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LA CARA SUCIA DEL FÚTBOL

Rui Pinto, el 'hacker' de Football Leaks, se libra de la cárcel pese a ser condenado a cuatro años

Rui Pinto, el alertador que filtró los documentos de Football Leaks.

Miguel Prado (Expresso)

Rui Pinto, el informante de Football Leaks, la filtración que desnudó la cara sucia del fútbol europeo, ha sido condenado este lunes en Portugal a cuatro años de prisión, con suspensión de la pena, por lo que no irá a la cárcel. La jueza Margarida Alves lo ha encontrado culpable de un delito de extorsión en grado de tentativa, tres delitos de violación de correspondencia agravada y cinco delitos de acceso ilegítimo. El resto de los cargos que le imputaba el Ministerio Fiscal han quedado retirados en virtud de la amnistía concedida gracias a la Jornada Mundial de la Juventud, y también por falta de pruebas.

Además de la condena suspendida, Rui Pinto tendrá que pagar una indemnización al fondo Doyen de 3.000 euros y a los abogados que del despacho PLMJ. João Medeiros 15.000 euros más, mientras que otros dos abogados tendrán derecho a 2.039 euros cada uno. También ha sido condenado el abogado Aníbal Pinto, en su caso a dos años de prisión igualmente con suspensión de pena. Y tendrá que compensar a Doyen con 2.500 euros.

En su sentencia, la jueza destaca que Rui Pinto tenía a su favor la edad cuando cometió los hechos, su falta de antecedentes penales, el arrepentimiento que expresó durante el juicio y el hecho de que pusiera a disposición de un consorcio de periodistas, la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenecen tanto Expresso como infoLibre, los documentos que dieron lugar a investigaciones de interés público.

Fueron más de 70 millones de documentos sobre la industria del fútbol que Pinto compartió desde 2016 con Der Spiegel. Tras analizarlos la revista alemana junto con sus socios de EIC, esos documentos sirvieron para elaborar más de 1.000 artículos, muchos de los cuales dieron lugar a procedimientos judiciales. En España, las revelaciones sobre las operativas fiscales de Cristiano Ronaldo y José Mourinho llevaron a su procesamiento y condena por defraudar a Hacienda millones de euros a lo largo de los años. También desvelaron las operaciones opacas de la Fundación Leo Messi con el Barça. En 2018, una nueva serie de revelaciones puso al descubierto los secretos del Manchester City, el París Saint-Germain y la UEFA, entre otras organizaciones.

En la lectura de la sentencia del caso Football Leaks, la jueza explicó que “no era creíble” la alegación de Rui Pinto de que los correos electrónicos enviados al consejero delegado de Doyen, Nélio Lucas, proponiendo el pago de entre 500.000 y un millón de euros para detener las publicaciones, eran sólo una provocación, ya que no esperaba que el gerente de Doyen contestara en absoluto. “El acusado sabía claramente que Nélio Lucas iba a responderle”, zanjó Margarida Alves.

La jueza subraya también que Rui Pinto actuó solo y que, en octubre de 2015, era el único poseedor de la información extraída de Doyen y de otras entidades. “No sólo era el cerebro del proyecto Football Leaks, sino que además era la única persona que tenía acceso a la información y a los archivos en ese momento”, señala. El hacker portugués siempre adujo que la extracción de los documentos había sido fruto de un trabajo colectivo, ejecutado por un grupo de personas del que él sólo era uno más. Pero Margarida Alves concluye que el argumento de Rui Pinto de que había otras personas en posesión de los archivos tampoco es creíble y que, si hubiera actuado solo, no habría podido decidir y controlar las conversaciones con Nélio Lucas.

“Nadie pide dinero a cambio de información si no la posee en exclusiva”, apunta la jueza. “Era únicamente el acusado Rui Pinto quien la tenía y gestionaba”, remató.

Consciente de la ilegalidad de su comportamiento

En cuanto al abogado Aníbal Pinto, la jueza señala que estaba “meridianamente claro” que acudió a la reunión de octubre de 2015 con Nélio Lucas –entonces bajo vigilancia de la policía judicial– “consciente del plan de Rui Pinto” de pedir dinero al fondo Doyen para dejar de publicar Football Leaks. “Ha quedado probado que los dos acusados se propusieron extorsionar al asistente de Doyen”, concluyó Margarida Alves.

La sentencia también responsabiliza a Rui Pinto de las publicaciones en el blog Mercado de Benfica. “Fue con la detención del acusado cuando cesaron todas las publicaciones en Football Leaks y Mercado del Benfica. ¿Es creíble que si el acusado hubiera actuado en grupo las publicaciones no habrían continuado?”, se preguntó la jueza.

A su juicio, “todo el plan [para extorsionar a Doyen] se llevó a cabo”, sólo que “no tuvo el resultado deseado por razones ajenas a su voluntad”; es decir, porque Doyen no pagó la cantidad propuesta por Rui Pinto y negociada por Aníbal Pinto. “Los acusados eran perfectamente conscientes de la ilegalidad de su comportamiento”, señala también Margarida Alves.

La sentencia condena también a Rui Pinto por cinco delitos de acceso ilegítimo, pero le absuelve de un sexto delito de este tipo, porque no se probó que hubiera accedido a la plataforma Score, de la Federación Portuguesa de Fútbol.

“La verdad no es un valor absoluto

La jueza tampoco duda en calificar de “inconcebible” prever una “disminución de la culpabilidad” asociada al “supuesto interés público” de las publicaciones de Football Leaks. “El derecho al secreto [de las comunicaciones] prevalece sobre el derecho a la libertad de expresión. Si no está bien para el Estado, mucho menos lo está para cualquier ciudadano”, dijo, señalando que el hacker también actuó por interés personal, chantajeando a Doyen. “En un Estado de Derecho, nadie puede estar por encima de la ley y le debe obediencia. No todo vale y nunca puede valer todo. La verdad no es un valor absoluto y no tiene por qué ser investigada a cualquier precio”, fue el argumento, seguramente polémico, expuesto por Margarida Alves.

Sobre los 68 delitos de acceso indebido a decenas de buzones de correo electrónico, la jueza señaló que este acceso se produjo en los sistemas de cinco entidades, entre ellas el fondo Doyen, el club Sporting de Lisboa y el despacho de abogados PLMJ. Y dictamina que debe ser absuelto de estos delitos en su versión agravada, beneficiándose de la amnistía por la visita del papa en la Jornada Mundial de la Juventud. La misma amnistía se aplica al delito de hurto simple de correspondencia. Sin embargo, se dictará una sentencia condenatoria por la violación de la correspondencia de los abogados de PLMJ, cuyos correos electrónicos fueron publicados en el blog Mercado del Benfica.

“Sigue siendo un testigo protegido”

“Aunque Rui Pinto ha sido condenado, es un alivio que no se accediera a la petición de la fiscalía de sentenciarle a varios años de prisión”, ha declarado el abogado del informante portugués, William Bourdon, a EIC. El letrado aún no ha decidido si recurrirá la sentencia. “Lamentamos que el tribunal no haya atenuado su responsabilidad penal teniendo en cuenta el gran interés público de sus revelaciones”, ha explicado, “sin embargo, ha reconocido en su sentencia la contribución de Rui Pinto a la defensa del interés público, y es probable que esto influyera en el hecho de que no haya impuesto una pena privativa de libertad, al igual que el hecho de que Rui Pinto reconociera sus errores y aceptara sus responsabilidades”.

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En un comunicado, Bourdon y los otros dos abogados que han defendido a Rui Pinto –Francisco Teixeira da Mota y Luisa Texeira da Mota– han elogiado la “independencia” del tribunal y que haya tenido en cuenta todas las explicaciones dadas por el portugués durante el juicio, además de los testimonios “muy convincentes”, recalcan, “de testigos eminentes”, confirmando el hecho de que es “uno de los mayores denunciantes [de corrupción] de los últimos años en Europa”.

Los abogados recuerdan, además, que Pinto “sigue siendo un testigo protegido”, debido a las amenazas que sufre, y “objeto de un insoportable acoso judicial ilustrado por las permanentes iniciativas legales emprendidas por los mayores clubes de fútbol de Portugal. Según destacan, ese acoso constituye “una prueba evidente de que existe en Portugal una comunidad de intereses que desea criminalizarlo ad vitam aeternam”.

Por ese motivo, no descartan recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para poner fin a esa “persecución judicial, que lesiona gravemente los principios fundamentales de un juicio justo”.

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