la Plataforma. Otro dato que ayuda a ponderar la magnitud de esta cifra, es que equivale al presupuesto anual total del ministerio de Trasportes y Movilidad Sostenible.
En la lista oficial de guaridas fiscales que proporciona el Consejo Europeo aparecen once países: Panamá, Islas Vírgenes, Rusia, Fiji, Trinidad y Tobago, Anguilla (un territorio británico en el Caribe occidental), Samoa Americana (dependiente de EE UU), Guam (situada en Micronesia y dependiente de EE UU), Vanatu (una isla del Pacífico Sur), Palau (Micronesia), Samoa (Polinesia). Pero desde la organización reclaman que se incluya a otros Estados que practican esta laxitud fiscal dentro de las fronteras europeas y citan a Países Bajos, Irlanda, Suiza o Malta. “La UE debe eliminar inmediatamente las lagunas legales que permiten a los superricos y grandes corporaciones evadir impuestos, ocultando su dinero en guaridas fiscales lejanas, y dejar de hacer la vista gorda ante las que hay en sus propios Estados”, señala el coordinador.
En Europa, los números son abrumadores. El documento señala que la fuga de capitales a nivel comunitario supera los 175.000 millones de euros. “Dentro de la propia Unión Europea existen territorios que podrían considerarse guaridas fiscales, con beneficios, con competencia desleal, con dumping fiscal, con baja tributación, con baja información, etc.”, insiste Gimeno. Entre los principales contribuyentes al problema mundial de los paraísos fiscales, el informe de la PJF señala a Islas Caimán, Hong Kong, Irlanda, EE UU y Canadá. En los datos que elaboran a partir del observatorio internacional Tax Justice, señalan que todos estos países contribuyen a generar una pérdida fiscal que va desde el 6,36% en el caso de Canadá, hasta 9,1% en el caso de las Caimán. Entre los 20 primeros hay cuatro europeos sin contar Suiza y Gibraltar.
En otro informe, en este caso elaborado por el Observatorio Fiscal de la UE, los números son similares. Según su última actualización, España habría dejado de ingresar en 2019 cerca de 4.500 millones por el desvío de activos y estimaban que la cantidad de capital nacional que se encontraba en paraísos fiscales superaba los 140.000 millones de euros. En base a estos datos, el flujo de dinero que se escapa habría ido creciendo en los últimos años, pese a que la Comisión Europea se había comprometido a endurecer las regulaciones. “Malta, Luxemburgo, incluso Holanda o Irlanda y no digamos territorios offshore británicos, son lugares que compiten con los sistemas tributarios europeos y que restan mucha recaudación”, explica Gimeno.
¿Qué se está haciendo?
Corporaciones internacionales y grandes fortunas son las fuentes de las que se alimentan estas regiones. Para acotar estos movimientos a las grandes fortunas, explica el coordinador, habría que establecer sistemas fiscales más justos y rebajar su influencia en el diseño de la fiscalidad. De hecho, una de las medidas que reclaman es un impuesto del 3% para aquellas personas con un patrimonio superior a 100 millones de euros que haga los sistemas europeos más progresivos. Con ello, explican, se recaudarían unos 121.000 millones de euros. A esto suman recomendaciones a nivel nacional como gravar el exceso de beneficios y vigilar la progresividad de los impuestos sobre el patrimonio. “Cuando se aplican con éxito, sirven para frenar las grandes desigualdades y el poder de los monopolios”, valora el documento.
En relación con lo anterior, Gimeno explica que se pueden establecer otros condicionantes como retirar los contratos públicos a las empresas que operen en paraísos fiscales o no sean transparentes con sus movimientos. Además, desde la plataforma proponen corresponsabilizar a los asesores fiscales o entidades cuando estas maniobras se hayan producido bajo su consejo. “Muchas veces es el propio banco de inversión el que asesora al cliente y estimula que se tengan esos comportamientos evasores, por eso yo creo que hay que hacerles corresponsables como inductores y colaboradores necesarios”, concluye Juan Gimeno.
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En cuanto a las grandes multinacionales, el documento estima que estas compañías podrían estar trasladando entre 900.000 millones y un billón de dólares al año para esquivar el pago de tasas. “Estas manipulaciones también afectan directamente a las finanzas públicas al fomentar una carrera a la baja en la fiscalidad corporativa, mediante la cual los países reducen las tasas impositivas en un intento de retener o atraer filiales de empresas”, advierte el informe. Es lo que se conoce como dumping fiscal.
Pero para un problema global, las gestiones de los Estados pueden no ser suficientes para atajar el problema. Otra de las propuestas que se lanzan es avanzar en la creación de una convención fiscal en las Naciones Unidas que audite el cumplimiento de la ley y frene los abusos fiscales. Una iniciativa, explican, que ya está en proceso, aunque cuenta con la oposición de ocho países: Australia, Canadá, Israel, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Reino Unido y EE UU.
Paraíso fiscal es una expresión que proviene de una traducción errónea del inglés tax haven (refugio fiscal), que algún mecanismo subconsciente tradujo como tax heaven (paraíso fiscal), quizá, al darse cuenta de que se podía escapar del fisco en según que lugares. El error y la persistencia del mismo resultan casi graciosos, de no ser porque no pagar impuestos dinamita los sistemas de protección social. “Hace unos años hicimos un estudio sobre las comunidades que menos invertían per cápita en servicios públicos, eran Madrid y Cataluña. Curiosamente fueron esas ciudades las que mayor mortalidad registraron durante el covid. Los malos servicios públicos matan”, concluye Juan Gimeno.
