La indemnización pública prevista por el despido de estibadores de empresas privadas supera los 300 millones

El Gobierno prevé un gasto público de más de 300 millones de euros para pagar las indemnizaciones por los despidos que las empresas portuarias necesiten hacer para adaptarse a la liberalización de la actividad de carga y descarga. Con la redacción actual del decreto, que está en negociación porque el PP no tiene garantizados los apoyos para sacarlo adelante en el Parlamento y porque los estibadores habían amenazado con una huelga, el dinero no saldrá de las empresas que realicen los despidos, sino de los puertos del Estado.

El decreto con el que el Ministerio de Fomento pretende adaptar la normativa española a la europea, que ha ocasionado un conflicto con los estibadores, prevé una crisis laboral que supondrá numerosos despidos de trabajadores de empresas privadas que operan en los puertos, como paso previo a la apertura del sector a nuevas compañías con empleados peor pagados. Para que las empresas que ahora cargan con plantillas con salarios altos se adapten a este escenario y compitan con las que se vayan incorporando más ligeras de costes laborales, el Gobierno planea el pago con dinero público de las indemnizaciones por despido de los trabajadores, según se recoge en el borrador de decreto.

Los costes los tendrán que asumir los puertos públicos del Estado. ¿Cuánto dinero supondrá? Según un portavoz oficial de Puertos del Estado, organismo público dependiente del Ministerio de Fomento, serán "entre 300 y 350 millones de euros", una estimación alcanzada sobre la base del número de trabajadores de la estiba y su antigüedad.

Puertos del Estado reúne a casi una treintena de autoridades portuarias, que gestionan un total de 46 puertos: de A Coruña a Algeciras, de Alicante a Santander. Unos son autosuficientes económicamente, a través de los impuestos que cobran a las empresas que trabajan en sus instalaciones, y otros no consiguen esta autonomía financiera. Todos están obligados por ley a buscar la rentabilidad, aunque no siempre la alcanzan. Existe un fondo de compensación interportuario para compensar a los puertos que no logran cuadrar sus cuentas. Puertos del Estado no sabe cómo se concretará la indemnización que pretende el Gobierno: si cada puerto asumirá los despidos de las empresas que operan en sus puertos o se hará de forma global. No está especificado en el borrador de decreto. "El 60% o más de los estibadores se concentran en puertos que tienen cash flow siempre positivo, como Algeciras, Barcelona o Valencia", apunta un portavoz del organismo público.

Mientras en la gran mayoría de los puertos reina estos días la discreción en las declaraciones públicas, en algunos casos se ha alzado la voz contra esta indemnización pública. El presidente del puerto de Algeciras, Manuel Morón, declaró el 3 de febrero que "sería sangrante" que las autoridades portuarias tuvieran que asumir estas indemnizaciones, según publicó Europa Sur. Este jueves el PNV se posicionó contra esta medida. También lo hizo el diputado de Podemos Sergio Pascual a través de su cuenta de Twitter. Pascual recordó que la sentencia europea que ha provocado el decreto del Gobierno no establece "despidos con dinero público".

Unos 6.500 estibadores

La carga, descarga y manipulación de mercancías está actualmente controlada por las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios, las Sagep, que seleccionan, forman y asignan a los trabajadores a las empresas que operan en los puertos. Estas empresas, que son las propias accionistas de las Sagep y cuyos clientes son las navieras, no tienen otra forma de contratar a un trabajador. Tienen que acudir a las Sagep, que están amparadas por la ley española de puertos. Actualmente hay en España unos 6.500 estibadores que trabajan a través de las Sagep unos 6.500 estibadoresen las empresas privadas que operan por concesión en los puertos.

El principio del fin del sistema de las Sagep comenzó en diciembre de 2014, cuando el Tribunal de Justicia de la UE estableció en una sentencia que España estaba incumpliendo el Tratado de Funcionamiento de la UE, al poner límites a la libertad de establecimiento de las empresas. Ahora el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna (PP), ha puesto sobre la mesa un decreto para adaptar la normativa española a la europea. Según De la Serna, su aprobación es urgente porque España ya ha sido condenada a una multa de 21,5 millones y, a partir del mes de marzo, esta sanción se ampliará en 134.100 euros al día. El decreto ha puesto en pie de guerra a los estibadores, que ven peligrar sus condiciones de trabajo, fijadas en un acuerdo marco y concretadas en convenios pactados con el sindicato mayoritario, la Coordinadora de Trabajadores del Mar. En este decreto se establece que sean las arcas públicas las que asuman el coste de los despidos.

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La norma introduce en la práctica una ayuda pública a un sector privado. Con la liberalización entrarán en los puertos nuevos operadores que empezarán a trabajar con plantillas peor pagadas, lo que les ofrece una ventaja competitiva sobre las sociedades estibadoras ya instaladas. Para eliminar esta desigualdad, el Gobierno recoge en el decreto que los despidos los paguen las autoridades portuarias, de carácter público. "La administración portuaria asumirá obligatoriamente los pasivos laborales generados con anterioridad al 11 de diciembre de 2014, fecha de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea", recoge el decreto. Esta medida se introduce "con el propósito de igualar la situación competitiva de los operadores privados ya establecidos con los que se incorporen ex novo a la prestación de este servicio", señala el texto, que permite a las empresas acogerse a despidos colectivos.

La extinción de los contratos laborales de trabajadores portuarios, excepto de los que se jubilen en los próximos tres años, "dará derecho a una indemnización de cuantía equivalente a la prevista para la extinción del contrato por causas objetivas, que será asumida como obligación ex lege por la autoridad portuaria competente en el ámbito geográfico de la Sagep de que se trate". El decreto establece que los importes serán "desembolsados por la autoridad portuaria para cada uno de dichos trabajadores al empleador de los mismos en el momento de la extinción contractual", añade el texto. De ese modo el pago no se realiza a los trabajadores, sino a las empresas, que también podrán elegir cobrar el dinero para aminorar su deuda de tasas portuarias.

El decreto ha abierto un conflicto que enfrenta al Gobierno, que tiene de su parte a la patronal de estibadoras (Anesco, con 246 empresas), con los trabajadores y sus representantes sindicales. Durante el conflicto el foco se ha puesto fundamentalmente en las condiciones de trabajo de los estibadores, que con las horas extra y los pluses de penosidad, nocturnidad, toxicidad y peligrosidad perciben salarios muy por encima de la media española.