El Gobierno intentará convalidar en la Diputación Permanente del Congreso los decretos que derogarán parte de la reforma laboral

La titular de Trabajo, Magdalena Valerio, intentará desactivar parte de la reforma laboral de 2012 en el tiempo que le queda al frente del ministerio y lo hará vía real decreto-ley, que tendrá que ser convalidado después en la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que ejerce las funciones de la Cámara baja mientras se encuentra cerrado el periodo de sesiones. Así lo anunció Valerio este lunes en una entrevista en Telecinco, donde avanzó que “en los días que quedan” va a dar “un pequeño empujón” a cuestiones ya “muy debatidas” en la Mesa del Diálogo Social, con sindicatos y patronal, y en el Congreso, con otros grupos parlamentarios.

Valerio atiende, por tanto, a las reiteradas demandas de los sindicatos, también de Podemos, de acudir al real decreto-ley para derogar los “aspectos más lesivos” de la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP. Esa petición se la habían hecho ya antes incluso del adelanto electoral. Ahora, tras admitir que “es imposible” aprobar los cambios previstos mediante leyes, la ministra aclara que utilizará tanto las semanas que quedan hasta la disolución de las Cámaras, el 5 de marzo, como la Diputación Permanente, que seguirá funcionando después, para sacar adelante “iniciativas prácticamente ultimadas” por el ministerio.

En concreto, la recuperación de la primacía del convenio sectorialla recuperación de la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa y de la ultraactividad –la prórroga automática de los convenios mientras se negocia su renovación–, el registro obligatorio de la jornada de los trabajadores en las empresas y la equiparación salarial de los empleados de las subcontratas con los de la empresa contratista contaban hasta ahora con un alto grado de acuerdo entre los sindicatos, Unidos Podemos, PNV y PDeCAT. También con el rechazo frontal de la CEOE. De hecho, el Gobierno llevaba desde el verano negociando con esos grupos su apoyo a los cambios, una vez asumido el hecho de que con los 84 diputados del PSOE llevar adelante la derogación completa de la reforma laboral era una tarea imposible.

Magdalena Valerio citó además en Telecinco dos medidas adicionales que también pueden ver la luz por el mismo método: un plan de retorno para trabajadores desplazados a otros países y un plan para parados de larga duración mayores de 45 años. El pasado fin de semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a recuperar el subsidio para mayores de 52 años –que la reforma laboral limitó a los mayores de 55– y la cotización para las cuidadoras no profesionales de personas dependientes. Ambas iniciativas se han quedado pendientes tras el rechazo al proyecto de Presupuestos del Estado elaborado por el Gobierno. Lo mismo ha ocurrido con la ampliación del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas. El secretario de Organización de Unidos Podemos, Pablo Echenique, adelantó este mismo lunes su apoyo a los decretos que aprueben tanto el subsidio para mayores de 52 años como las cotizaciones de los cuidadores no profesionales. “Forman parte del acuerdo que firmamos con Pedro Sánchez”, ha explicado.

En el limbo

En el caso de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por CCOO y UGT para crear una renta mínima y que lleva en tramitación parlamentaria desde hace dos años, no decaerá al disolverse las Cortes, pero tendrá que reanudar su tramitación en la próxima legislatura. Aunque la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya tendrá listo en abril el estudio sobre la renta mínima que le encargó hace un año el Gobierno de Mariano Rajoy, según informa Europa Press.

Por el contrario, han quedado en el limbo las proposiciones de ley sobre igualdad retributiva y de oportunidades laborales, así como el proyecto de ley sobre prácticas universitariasprácticas universitarias que presentó Unidos Podemos.

En principio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tenía previsto utilizar la proposición de ley sobre subcontratas, que llevaba un año congelada en el Congreso, para introducir los cambios en la prevalencia del convenio de empresa y en la ultraactividad. “Pero ya no da tiempo”, reconoce a infoLibre el diputado del PDECaT Carles Campuzano. Así que el único camino que se le abre al Gobierno es aprobar esas medidas en los dos consejos de ministros que restan hasta el 5 de marzo para luego buscar su convalidación en la Diputación Permanente. En ese órgano están representados los grupos parlamentarios en la misma proporción que tienen en el Congreso. En esta legislatura la componen 60 miembros más los cinco diputados que integran la Mesa (presidenta, vicepresidentes y secretarias).

“Lo importante son los detalles”

Ni Campuzano ni el diputado del PNV Íñigo Barandiaran ni el de Unidos Podemos Alberto Rodríguez revelan si sus grupos apoyarán en la Diputación Permanente los cambios en la reforma laboral propuestos por el Gobierno. Como ocurre en el Pleno, en ese órgano el PSOE necesitará el respaldo de estos grupos, además de ERC, para sacar adelante sus iniciativas. PP y Ciudadanos ya han dejado claro que no apoyan cambios en la reforma de 2012cambios en la reforma de 2012. Los tres grupos coinciden en que aún no conocen el contenido final de la propuesta socialista. “Y lo importante son los detalles”, apunta el representante del PDECaT. “Si el texto final está en la línea más o menos de lo acordado hace unas semanas con el PSOE, lo apoyaremos, pero depende del contenido; si no, tendremos que estudiarlo”, explica. En cualquier caso, Campuzano precisa que están de acuerdo en equiparar las condiciones laborales de los trabajadores de las subcontratas, del registro de la jornadas y de devolver la prioridad aplicativa al convenio sectorial “en determinados supuestos”.

A su juicio, aprobar estos cambios en el Estatuto de los Trabajadores mediante real decreto-ley “deprisa y corriendo” no es la mejor idea. “Por eso planteamos que no convocara elecciones hasta octubre”, recuerda. Lo lógico, invita Campuzano, es que ahora el PSOE “busque apoyos”. El diputado del PDeCAT quita hierro a las presiones que la patronal ejerce sobre su formación para impedir que se cambie una coma de la reforma de 2012: “También nos presionan los sindicatos”. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ya advirtió en su día que si se deroga la reforma laboral, la economía española “perderá competitividad”.

También el PNV apoya el regreso a la “situación anterior a la reforma de 2012” y, en concreto, a “reestablecer la eficacia sectorial y territorial de los convenios colectivos”, indica Barandiaran. “Está habiendo cierto diálogo”, admite, “pero no terminan de facilitarnos la redacción definitiva de las modificaciones que pretenden acometer”, lamenta.

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Alberto Rodríguez asegura que Unidos Podemos apoya el recurso al real decreto-ley “para avanzar en derechos laborales”. “Hasta que se tumbaron los Presupuestos del Estado estábamos negociando con el Gobierno y los grupos parlamentarios modificar algunos de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, a través del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores [sobre subcontratación], y todo parecía indicar que podríamos llegar a un acuerdo”, aclara, “pero el contenido de lo pactado hasta la convocatoria electoral nos resultaba insuficiente”. Cuando trascendieron las conversaciones que el Gobierno mantenía al mismo tiempo con el PDeCAT, Unidos Podemos mostró su suspicacia ante la posibilidad de que Sánchez terminara suavizando los cambios iniciales para intentar ganarse el apoyo de los neoconvergentes, que en 2012 apoyaron la reforma del PP. Por ejemplo, limitar la prioridad del convenio sectorial sobre el de empresa a los salarios o la jornada pero excluyendo la clasificación profesional y la distribución de horarios. “Vamos a aprovechar cada minuto que le quede a la legislatura para aprobar demandas de la sociedad civil, y derogar las reformas laborales es una de ellas”, promete Rodríguez.

El acuerdo sobre las pensiones vuelve a atascarse

Entre las iniciativas que están casi maduras y con preacuerdos, la ministra Valerio citó las pensiones, sobre las que la Comisión del Pacto de Toledo lleva más de dos años debatiendo en el Congreso. Los sindicatos también le han pedido al Gobierno que derogue la reforma de las pensiones de 2013, aprobada en solitario por el PP. Pero cualquier medida al respecto está condicionada al resultado de los trabajos en el Pacto de Toledo. Carles Campuzano ve “complicado” alcanzar un acuerdo antes de que se disuelvan las Cortes, pese a que en diciembre consideraba factible pactar en febrero la revisión de la veintena de recomendaciones sobre el sistema público de pensiones. “Falta voluntad política por parte de algún grupo parlamentario”, advierte, en referencia al PP. Campuzano dice que su grupo sí está dispuesto a “hacerse la foto del acuerdo”, pero no así otros.