¿Qué financiación necesita España: rescate como en 2012, Plan Marshall o ayuda del BCE?

La parálisis económica que en 15 días ha hundido el PIB español con una caída histórica va a hacer necesaria una multimillonaria y rápida inyección de adrenalina que sólo puede llegar de Europa. España e Italia, los dos países de la UE más golpeados por la pandemia, negocian con Bruselas cómo han de ser esas ayudas, pero el acuerdo no va a ser fácil. “Y el dinero lo necesitamos ya por la emergencia social, que va a ir a más; la situación puede ser dramática en 20 días: mientras en la UE se desarrolla una negociación lenta y escabrosa, aquí te quedas sin economía”, presagia el analista financiero y asesor de Renta 4 Juan Ignacio Crespo.

Por eso propone al Gobierno que pida una “financiación puente”, una “cantidad extraordinaria” al Banco Central Europeo (BCE), mientras negocia en Bruselas. Como el supervisor europeo no puede comprar deuda directamente a los países miembros de la UE, Crespo sugiere que la adquisición la haga un “intermediario”, un banco “potente”–y cita JP Morgan o Santander–, para salvar esa prohibición. “Esa financiación debería llevar una put [opción] asociada por la que el BCE pueda pedir la cancelación anticipada una vez que España reciba la ayuda europea”, añade. Si compra letras del Tesoro a seis meses, ni siquiera haría falta el put, asegura.

El analista, además, invita al Ejecutivo a aceptar la ayuda del MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad), una posibilidad que la pasada semana descartó la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. “Cualquier cosa”, advierte, Juan Ignacio Crespo, “es mejor que permanecer estancados en la emergencia social; dos meses de parón [económico] sin financiación abundante y rápida producirán un desastre irreparable por la quiebra de empresas”.

Descartados los eurobonos, la pretensión de España, sin embargo, es que se cree un fondo de recuperación mediante transferencias no reembolsables. Un nuevo Plan Marshall, como lo bautizó Pedro Sánchez. Que éste se ponga en marcha “lo antes posible”, subrayó González Laya. En cualquier caso, de llegarse a un acuerdo, los fondos no estarán disponibles antes de enero de 2021.

Para llevar a cabo la operación que plantea Juan Ignacio Crespo, el BCE debería cambiar sus propias normas, puesto que no puede comprar más de un 33% de deuda a cada país miembro de la UE. Es la objeción que pone a la propuesta Santiago Carbó, catedrático de Economía de la escuela de negocios Cunef e investigador colaborador de Funcas, la fundación de las cajas de ahorro. Crespo no ve el problema. “En el BCE eran todo inconvenientes hasta que llegó [Mario] Draghi, que demostró que el supervisor está precisamente para salvar estas situaciones”, contrapone.

Quizá prueba de ello es el Programa de Compras de Emergencia por Pandemia (PEPP por su siglas en inglés) que acaba de aprobar el BCE y que fulmina ese límite del 33%. En principio, el organismo con sede en Fráncfort preveía adquirir deuda pública y privada con un tope de 750.000 millones de euros hasta finales de este año. Pero este mismo jueves ya ha abierto la puerta a hacer compras ilimitadas de activos y repetido que está “totalmente preparado para aumentar el tamaño del PEPP y ajustar su composición tanto como sea necesario y durante el tiempo que se necesite”. Es la versión Lagarde del “whatever it takes” –“el BCE hará todo lo necesario”– que convirtió a su antecesor, Mario Draghi, en el salvador del euro durante la crisis financiera.

“El BCE ha mutado su ADN y es casi la Fed”

Por el contrario, Josep Oliver, catedrático emérito de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona, no ve la urgencia española para pedir un crédito puente, porque descarta que España tenga un problema de financiación. La primas de riesgo están contenidas  –132 puntos básicos; en 2012 superaron los 500–, asegura, precisamente por la actuación del BCE, que “sale al rescate si los operadores de los mercados se ponen nerviosos y ha sacado todo un arsenal que nadie pensaba”. “En estos últimos años”, destaca, “el BCE ha mutado su ADN y es casi la Fed [la Reserva Federal de EEUU]; no ha llegado a comprar bonos basura como ella, pero se le acerca”. En realidad, el papel que Juan Ignacio Crespo pide al supervisor europeo “ya lo está haciendo”, apunta Oliver. Sólo este año, el PEPP y otros dos esquemas de compra anteriores suman 1,3 billones de euros disponibles, “de los que corresponderán a España un 12%”, calcula. “Ojalá hubiéramos tenido esa intervención del BCE en 2012”, apunta en alusión al rescate financiero, que se hizo con préstamos –aún no devueltos del todo–.

Josep Oliver explica que, para atender los costes sociales de los ERTE y de los subsidios a los desempleados, al Gobierno español le bastarán los 100.000 millones de euros que la Comisión Europea ha destinado a este fin del paquete de medio billón al que se podrá acceder a partir del 1 de junio. Además, cuenta con la parte del MEDE dedicada a sufragar gastos sanitarios, que asciende a casi 50.000 millones de euros y no exige condiciones. Si a ambos instrumentos se le añade que el Gobierno tiene capacidad para endeudarse, el catedrático catalán no entiende que, al menos por el momento y si la situación no empeora, España deba recurrir al MEDE o necesite una financiación puente. “Las últimas emisiones del Tesoro han conseguido una demanda que triplicaba la oferta”, recuerda. Y Oliver no prevé que eso cambie mientres el BCE siga funcionando “como el primo de Zumosol”, remacha. Además, como la deuda pública española tiene una media de maduración de siete años, España tiene margen de maniobra para aumentar sus emisiones a corto plazo y atender así sus necesidades urgentes.

No obstante, el panorama cambiará si, a medio o largo plazo, España tarda demasiado en recortar el déficit público –será del 10,3% este año, según el Gobienro–y éste termina impactando en “volúmenes ingentes de deuda”. Entonces los mercados sí se pondrán nerviosos, pronostica. Pero, de momento, el BCE parece dispuesto a “aparcar lo que sea en su balance” con tal de salvar el euro. De hecho, resalta Josep Oliver, el supervisor europeo tiene más de un tercio de la deuda pública española en sus balances, “una magnitud sin precedentes”. Siempre que la recuperación sea tal y como la prevé el Ejecutivo, con forma de V asimétrica, con un primer gran rebote y luego más gradual, el dinero europeo desplegado hasta el momento será suficiente, insiste el catedrático emérito. Aunque admite también que “será duro”: “No recuperaremos el empleo de 2019 hasta 2023 o 2024, pero si creamos medio millón de empleos al año como antes, podremos mantenernos”.

Rescate del MEDE, insolidaridad europea y beligerancia de Italia

Ni Italia ni España quieren acudir al MEDE porque su ayuda implica aceptar toda una serie de condiciones: exigencias de déficit y deuda pública, reformas estructurales... además de la vigilancia de los hombres de negro, de la troika formada por FMI, BCE y Comisión Europea como ocurrió durante la crisis financiera. “Para ambos países es un baldón político”, apunta Juan Ignacio Crespo: el MEDE se asocia a la palabra “rescate”.

Por su parte, Josep Oliver dice entender la postura de Alemania respecto a las demandas italianas y españolas. “Algo de razón tienen”, reconoce. Alemania, detalla después, es el principal accionista del BCE, con un 30% del capital. Es decir, ya está asumiendo un riesgo si en el futuro Italia o España tienen que reestructurar su deuda, lo que se traduciría en pérdidas para el banco central. “No se les puede pedir [a los alemanes] que asuman riesgo de forma explícita, porque sus condiciones políticas no se lo permiten”, indica. A su juicio, los gobiernos de Pedro Sánchez, Emmanuel Macron y Giuseppe Conte se han equivocado al lanzar el mensaje de la insolidaridad europea, cuando precisamente Bruselas le está dando la solución a través del BCE. “Nos han ayudado, y muchísimo”, concluye.

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Carbó y Crespo coinciden además en criticar la “beligerancia” con que, dicen, está actuando Italia ante Bruselas. “Italia nos perjudica”, avisa Santiago Carbó, porque España ha saneado sus bancos y su deuda pública –95,8%– no es tan elevada como la del país transalpino –136% del PIB, tampoco su prima de riesgo –235 frente a 130–. Aunque no duda en criticar que España ha hecho “regular” sus deberes en los últimos años. “Es normal que no se fíen de nosotros”, reconoce.

Tampoco Juan Ignacio Crespo considera razonable que España quiera “dinero gratis” y lo pida utilizando un estilo “Varufakis” en la negociación con la Unión Europea, “pisando todos los callos”. Y enumera: recordando que los Países Bajos son un paraíso fiscal, proponiendo un impuesto europeo o advirtiendo de que el sentimiento europeísta está cayendo en España.

De momento, lo único cierto es que el 1 de junio estarán disponibles medio billón de euros, sin condiciones: una línea de crédito del MEDE de 240.000 millones de euros en liquidez para los países, la movilización de 200.000 millones de euros en inversiones por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para prestar a las pymes, y un fondo de 100.000 millones de euros para sufragar Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).