La especulación amenaza el crecimiento de las energías renovables

2019 es, como ya hemos contado, el año de la energía solar fotovoltaica, pero todo apunta a que lo será, además, de todas las energías renovables al completo. España debe cumplir, a la espera de su propio Plan de Energía y Clima, objetivos muy ambiciosos para seguir la senda de descarbonización de la Unión Europea, y eso pasa por impulsar el sector de la generación limpia de electricidad, paralizado durante años de Gobierno del PP. Pero la iniciativa tanto pública como privada está volviendo a encontrarse con un viejo conocido: la especulación. Empresas que consiguen puntos de acceso y permisos para una instalación eólica y fotovoltaica y, en realidad, no tienen ninguna intención de llevar a cabo el proyecto. "Es un problema", reconocen fuentes del sector: incluso las más entusiastas con la revolución renovable. Hay que instalar entre 6.000 y 7.000 megavatios de potencia renovable al año para cumplir con el Acuerdo de París de cara a 2030: un obstáculo así amenaza con hacer salir al país de la senda.

Para entender la magnitud del asunto, cifras. Red Eléctrica de España (REE), que otorga los permisos de acceso a la red, ha recibido peticiones para instalar 87.500 megavatios de renovables. Esa es una cifra algo inferior a los megavatios ya instalados de todas las generaciones, renovables o no (98.593 MW en 2018). Si las peticiones se convirtieran en realidad, modificarían de cabo a rabo el sistema eléctrico. Pero no será así. En esos 87.500 MW se incluyen los 9.000 MW que se adjudicaron en las subastas que organizó el Ejecutivo del PP, que les ofrecían condiciones favorables. El Ministerio de Transición Ecológica no cree que antes de 2020, fecha límite, pueda instalarse ni el 70% de lo subastado.

El resto de las peticiones de MW proviene de proyectos que se plantean sin la red de seguridad que otorga la subasta porque, a diferencia de hace una década, instalar renovables sin incentivos estatales ahora sale muy rentable. Sin embargo, no se sabe cuántas de esas peticiones de puntos de acceso a la red se convertirán finalmente en plantas de generación o se revenderán, encareciendo los precios de todo el mercado.

La normativa actual establece un plazo de 5 años para que las empresas que pidan a REE acceder a la red eléctrica construyan sus instalaciones de generación. Por lo que es de esperar que, en ese plazo, finalmente los proyectos se hagan realidad, dado que de no hacerlo los titulares de esos permisos perderían todo lo invertido. Pero la especulación encarece los precios. "Es uno de los grandes problemas del sector", afirma el experto en el mercado eléctrico Jorge Morales de Labra. Sociedades pirata consiguen los permisos y, posteriormente, son vendidas, con el acceso a la red ya concedido, lo que sirve para esquivar la imposibilidad de transferir el permiso. Y como los accesos a la red son limitados, los que realmente quieren construir una planta de generación eléctrica se encuentran con un mercado saturado de especuladores, donde no se abrirán nuevos accesos a la red hasta dentro de años, por lo que solo les queda comprar una de esas sociedades piratapirata y, en definitiva, contribuir a que el negocio de la energía renovable sea menos rentable.

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El Gobierno es consciente del problema de la especulación en las renovables. El anterior Ejecutivo ya se encontró de bruces con el problema: en las jornadas de información que el antiguo Ministerio de Energía celebró previas a las subastas de 2017, tres cuartas partes de las preguntas de los asistentes estaban orientadas a la posibilidad de la venta de las sociedades que salieran ganadoras en el proceso. Es por ello que, en el decreto de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, aumentó los avales que el Ejecutivo exige para todo aquel que quiera solicitar un punto de acceso. De 10 euros por cada KW que se prevea instalar se pasa a 40 euros. Morales de Labra cree que la iniciativa del Ministerio de Transición Ecológica no es, ni mucho menos, suficiente. "El que podía pagar 10 euros puede pagar ahora 40". Para el experto, la solución pasa por reformar la red de transporte de electricidad en España, que a su juicio está "saturada" y que es responsable de que REE limite las concesiones de nuevos puntos de acceso. "Se utiliza un criterio de prudencia para autorizar nuevos accesos, y se podría flexibilizar algo más", opina. Más que subir los costes de los avales, considera que "hay que acelerar la caducidad" de los permisos, actualmente fijados en cinco años, para dar menos margen a los especuladores para vender las sociedades y encarecer los precios.

"Esto no es un defecto exclusivo de las tecnologías renovables", advierte el vicepresidente de la Fundación Renovables, Sergio de Otto. "Es un defecto de cualquier negocio capitalista. Es igual que lo que se ha hecho, por ejemplo, con las licencias de taxis". De Otto asegura que "es necesario ser mucho más exigentes", y más allá de los ineficientes avales, cree que es el momento de obligar a una permanencia a quien obtenga un acceso a la red por parte de REE. Jorge Morales de Labra no cree que dicha obligación sea viable. "Sería ilegal, chocaría con la libertad de empresa. Si tienes una sociedad a la que se le ha concedido el permiso y vendes la sociedad, no se puede evitar eso", afirma.

Sergio de Otto cree que el problema de la especulación con las energías renovables no puede servir de excusa para dejar de lado la transición energética pendiente. "Esto no debe cuestionar la necesidad de instalar mucha más potencia de renovables. Especulación hay con todo. No nos engañemos", concluye.