La multa histórica a las aerolíneas, primer eslabón de una cadena de sanciones en las que trabaja Consumo

Multa histórica a compañías aéreas de bajo coste por prácticas consideradas abusivas como cobrar a los pasajeros por llevar equipaje de mano, la selección de asiento cuando se acompaña a una persona dependiente, con alguna discapacidad o a menores, e imprimir las tarjetas de embarque. El Ministerio de Consumo, además de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha impuesto más de 150 millones de euros de sanción en concreto a cuatro aerolíneas: Ryanair, Volotea, Vueling y EasyJet, como ha adelantado la cadena SER. La primera, que fue la que empezó a cobrar por el equipaje de cabina, en noviembre de 2028, ha recibido la mayor multa. Tras ella se ha situado Vueling, a la que le siguen a mayor distancia, EasyJet y Volotea, según han explicado desde la organización Facua-Consumidores en Acción, que interpuso la primera denuncia ligada al pago por el equipaje en cabina ante el ministerio en octubre de 2021.

Ha concluido así el expediente que abrió Consumo en junio de 2023 para investigar si estas prácticas de las compañías eran abusivas o desleales y si contravenían, de manera generalizada, la normativa vigente. No obstante, las afectadas ya han hecho público que recurrirán ante el departamento de Consumo que capitanea Pablo Bustinduy, al defender que cumplen la normativa europea. Aunque el Tribunal de Justicia de la UE fijó, en un proceso vinculado a Vueling, que, en particular los bultos de mano, no pueden "ser objeto de un suplemento de precio", cuando respondan a unas "exigencias razonables de peso y dimensiones".

Si al final el ministerio sigue adelante con las sanciones y las convierte en firmes, a las compañías señaladas aún les quedará la vía judicial. Es decir, seguirán cobrando un cargo extra por estos servicios hasta que un juzgado diga lo contrario. Por el momento, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), a la que pertenecen las cuatro compañías sancionadas, Javier Gándara, ha aseverado que “no habrá ningún cambio en la política comercial" de éstas.

Pero lo sucedido tiene relevancia. “Hoy es un día para poner en valor la existencia de un Ministerio de Consumo” que “tenga potestad sancionadora”, ha defendido en su perfil de la red social X -antes Twitter- Rubén Sánchez, secretario general de Facua. Y es que se trata de las primeras multas con las que la autoridad de Consumo del Gobierno de España ha gravado a empresas de envergadura desde que asumió esa potestad en mayo de 2022. Para poder llegar ahí hubo que modificar la ley general para la defensa de los consumidores, lo que se hizo en la etapa del anterior titular del ministerio, Alberto Garzón, dado que era una competencia exclusiva de las administraciones del ramo de autonomías y municipios.

"Ryanair y Vueling sobre todo han ingresado muchísimos millones con el cobro del equipaje de mano. Seguro que la multa es inferior al beneficio ilícito, pero los 150 millones de hoy no es a lo que estamos acostumbrados", mantiene Sánchez. De ahí que crea que la actuación del Gobierno "marca un punto de inflexión a nivel político" en el país, "en cuanto a la protección de los consumidores frente a fraudes masivos". Y lo piensa porque, "lamentablemente, desde que en el año 84 la ley otorgara a las comunidades autónomas potestad para poner sanciones, nunca han sido realmente contundentes con las grandes empresas". "A las pequeñas -matiza- sí les han podido imponer cantidades que proporcionalmente a su volumen de negocio o a sus beneficios fueran significativas. Pero a una macroempresa, la más alta hasta hoy era de 3,5 millones y fue de la Junta de Andalucía a Unicaja, tras una actuación de Facua. Pero sólo estimaron el beneficio ilícito por unos cuantos consumidores que también denunciaron, no hicieron un cálculo global de todas las hipotecas vendidas en Andalucía con cláusulas suelo y salió esa cifra de vergüenza", critica.

La segunda cuantía más alta se la impuso "la Comunidad de Madrid a Movistar, una de las tres compañías a las que multó por el redondeado al alza, cuando cobraban el primer minuto de cada conversación telefónica completo, aunque durase menos. Fue de algo más de 2 millones. Dinero que Movistar recaudaba en unas horas con el redondeo", recuerda. Y añade: "Han sido sanciones de broma y se estaba trasladando desde las comunidades casi la idea de que se podía robar lo que quisieran, ya que iban a pagar un pequeño peaje". Desde esa convicción insiste en que "los 150 millones" constituyen "un cambio radical".

Es previsible, asimismo, que no sean las únicas sanciones que se comuniquen por la vía de Consumo. Facua ha denunciado más incumplimientos de normativa y su secretario general anota a Infolibre que "ya hay otros expedientes sancionadores abiertos" asociados a entidades de crédito, o a la organizadora del Reggaeton Beach Festival, un macroevento de reguetón que se celebra en once ciudades españolas en el que, entre otras cuestiones, se impide el acceso a los recintos con comida y bebida del exterior o pagar en efectivo dentro. A ellos se suman otros ligados a aerolíneas por temas como "no facilitar de forma clara un teléfono gratuito de atención al consumidor". Punto en el que se ha podido actuar, de nuevo gracias a que en la época de Garzón a los mandos de la cartera "se reformó la ley general de defensa de consumidores para obligar a las empresas de servicios básicos de interés general a dar esos números gratuitos", resume Sánchez. "Hay sectores donde se incumple, uno de ellos el aéreo", avisa, para apuntar que Facua "ha denunciado a cientos de empresas" por no proporcionarlos de forma transparente. 

Junto a lo expuesto, une que el ministerio "está haciendo un seguimiento bastante potente de prácticas ilícitas llevadas a cabo por los denominados influencers" relacionadas con asuntos como el que "hagan ver que su mensaje es una valoración real y espontánea de un producto, cuando en realidad es publicidad pagada, encubierta", afea.

A juicio de la organización que ha impulsado muchas de esas reclamaciones, el departamento de Bustinduy "se puede enfrentar a miles de casos a nivel sancionador por los abusos que sufren los consumidores". Si bien, consideran que se deberían priorizar tres sectores: los “reyes del fraude”. Aluden a "la banca, las telecomunicaciones y la energía", además del aéreo, "al que ya están atacando". "Se hacen ofertas de publicidad engañosa, que algunas podrían ser denunciables, y hay elementos de cláusulas o prácticas abusivas como determinados tipos de contratos de permanencia, penalizaciones, cobros de servicios no solicitados y que te cuelan en el contrato… en el ámbito de las telecos o la energía", indica. Y respecto al bancario señala que "también hay cláusulas abusivas que pueden ser sancionables por falta de transparencia en los contratos, por ejemplo, en relación a los tipos de interés usureros que se aplican y a lo que se vende a los consumidores de forma opaca, no tanto la gran banca, como las entidades de crédito que se anuncian por internet", advierte.

Por lo expuesto, Sánchez no duda de que la hilera de sanciones continuará, si bien augura que no serán cuantías tan elevadas como los 150 millones ni serán muy rápidas. ¿El motivo? "Si el ministerio tuviera medios, tendría abiertos cientos de expedientes sancionadores más. El gran problema es que cuenta con una plantilla muy reducida y necesita inspectores", afirma. Y lanza para cerrar otra idea: "Consumo sirve para recaudar ante grandes robos a los consumidores, al igual que el Hacienda cuando detecta a los infractores".