El Gobierno prepara una batería de medidas fiscales que rechazan la banca y las empresas

Banca y patronal no han tardado en mostrar su rechazo a los nuevos impuestos y la subida de otros ya existentes que ha anunciado el Gobierno durante la última semana. El aumento de la presión fiscal nunca ha levantado aplausos. Pero si el Ejecutivo quiere aumentar el gasto social y apuntalar los problemas de sostenibilidad del sistema público de pensiones sin perjudicar el déficit sólo le queda mover el otro extremo de la balanza y elevar los ingresos. No ya para este año, con los Presupuestos del Estado que elaboró el anterior Ejecutivo del PP recién aprobados, sino de cara a los del próximo ejercicio, que deben presentarse a la vuelta del verano.

Tanto los máximos responsables de BBVA, Bankia y Caixabank, como los presidentes de las patronales bancaria (AEB) y de las cajas de ahorro (CECA) advierten de las consecuencias de aplicar al sector un recargo sobre el impuesto de sociedades para pagar las pensiones. Una medida que tachan de “errónea” y “discriminatoria”. Todos ellos dejan claro que las entidades la trasladarán a los clientes, encareciendo el crédito, reduciendo la remuneración de los depósitos y subiendo las comisiones. Además, se resentirán sus márgenes, alertan, ya de por sí maltratados por los bajos tipos de interés, y peligrará su rentabilidad. Los nuevos tributos también tendrán “efectos colaterales” sobre el empleo y la inversión. Y ni siquiera solucionarán por sí solos los problemas de las pensiones, asegura el presidente de la AEB, José María Roldán.

“Restarán competitividad a las empresas”, ha protestado el presidente de la CEOE, Juan Rosell, a propósito no sólo del impuesto a la banca sino también del destope de la cotización máxima a la Seguridad Social, también pensada para mejorar los ingresos del sistema. “Castigan siempre a los que pagamos”, apuntó por su parte Antonio Garamendi, presidente de Cepyme, la patronal de las pequeñas empresas. También el Banco de España se ha unido a las voces discordantes, augurando el daño a la rentabilidad del sector financiero que supondría implantar “una figura sobre la que no se tiene experiencia”, aseguró el número dos del órgano supervisor, Javier Alonso.

Sólo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha rebajado la alarma. Su presidente, José Luis Escrivá, matizó que “no está claro” ese traslado de la subida impositiva a los clientes que se presiente. “Eso sólo ocurriría si el sistema financiero operase en régimen de monopolio”, explicó. De hecho, recordó, cuando el Banco de España obligó a los bancos a destinar parte de su beneficio a provisiones anticíclicas, en el año 2000, aparecieron los mismos temores, pero finalmente el crédito no se encareció.

Entre las grandes empresas, Telefónica ha reaccionado con prudencia. “Las reglas están hechas para impuestos de una vida analógica, no digital”, indicó su directora de Finanzas, Laura Abasolo, “y como desde nuestro punto de vista se están produciendo ciertas ineficiencias tributarias, lo que pueda ayudar la tasa Google a equilibrarlo no lo vemos con malos ojos”. El nuevo impuesto, que gravará a los gigantes tecnológicos, ya estaba en el catálogo de medidas del anterior Ejecutivo para pagar las pensiones. Telefónica, no obstante, apoya que el tributo se implante de forma coordinada con el resto de los países de la UE. En cambio, el operador telefónico sí rechaza el tipo mínimo del 15% en el impuesto de las sociedades para las mayores compañías que está diseñando el Gobierno. “Implicaría una pérdida de competitividad fiscal”, destacó Abasolo.

Baja presión fiscal, demasiadas deducciones

España es uno de los países de la Unión Europea con menor presión fiscal. Para este año alcanzará el 34,6% del PIB y para el próximo, según la previsión incluida en el Programa de Estabilidad que el anterior Ejecutivo envió a Bruselas en mayo pasado, será tres décimas mayor. La media de la zona euro era del 41,3% en 2016, de acuerdo con los datos de Eurostat, la oficina estadística de la UE. En Alemania alcanza el 40,4%, en Francia llega incluso al 47,6% y en Dinamarca y Bélgica es el 47,3% y el 46,8% respectivamente.

Por el contrario, España tiene unos tipos en el impuesto de sociedades por encima de la media comunitaria. Pese a las rebajas de los últimos años –del 30% al 28% en 2015 y hasta el 25% desde 2016–, siguen superando el 22,5% de la zona euro. Sin embargo, la recaudación es de las más bajas. Este año los Presupuestos prevén unos ingresos por este concepto de 24.258 millones de euros, poco más de la mitad de lo que la Agencia Tributaria recaudó en 2007, 44.823 millones de euros. Los beneficios de las empresas se han recuperado, tras hundirse durante la crisis, pero no así lo que Hacienda les cobra por ellos. Y el motivo son las deducciones, exenciones y bonificaciones que las sociedades pueden aplicar para rebajar su factura fiscal. Lo dice la OCDE. En su informe Apuesta por el crecimiento del pasado mes de marzo, el club de los 35 países más ricos del mundo recomienda a España que “elimine gradualmente las exenciones al impuesto sobre la renta, el impuesto de sociedades, el IVA y los impuestos medioambientales”. También le aconseja que aumente los tributos verdes, “entre otros, los aplicados a los carburantes destinados al transporte por carretera y el impuesto por litro de gasóleo, como mínimo al mismo nivel del impuesto con el que se grava la gasolina”. También aplaude la decisión del anterior Gobierno de ampliar la base imponible del impuesto de sociedades y de subir las tasas sobre el tabaco y el alcohol.

Por los llamados beneficios fiscales –el conjunto de las exenciones, deducciones y bonificaciones– el Estado dejará de recaudar este año un total de 34.825,11 millones de euros, tal y como está previsto en los Presupuestos Generales. Un 9,3% más que el ejercicio anterior. De esa cantidad, corresponden al impuesto de sociedades 3.453,44 millones de euros, nada menos que un 62,3% por encima de las ventajas fiscales concedidas en 2017.

De estas ventajas fiscales, la mayor parte corresponden a los ajustes en la base imponible –la cifra a la que finalmente se aplica el tipo del impuesto–, que incluyen los diferentes regímenes especiales de tributación –navieras, entidades sin fin de lucro– o los incentivos al mecenazgo. Pero también hay deducciones por contratar a discapacitados, por innovación tecnológica, por invertir en Canarias, por reinvertir beneficios extraordinarios, por donaciones… Sin olvidar los tipos reducidos de las cooperativas, las socimi –sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario– o las sociedades de inversión, por ejemplo.

Batería de novedades tributarias

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció esta semana que la intención del Gobierno es eliminar esa “arquitectura de deducciones” que reduce el tipo por el que realmente tributan las grandes empresas. De forma que quede garantizado que lo harán por un tipo mínimo del 15%, a partir del cual las compañías no podrán deducirse un euro más. Según dijo, ahora tributan a un tipo efectivo del 12%, es decir 13 puntos porcentuales por debajo del legal. No obstante, creará una nueva ventaja fiscal para las empresas que apliquen políticas de igualdad y promocionen a mujeres para puestos directivos, aunque no detalló la cuantía.

Otra de las novedades fiscales será un nuevo impuesto medioambiental del que sólo avanzó que gravará productos contaminantes, con intención “disuasoria” y no recaudatoria. Los Presupuestos de este año prevén unos ingresos por impuestos medioambientales directos de 1.808 millones de euros, así como de 4.504 millones más por el impuesto sobre los hidrocarburos. La ministra no precisó si ese nuevo gravamen consistirá en equiparar la fiscalidad del diésel a la de los motores de gasolina.

Nueva será también la tasa Google, cuya instauración es, además, un proyecto que la Unión Europea lleva ya tiempo preparando. Sin embargo, el déficit de la Seguridad Social apremió al anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a crear su propio impuesto sin esperar a Bruselas. María Jesús Montero quiere “empezar desde ya” a enviar proyectos de ley al Congreso, de forma que tanto el tributo a las grandes tecnológicas como el impuesto a la banca entren en vigor en 2019. “No se trata de subir los impuestos a los ciudadanos, sino de crear espacios fiscales nuevos para una sociedad del siglo XXI”, explicó en una entrevista en la Cadena Ser, “para dar respuesta a los retos de la globalización y la economía colaborativa, y para contar con los nuevos nichos de actividad, que a veces hacen competencia desleal a sectores tradicionales y que tienen que contribuir en mayor medida a la redistribución de la renta”.

Sobre el impuesto a la banca la ministra aún no ha revelado su diseño. Pero, ateniéndose a la propuesta que hizo el PSOE cuando estaba en la oposición, la idea es aplicar un recargo del 8% en el impuesto de sociedades de los bancos. En principio, se trata de copiar el Banking Corporation Tax Surcharge que el Reino Unido estableció en 2015 y grava el 8% de la base imponible de los bancos que tengan beneficios. El Gobierno conservador de David Cameron lo planteó como la “justa contribución” que las entidades financieras “deben seguir haciendo respecto a los riesgos potenciales que suponen para el sistema financiero del Reino Unido y el resto de la economía”. Según la agencia Bloomberg, el Gobierno británico tiene previsto recaudar 9.000 millones de libras –10.210 millones de euros– hasta 2022 por este concepto. Aquí, los cálculos del PSOE en su día cifraban los ingresos en 860 millones de euros.

Los socialistas también prometieron implantar un impuesto sobre las transacciones financieras, que la UE lleva desde 2011 intentando aprobar sin éxito. El proyecto europeo, que contaba con el apoyo del anterior Ejecutivo, se plantea como una tasa del 0,1% sobre el valor de cada acción y del 0,01% sobre los derivados; es decir, una cuota pequeña que grava una base imponible muy grande. En este punto España tampoco sería muy original. Países como Francia, Bélgica, Grecia, Finlandia, Irlanda, Polonia, Reino Unido y Suiza cuentan ya con impuestos sobre diferentes tipos de transacciones de valores.

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Las necesidades presupuestarias también afectarán a las cotizaciones sociales. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, se ha mostrado a favor de destopar la cotización máxima, que actualmente asciende a 3.751,2 euros mensuales. Es una de las medidas que discuten los grupos parlamentarios en la Comisión del Pacto de Toledo para aumentar los ingresos de la Seguridad Social y asegurar la sostenibilidad de las pensiones. Aún no se sabe en qué cuantía y con qué plazos se elevará ese tope por encima del cual no se cotiza. Ni en qué cuantía se limitará la pensión máxima a la que da derecho esa cotización. “Hay que hacerlo con mucho cuidado”, fue la única pista que dio el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, esta semana. Cerca de 1,6 millones de trabajadores cotizan por ese máximo. La medida tampoco es nueva. Ya en 2013 y 2014, el Gobierno de Mariano Rajoy aumentó la cuota máxima un 5% cada ejercicio.

En cualquier caso, la decisión está supeditada igualmente al acuerdo que debe alcanzarse en el Pacto de Toledo, donde el destope contará con el apoyo de Podemos pero no así con el de PP, Ciudadanos y PDECat.

Además, cambiarán las cotizaciones de los autónomos. Valerio plantea que los trabajadores por cuenta propia paguen a la Seguridad Social según los ingresos que perciban, y no como ahora, cuando hay algunos que “sobrecotizan” y otros que lo hacen muy por debajo de lo que cobran. Para ello, también está a la espera de que los grupos lleguen a un acuerdo en la subcomisión del Congreso que estudia la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).